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Mar del Plata está bajo shock. Los diarios de la ciudad informaron durante la semana la paralización del puerto “por falta de garantías de seguridad".
Hay más de 4.000 obreros del pescado que desde hace años vienen siendo explotados por “hábiles" empresarios pesqueros que sólo ponen cámaras frigoríficas para congelar la merluza o cualquier otro pescado que llega al puerto de Mar del Plata. De allí lo llevan a filetear a galpones o plantas, la mayoría clandestinas, donde los humildes y desprotegidos fileteros, peones y envasadores trabajan a las órdenes de ocho o diez dirigentes pseudo cooperativistas que los explotan y los tienen “en negro".
El mar pone los peces, los trabajadores explotados la única mano de obra agregada que es el sacrificio y el esfuerzo de filetear, y los “hábiles" empresarios pesqueros el frío para congelar el filet.
Así, el puerto de Mar del Plata se ha convertido en una fuente provocadora de ilícitos y delitos, con miles y miles de familias a las que el Estado, los jueces y fiscales les dan la espalda, y los obligan a trabajar como en la mejor época de la esclavitud, sin salud ni obras sociales que los protejan, sin los beneficios de la ley laboral y sin aportes previsionales.
El 18 de octubre de 2005 denunciábamos en este espacio que NN usan cooperativas de trabajo para negociar cheques robados. Textualmente: “(…) las ilusiones de nuestro alter ego Lorenzo de que la fiscalía de Poggetto comenzara a tirar de los pequeños hilos que tiene en la causa. Hilos que pueden llegar a un submundo que habita en el puerto de Mar del Plata, dirigido por un grupo de personas que usan las mal llamadas cooperativas de trabajo para controlar a miles de NN sin obra social y con trabajo clandestino y en negro".
Mencionábamos entonces a algunos de los organizadores, controladores o explotadores de las 27 cooperativas de trabajo pesqueras que dirige y conduce el “contador" Jorge Alberto Mosquera, con oficinas sobre la avenida 39. También se cuentan entre los cabecillas a Arturo Loscos y Clemente, domiciliado en Benito Lynch 3365; Ricardo Vera, Rodolfo Barragán, con intereses en cooperativas tales como “Bruma de Mar", “El máquina" y “El gringo", entre otras.
Terminábamos en esa edición de casi dos años atrás publicando la siguiente murmuración de Lorenzo: “¿Veintisiete cooperativas de trabajo en manos de una persona que las administra y ninguna autoridad interviene?¿Ni la AFIP-DGI, ni el ente regulador de Cooperativas, ni el Ministerio de Trabajo? Cometen delitos, explotan a la gente y crean un circuito clandestino de evasión tributaria".
Poggeto, el fiscal que debía investigar esto que “descubrió" en una investigación penal preparatoria, y que no puede ignorar so pena de violar sus deberes, nada hizo. Han pasado dos años y ni investigó ni tiró de los pequeños hilos que tiene en la IPP 192.292.
Veintisiete cooperativas para el crimen en manos de una persona que las administra y lleva la contabilidad. La confesión de que se manejan con cheques robados y falsificados, y que los fondos o cheques se depositan en cajas de ahorro de los “cabecillas" o sus esposas, ¿y el fiscal ni siquiera ordena una investigación? Cuesta trabajo comprender por qué el fiscal general Fernández Garello, el fiscal Poggetto o el juez Paolini no intentan siquiera investigar los gravísimos pozos de corrupción delictiva que la IPP 192.292 fue destapando y que hoy paraliza al puerto de Mar del Plata.
De Ripley: “C.O.C." y “O.R.A.C."

