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Dostoievski estudió la carrera militar en la Escuela de Ingeniería de Moscú, pero en 1844 abandonó el ejército para dedicarse a la literatura. A los pocos años fue acusado de defender y querer mejorar a los campesinos. Los tribunales rusos lo condenaron a muerte, pero la pena se le conmutó por cuatro años de trabajos forzados en Siberia.
Sus penurias en las estepas rusas y su visión subjetiva y apasionada lo llevaron a escribir su primer libro, Las pobres gentes, y luego vinieron tumultuosamente otros hasta llegar a su obra maestra, Los hermanos Karamazov, pasando por Crimen y castigo.
Supo ahondar genialmente en el análisis psicológico de sus personajes y pintó con mano maestra un mundo de gente humilde y desgraciada, dominada por la pobreza, el vicio, el crimen y la locura, e impregnó su literatura de simpatía hacia las miserias humanas.
El poeta ruso pareció estar presente en el juicio oral y público a Néstor Ramos (28 años) y Evangelina del Valle Algarbe (24 años) por el asesinato de su hija Abigail Ramos, más conocida como Lucero o “Mica", ocurrido el 21 de abril de 2006.
El Tribunal Oral 3, integrado por los jueces Hugo Trogu, Eduardo Alemano y Alfredo Deleonardis, se encontró con la encrucijada que les presentó su vida de jueces, al tener que aplicar el castigo a un crimen claro y dramático. La sentencia se conocerá mañana, lunes 2 de julio.
Lucero, con sus escasos dos años, iluminó a varios hogares marplatenses que trataron de ayudarla a crecer. Fue abandonada al nacer, el 19 de diciembre de 2003, en el Hospital Materno Infantil, y quedó, desde su primer día de vida, a disposición de la jueza de menores Silvina Darmandrail.
La red cristiana Hogares de Belén la bautizó nuevamente como Lucero, y la protegió en distintos hogares hasta diciembre del 2005, fecha en que la Cámara Civil de Mar del Plata, con la firma de los fríos y superficiales jueces José Manuel Cazeaux, Horacio Font y Juan J. Azpelicueta la envió a morir, con sólo un año y medio de vida, al hogar paterno de Guanahani al 4100.
Los jueces de Cámara —que si Dostoievski viviera los incluiría en alguna de sus obras— llevarán sobre sí la responsabilidad de haber dictado una sentencia absurda y arbitraria en la que, sin siquiera estudiar la realidad de la vida de Lucero y sin escuchar a la jueza Darmandrail, que se oponía a enviar a la pequeña la muerte, revocaron su decisión. No será suficiente la renuncia posterior a su cargo del camarista José Manuel Cazeaux y su retiro de la magistratura, ya que al mejor estilo de Crimen y castigo, seguramente la imagen de Lucero lo acompañará muchos años.
Mariana Ordoqui de Ávalos, una verdadera madre y además coordinadora de Hogares de Belén, retiró a la pequeña del Hospital Materno Infantil y dirigió su entrega a la familia Ardiles - Patti, que integra esa red, quienes la cuidaron entre enero y octubre de 2004.
Esa primera familia perdió el cuidado de Lucero a los seis meses, porque así son las normas, y cometieron el “pecado" de querer adoptarla. Lucero, con escasos seis meses de edad, fue trasladada a un nuevo hogar, y quedó a cargo de la familia del contador Daniel González, otro integrante de la red solidaria, quien la tuvo en su hogar entre octubre y diciembre de 2004.
Lucero vivió luego con la familia Ordoqui Ávalos entre la Navidad de 2004 y abril de 2005. A partir de allí la beba estuvo al cuidado de otro hogar de Belén, el de la familia de Patricia Privitello, la que finalmente tuvo que reintegrar a Lucero a sus padres por disposición de los jueces Cazeaux, Font y Azpelicueta, que nunca la conocieron, que ni siquiera entrevistaron a los padres, y la enviaron a morir, quitándosela a quienes la protegían y cuidaban, y desoyendo el consejo de la psicóloga oficial Beatriz Malbrán, de la jueza Darmandrail, y de la perito médico Palmieri, que entre otros se negaban a que ello pasara.

