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José Ignacio Guillotin vivió en Francia entre 1733 y 1814. Era médico y participó de la Revolución Francesa como uno de sus primeros activistas. Trazó el primer plan europeo para la enseñanza de la medicina y fue un importante promotor de la vacunación contra la viruela.
Fue un humanista y, aunque parezca contradictorio, por razones humanitarias creó y presentó a la Convención revolucionaria una máquina para decapitar a los condenados a muerte de modo tal que no sufrieran. Finalmente, el médico fue víctima de su propia invención.
La guillotina, su invento, fue uno de los símbolos de justicia legado por una de las revoluciones que más influyó en los hombres de mayo de 1810.
En nuestro país se discute desde hace años la conveniencia o inconveniencia de reinstaurar la pena de muerte, con guillotina o sin ella. La impunidad instalada en la Argentina por culpa de legisladores y jueces logró que ciudadanos victimas del delito y algunos políticos pidan la pena de muerte para determinados hechos aberrantes.
La incapacidad, la debilidad o la ideología de fiscales y jueces que para proteger a la sociedad, en lugar de perseguir el delito y condenar a los delincuentes, los liberan de inmediato con cualquier excusa, poco a poco ha ido instalando la idea de que hoy por hoy la justicia es directamente responsable de la impunidad y de varios crímenes, delitos y violaciones que los reincidentes cometen día tras día.
Le gente cree que esas nuevas victimas han perdido su vida, su honra o su patrimonio por culpa de los jueces que los liberaron.
Y ese ya es un clamor popular.

Abigail mira a la Cámara civil

Durante las ediciones de todo el mes de julio y hasta el 5 de agosto de este año, bajo los títulos “Crimen y Castigo" I, II, III, IV y V y “Los votos del juez Salomón", reclamamos justicia verdadera y castigo a los responsables de que la pequeña Micaela o Abigail fuese enviada a morir por la Cámara Civil Departamental sala II, integrada por los jueces Cazeaux (hoy jubilado), Horacio Font y Juan José Aspelicueta, el 1 de diciembre de 2005.
Dichos jueces, ignorando todos los informes y consejos de visitadores sociales como Silvia Furman o Beatriz Malbrán, revocaron la sentencia de la jueza Darmandrail y ordenaron entregar a la pequeña a su padre, acusado entonces de amenazas, lesiones, aborto provocado, resistencia a la autoridad; el mismo padre que luego la asesinaría.
En el juicio oral, el fiscal Pagella criticó el fallo de la Cámara civil integrada por los doctores Cazeaux, Font y Aspelicueta que envió a morir a la pequeña Lucero en manos de sus padres, y lo trató “cuanto menos de llamativo“, afirmando que “resulta inimaginable que se hubiere adoptado esa decisión toda vez que ningún dato objetivo podía servir de base para la resolución del caso en esa forma. Si hubiera que graficar aquella decisión debería decirse que quienes la tomaron no leyeron el expediente o analizaron otro“.
El Contador González, uno de los padres cuidadores de la pequeña Abigail, intenta que se abra un “jury" a los jueces. El doctor Cazeaux ya se ha retirado, pero los jueces Juan José Azpelicueta y Horacio Font siguen manejando un Tribunal que se caracteriza por cajonear los expedientes durante muchos meses y no informar a la Corte cuando pierden su jurisdicción por morosidad, enojándose con aquellos que les reclaman que trabajen.
La familia judicial los protege, el desprestigio de la justicia aumenta y la pequeña Abigail, con sus dos años, mira con ojos acusadores desde el Cielo.