La misma Fiscalía General que archiva más de 10.000 causas penales por año sin investigar, ha inventado oficinas que no sólo ocupan a más de 20 nuevos funcionarios calificados, sino que al mejor estilo del príncipe de Maquiavelo, asume atributos y poder sobre los ciudadanos decentes que la ley no le da.
Una familia de nuestra ciudad fue sorprendida esta semana cuando recibió, en su domicilio de la calle Rodríguez Peña, una intimación dirigida a un joven miembro de ella para presentarse ante la sede de la Coordinación General de Mediación Penal, para una audiencia de mediación y conciliación a “los fines de contribuir a la paz social y resolver por este medio la conflictiva situación planeada oportunamente". Un móvil policial en la puerta, un policía uniformado con una citación, la firma de la subteniente Susana Alvarez, de la Comisaría Novena, y la orden del fiscal coordinador Sergio Oscar Irigoin le quitaron la paz a un hogar marplatense.
El jefe de la familia en el exterior, la mamá fallecida y una abuela que no podía entender, todos se preguntaron durante tres días: ¿qué cosa grave había hecho el joven para merecer tamaño dispendio jurisdiccional?
La familia recurrió a un abogado marplatense y éste fue a las oficinas de la fiscalía general de La Rioja 2327, piso 1ro., donde nadie podía decirle por qué su cliente había sido “apretado" para concurrir con intervención policial a la fiscalía.
Una hora de reclamos y quejas motivó que finalmente el funcionario a cargo de la oficina de denuncias le informara al sorprendido abogado que se trataba de un accidente de tránsito del 3 de enero de 2007 en el que “Provincia Seguros" se negaba a pagar.
Mientras se archivan 10.000 causas sin investigar; mientras los delincuentes NN se pasean libres por las calles, el inefable fiscal general inventó ahora un nuevo gasto público que ha titulado “COC" o Centro de Orientación en Conflicto, y “ORAC", Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, auto adjudicándose las funciones de mediación o conciliación.
Cualquier abogado antiguo recordará la época en que cualquier oficial de policía citaba a un ciudadano para lograr que algún amigo o conocido solucionara un conflicto civil y comercial. ¿Esto es más de lo mismo pero ahora lo hacen los fiscales?

El candidato

En N&P del 4 de junio de 2006, bajo el título de “Aguantadero Feliz", decíamos que parece ser que Mar del Plata es una ciudad protegida para delinquir, así como señalábamos que nadie investiga a Daniel Tunoni, a Ricardo Vera y a Rodolfo Barragán, imputados de estafa por varios testigos. Y que Jorge Alberto Mosquera, que aparece como directo manipulador de dos cheques por más de $ 8.000, y ha confesado ser propietario y administrador de 27 cooperativas de trabajo pesquero, entra y sale de la fiscalía como Pedro por su casa.
En la edición del 2 de julio de 2006 reiteramos las denuncias públicas, e hicimos referencia a la presunta estafa que hizo a RIPSA (Red Informática de Pagos) Daniel Tunoni, que usó cuatro cheques robados para cancelar servicios por más de $15.000.
El 11 de febrero de 2007 insistimos en que Jorge Giri, gerente de RIPSA y oficial primero de un juzgado penal, le imputaba a Tunoni el delito de estafa, y que éste, citado por la DDI, dijo que Horacio Pezzoni, dueño de una presunta pesquera existente en Colón 3818 denominada “Pesquera del Sur", se los había dado.
El 15 de abril pasado difundimos en Correo de Lectores una carta de Carlos Di Martino, que denunciaba que el involucrado en las denuncias por estafa y uso de cheques robados se candidateaba para diputado provincial y que él y su socia tendrían estrechos lazos con un alto funcionario policial que tiene jurisdicción en la zona del Hermitage.
Daniel Ernesto Tunoni, denunciado y no investigado en la IPP 192.292, reapareció la semana que termina, al anunciarse públicamente que es candidato a primer diputado provincial por la Quinta sección electoral del Frejuli que dirige Alberto Rodríguez Saá, y además vocero de la “Mesa de Emergencia Pesquera" que paralizó el puerto local, provocó heridos y violencia en las calles marplatenses.
Hizo conferencias de prensa y declaraciones como dirigente cooperativista. Sin embargo, ante la DDI se declaró “empresario pesquero", y al intentar explicar cómo obtuvo los cuatro cheques robados a Lorenzo, dijo ser empresario pesquero dedicado a la venta de pescados y mariscos, con domicilio fiscal en General Paz 4765, Planta Baja 1, haber iniciado actividades en septiembre de 2002, y recibido los cheques de parte de Horacio Pezzoni, dueño de una presunta pesquera llamada “Pesquera del Sur".
El lector y nosotros nos preguntamos: Tunoni, que intentó cobrar cheques robados, ¿es empresario o dirigente cooperativista? ¿Cometió o no el delito de estafa denunciado por Lorenzo y Ripsa?
Decíamos seis meses atrás: los marplatenses tienen derecho a conocer por qué no se investigan los delitos y la actividad de posibles candidatos a puestos públicos. Daniel Ernesto Tunoni y los demás involucrados tienen el derecho y la oportunidad de aclarar. El fiscal debe defender la verdad y el principio de inocencia de todo imputado.