Un fiscal general sin poder

Cada vez hay más delitos. Cada vez hay más víctimas. Según dicen Arslanian y el propio jefe Britos, los delincuentes son siempre los mismos, la mayoría de las veces menores que delinquen hasta dos veces en el día y son liberados por los jueces de menores Darmandrail y Salas en el acto.
Es sabido que muchas veces los pichones de malandras detenidos ni siquiera bajan del móvil policial ya que no tienen donde ponerlos. Así que se comunican por radio con la comisaría respectiva, ésta por teléfono con el juez de menores, y éste decide que sean llevados directamente a los hogares de sus padres y abuelos.
Ya es un hecho reiterado para los oficiales de calle detener en la tarde a un menor armado, que ya había sido detenido en esa misma mañana y liberado. Y no es ninguna “sensación", como dice Solá: es la realidad.
La pregunta es por qué los fiscales y la propia Policía ignoran e incumplen la Instrucción General Nro.01/03 del 14 de marzo de 2003 del fiscal general Fabián Fernández Garello, que dice: “Se impone revitalizar la relación que las distintas comisarías tienen con relación a la cadena de comercialización de los productos obtenidos ilícitamente y, en caso que se trate de bandas, la investigación de varios hechos puede arrojar más datos que si se tomara cada uno en forma aislada".
Y sigue la instrucción fiscal: “Se impone revitalizar la relación que las distintas comisarías tienen con esa problemática, ello en virtud de que actualmente se observa que la actuación del mencionado elemento policial se reduce, con suerte, a completar las formalidades que rodean la recepción de la denuncia (inspección ocular, preexistencia, etc.), elevando posteriormente la misma sin continuar con actividad alguna que permita el esclarecimiento del mismo".
¿Por qué cuatro años después sigue pasando lo mismo?


Lavarse las manos

Y Mica / Abigail / Lucero, según la declaración de su madre, el 21 de abril de 2006 fue encontrada a las 18 horas sentada en el piso, cerca de la puerta. Se había hecho pis y tenía la cara y cabeza golpeadas. La pequeña, con sus pocas palabras, dijo: “Papá me pegó acá", y señalaba la cabeza, que le dolía.
La nena, con sus escasos dos años, estaba vestida con un enterito azul, remerita, pulóver y zapatillas rosas, y estaba toda mojada. La madre le dijo a su marido que no le pegara más, y el padre le dijo: “esa hija de puta tiene que morir". Luego se encerró en la pieza con ella, la nena gritó, después se sintieron golpes, la madre entró y el padre le pegaba en el estómago porque quería que se muriera. “Hijo de puta, la mataste" le dijo la madre, y entonces el padre desvistió a la nena, la dejó desnuda, la ató con una soga de la cortina de la cocina, la metió en una bolsa de residuos, luego en un bolso marinero y lo colocó sobre el televisor. La madre escuchaba que la nena lloraba dentro del bolso, mientras el padre se sentó a comer. Luego la tiraron en el lago de agua estancada de la cantera de Rizzo, para lo cual ambos padres, junto con el hermanito de 4 años, caminaron 60 cuadras.
Y así terminó la breve vida de Mica, como la llamaba su hermanito, Abigail, como la llamaron los jueces y la Ley, o Lucero, como la llamaron las familias que la quisieron proteger.
Este sórdido manoseo entre los distintos personajes oficiales que tienen el mandato de proteger a los menores, con una Ley hipócrita y alejada de la realidad, que se preocupa poco de ellos porque el Estado no tiene plata para atenderlos ni valor para evitarles el vía crucis que tuvo que vivir Lucero, debe cesar.
No se puede proteger a los pequeños desde despachos calefaccionados y como si fueran un pedazo de papel. Fracasó la ley y fracasaron los jueces y asesores de menores que no quisieron o no pudieron cumplir su misión casi divina.
Mucho valor tuvo el contador Daniel González, que cuidó y protegió con su familia a la beba durante tres meses, para denunciar penalmente a los jueces y responsables de la restitución de la nena a sus padres. No es del caso dilucidar aquí si la responsabilidad es de los jueces de la Cámara Civil que violaron su misión como jueces, o del abogado marplatense Javier Navarro, imputado por declaraciones de la propia madre, que podría haber actuado para posibilitar que los padres vendieran la menor a otra familia por la suma de $15.000.
Lo cierto es que el drama no debe terminar con la sentencia que dictará mañana el Tribunal Oral 3. Le compete al fiscal general Fabián Fernández Garello investigar en la IPP 211.711, hasta las últimas consecuencias, las responsabilidades de funcionarios, profesionales y personas que por acción, omisión o conveniencia provocaron que Lucero fuera condenada a morir, como lo pidió el correcto fiscal Marcos Pagella.
Y entonces la intención de los defensores oficiales, integrantes del ministerio público, doctora María Victoria Sosa por la madre Evangelina Algarbe, y el doctor Ricardo Mendoza por al padre Néstor Ramos, de defender lo indefendible, quedará como una anécdota más en la historia de los juegos procesales de un poder político al que no le importan los niños, jóvenes o ancianos, y un Poder Judicial que reduce los dramas a juegos de intereses, intelectuales o ideológicos.
Lavarse las manos como Poncio Pilatos parece ser el hábito social exitoso.

Hasta el próximo domingo, luego de la sentencia.