La guillotina para los jueces

El médico argentino Julio Mugrabi, de 49 años de edad, indignado porque el asesino de su hermana Andrea Fabiana Mugrabi fue dejado en libertad cuando aún debía permanecer en la cárcel tras una condena a prisión perpetua por el crimen que cometió en la ciudad de Buenos Aires en 1988, propuso medidas terribles que representan aquel clamor popular.
Las agencias de noticias nacionales difundieron sus declaraciones, tan graves y representativas de un llamado de atención a los jueces que permitieron que nuestro colega “La Capital" titule enérgicamente “Hay que matarlo a él y a los jueces que lo dejaron salir".
El asesino, José Humberto Giardino, de 36 años de edad, que debía cumplir prisión de por vida, escapó y nunca más volvió a la cárcel. No podía ni debía salir en libertad por buena conducta o por ningún otro beneficio, pero había sido puesto en libertad gracias al Juez de Ejecución Penal Adalberto Pólti, quien le otorgó una salida transitoria para celebrar su cumpleaños.
Tras la fuga, Giardino se radicó en la ciudad entrerriana de Concordia y comenzó a trabajar como albañil bajo el nombre de Carlos Verón. Se carteaba con su familia, que le remitía la correspondencia a ese nombre. En Noviembre del 2002 fue acusado de violar y descuartizar a Mara Torales, de 14 años, madre de una beba de dos meses. Los restos de Mara aparecieron esparcidos por la ciudad y la casa del asesino; sus piernas fueron halladas en una esquina, su cabeza y uno de sus brazos en un monte.
Luego, según se presume, violó y mató a la estudiante secundaria Lucia Yaconis en abril del 2003. Gracias al esfuerzo investigativo de su madre, Isabel Yaconis, una de las fundadoras de “Las madres del dolor" de Núñez, que distribuyó sus fotos por los medios de prensa, el asesino fue capturado en la localidad correntina de Goya, donde había adoptado un nuevo apellido.
Ante semejante fracaso de la justicia, el indignado doctor Mugrabi recordó que cuando su hermana fue asesinada tenía 23 años, estaba a punto de recibirse de bioquímica y se había casado. Una semana después de regresar de su luna de miel, se encontraba en su departamento de Belgrano cuando Giardino forzó la puerta, la golpeó, la asfixió con el cable del teléfono y le aplicó más de una docena de puñaladas con un destornillador; luego escapó. En 1991 el asesino fue detenido en la vecindad, confesó todo y se lo condenó a prisión perpetua tras pericias psiquiátricas que acreditaban su peligrosidad.
"Hay que encontrarlo y matarlo porque yo creo que hay que emplear la pena de muerte. Soy médico, me formaron para curar gente, no para matar, pero en estos casos hay que hacer justicia por mano propia; hay que encontrarlo y matarlo y emplear la pena de muerte, al igual que a los jueces que lo liberaron. A ese juez Adalberto Pólti, tan criminal como el criminal, que lo deja irse a su casa a festejar el cumpleaños, creo que también hay que matarlo y al juez [de ejecución] Sergio Delgado, también", dijo el médico argentino Murgrabi.
Y termina el colega del médico francés Guillotín: “Sale y lamentablemente comete dos nuevos asesinatos. ¿Qué opino?, que no creo en la justicia argentina, que la mayoría de los jueces son corruptos, hasta depravados sexuales, por eso hacen estas aberraciones“, agregando “no creo en la democracia; mis padres están deshechos, ¿cómo puede ser que a un asesino aberrante, a un perro salvaje, lo dejen en libertad y siga matando? y va a seguir matando".
En nuestra edición del 11 de diciembre de 2005, bajo el título “¿Jueces asesinos?", decíamos que “jueces asesinos, jueces asesinos" era el grito de las “Madres del Dolor" y de los vecinos que marchaban por el barrio porteño de Nuñez. Decíamos también que los jueces Sergio Delgado y Gabriel Ghirlanda eran los destinatarios directos de ese grito y los responsables de no detener al principal sospechoso de una madre por el asesinato y la violación de su hija. El mismo juez Sergio Delgado para quien Mugrabi propone ahora la muerte por guillotina.
¿No es hora de que, antes de poner en práctica el invento del médico Gullotín, la Justicia comience una auto depuración indispensable para hacerse respetable a los ojos del pueblo?
En nuestra ciudad se han repetido hasta el cansancio situaciones similares que no han merecido por parte de la corporación judicial más que una “protección" que se convierte en peligrosa. Me refiero especialmente a los jueces de la Cámara Civil de Mar del Plata que enviaron a la muerte a la pequeña Abigail (ver recuadro). También a la jueza de menores de Mar del Plata que, teniendo bajo su tutela al menor que luego asesinó al colectivero Martínez, lo dejó ir a su casa para que matara libremente.
Ni qué decir de los asesinos del horrible secuestro y crimen del joven Ibáñez, liberados por jueces marplatenses cuando el horrendo delito cometido en las calles de la ciudad exigía que permanecieran en reclusión perpetua. Mientras todo esto ocurre y el ciudadano común ya piensa en la guillotina, los fiscales y jueces responsables de de aplicar leyes tan objetivas como lo son las normas penales se van convirtiendo en “dirigentes sociales o políticos" que intentan convertir la ley penal en “garantía" para delincuentes y malandras.
Los “garantistas" sueltan asesinos condenados, liberan a menores delincuentes que son un peligro social y justifican el asesinato cometido por victimas sociales. Hoy por hoy la falta de trabajo justifica el delito.
¿No será tiempo de que algunos jueces y fiscales vayan a trabajar de militantes ideólogos de los Derechos Humanos o al Ministerio de Bienestar social, en lugar de aplicar la ley penal? De seguir así, no debería extrañarnos que uno de los asesinos más famosos de las últimas décadas, Sergio Schocklender, hoy mimado por los dirigentes de los Derechos Humanos, se convierta en juez del tribunal de casación penal.