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Gran parte de la disminución del gasto en el primer cuatrimestre se debe a lo que sucedió con el gasto en infraestructura, una de las banderas que este gobierno instaló en el mapa de su política económica. La inversión real directa mantuvo la misma dinámica que en los primeros meses de 2007, pero las transferencias a las provincias y municipios para obras públicas crecieron sólo un 9,1%, contra un 36,3% del año anterior.
Casi toda la mejora que mostró el superávit fiscal primario en los primeros meses del año se logró gracias al aumento de la presión impositiva (por el aumento en las retenciones a los granos y sus derivados, y la eliminación de exenciones que regían para la minería) y, en menor medida, al menor incremento de la inversión en infraestructura.
Por estos días, habiendo transcurrido la crisis interna con el sector del campo, sumado a la crisis externa que llegó como un tsunami a todas las costas del orbe (para algunos con más fuerza que para otros), la postura del Gobierno parece haber cambiado en lo que a inversiones se refiere.
El Ministro de Planificación, Julio de Vido, dijo hace unos días frente a empresarios locales que el programa de obras públicas para el próximo año será "muy agresivo" y buscará "reforzar el nivel de actividad de económica y empleo".
El plan supondría desembolsos de entre 1.500 y 3.500 millones de pesos y se financiaría con fondos del presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas, que serían reasignados hacia proyectos que requieran mayor mano de obra para incentivar el empleo.
Lo más probable es que, dada la situación global, nuestro país deje atrás el próximo año los ritmos de crecimiento a "tasas chinas" de los últimos ejercicios, arrastrado por la crisis financiera desatada en Estados Unidos y por las debilidades de nuestra economía local.
El Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, aseguró en el Senado a comienzos de semana que su área tiene un presupuesto de $21 mil millones para el año próximo, en vistas a asegurar el mantenimiento de la actividad y la ocupación y sostener el nivel de utilización de insumos que genera la obra pública.
Durante la reunión el funcionario manifestó que la Argentina es un país tremendamente desigual a nivel social y territorial, por lo que la inversión puede direccionar la obra pública donde más se la necesita. Aseguró que del 2003 en adelante pusimos en marcha 12 mil obras, de las cuales 8 mil están terminadas y 4.308 están para terminar en el presupuesto venidero.
En lo que respecta a materia vial hay un presupuesto de $6.684 millones, y el Secretario informó que hay 450 obras en ejecución y que tienen una intervención en 30 mil kilómetros de la red vial nacional, que se suman a los 20 mil kilómetros que están concesionados por peajes. Se espera terminar el último tramo de la ruta 9, para facilitar el tráfico desde Córdoba con Buenos Aires, y se trabaja en obras para la ruta 3, que llega hasta Tierra del Fuego, y el corredor de la ruta 7 entre Junín con el Cristo Redentor, en Mendoza.
En el tema de las viviendas, López afirmó que el déficit cualitativo es tres veces superior al cuantitativo y señaló que se van a iniciar 39.600 viviendas y 30 mil mejoramientos.
Hacen falta obras de agua y saneamiento, que se continuarán con las obras de la planta de líquidos cloacales en Berazategui y el saneamiento del Riachuelo. Se espera que durante el próximo año se terminen 150 edificios que restan del Plan 700 Escuelas, y lanzar otras mil más en tres etapas; mientras que para las universidades públicas se presupuestaron 98 obras.
Con respecto a las inversiones privadas el panorama no estaba tan mal hasta hace unas semanas. En general, se traduce en muchas pequeñas inversiones. Hoy no se encuentra fácilmente a alguien que esté haciendo una nueva planta industrial, pero sí al empresario que compra una máquina. La inversión extranjera directa es lo que falta, y dadas las circunstancias internacionales como están, no creo que las cosas mejoren demasiado.
Realmente está faltando. La inversión extranjera directa está por debajo de los años ‘90. Se ha mantenido en torno de los U$S 4.000 millones. Por debajo de Chile, con U$S 7.000 millones. Y más por debajo de Brasil, que el año pasado ha tenido U$S 70.000, aunque este año es probable que sea mucho menor, de alrededor de U$S 20.000. Perú, por ejemplo, está como la Argentina, U$S 5.000. Da la sensación que nuestro país está atrasado en este aspecto.
La crisis financiera encuentra a Argentina en el sexto año de un ciclo con expansión y ahorro fiscal primario, algo inédito en la historia del país, con reservas monetarias por casi 50.000 millones de dólares y tasas de empleo muy diferentes a la hecatombe de 2001-2002. Pero estos indicadores no garantizan inmunidad.
El problema que tiene el Gobierno no es con el superávit fiscal, sino con el financiamiento de la deuda. Este año y el que viene hay vencimientos muy grandes de la deuda. El Gobierno está obligado a recomprarla, y no será fácil.
Se puede ver para adelante, como consecuencia de esta crisis, una desaceleración del crecimiento. Lo que no implica que Argentina vaya a entrar en una catástrofe. El Ministro de Economía, Carlos Fernández, dejó entrever la preocupación de los países emergentes por menores tasas de expansión tras la desaceleración o incluso la recesión en las economías desarrolladas.
El proyecto de Presupuesto prevé un crecimiento del 4% para 2009, mientras economistas privados consultados mensualmente por el Banco Central apuntan a un 5,5%.
Pero lo que más preocupa por el lado de Balcarce 50 es la volatilidad de los precios de las materias primas, en especial la soja, uno de los principales componente de las exportaciones del país. El precio del producto estrella de Argentina cayó casi un 30% desde el pico de 610 dólares por tonelada de julio último, y los analistas coinciden en que seguirá depreciándose.
Esto afectará al superávit comercial y a los ingresos fiscales derivados de los impuestos a las exportaciones de granos, lo que obligará al Gobierno a morigerar el crecimiento en el gasto público y aumentar la recaudación de otros impuestos. La meta, según el propio Gobierno, es obtener en 2009 un saldo fiscal primario positivo equivalente al 3,27% del Producto Interior Bruto. Veremos.