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En el mes de abril del corriente, cuando cursaba su primer año del secundario, y luego de dos suspensiones de anterior data, la escuela industrial a la cual asistía lo suspendió (el término expulsión ya no se usa) por tiempo indeterminado debido a la alta conflictividad, amenazas de
muerte a sus maestros, violencia con sus compañeritos, rotura de elementos escolares, etc.
En un informe de más 40 fojas, el establecimiento educacional ha informado, tanto al juez interviniente como al suscripto, de estos hechos. Debido a una separación conflictiva con la madre de mis hijos, Lidia Fitte, quien me ha impedido el vínculo con mis dos hijos por más de 7
años aludiendo falsas denuncias, no he logrado, pese a mis esfuerzos legales, que los jueces pongan fin a este calvario por el que estamos atravesando mi hijo y yo.
Diversos jueces por los que ha atravesado la causa a saber: el juez Lucas Aon, la jueza Ana M. Pérez Catón o las diversas Asesorías de Menores —la Nº 7 a cargo de la Dra. Paladín, y la Nº 6 a cargo de la Dra. Verrastro de González— no se han hecho eco de ninguno de mis pedidos realizados en tiempo y forma a lo largo del corriente año, siendo que quiero hacerme cargo de su educación y crianza.
Recientemente, los medios de comunicación nos han informado que un niño mató a otro en la localidad de Corrientes (ARG). Mi hijo se encuentra deambulando por la calle, seducido por la  experiencia de la vida callejera sin el control de un adulto responsable, en vez de estar estudiando como cualquier otro niño. Pregunto: ¿qué funcionario público se va a hacer responsable cuando, en vez de informes escolares aparezcan informes policiales de mayor gravedad?
Desesperado acudo a los medios para prevenir males mayores.
Muchas gracias,

Héctor Alejandro Baima
D.N.I. 13.296.726