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En el Río de la Plata, en el barrio y en el lunfardo, “barra" siempre quiso decir “peña o grupo de amigos o camaradas". La acepción de “brava" o “bravo" va desde “valiente, esforzado, animoso, bueno, excelente" hasta “áspero, inculto, fragoso o enojado". Nada más alejado del vocablo y la realidad que se decida que ser “barrabrava" de un club de fútbol, básquet, rugby o el que sea, lo convierta a uno en delincuente.
Sin embargo, se ha logrado instalar en el imaginario público esa idea. Los piqueteros encapuchados, con fierros y palos en las manos, cortando puentes, calles o caminos, son activistas sociales que deben ser protegidos, aunque incendien comercios, bancos o casas de provincias. En cambio, a los sufridos hinchas de los clubes, a los que el Estado nada les da, se los convierte en el enemigo público número 1.
Los ladrones, asesinos, violadores, menores o mayores, son tratados por el Estado y los jueces como si ellos fueran las víctimas, en lugar de los robados, los asesinados o violados. En cambio, a los presuntos “barrabravas" de River o de Boca, se los persigue afanosamente por todo el país como si fueran delincuentes peligrosos.
Baste recordar que el juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires Luis Rodríguez rechazó la excarcelación de William Schlenker y la eximición de prisión de su hermano Alan, y mantiene detenidos a Andrés Raba Torres (barra de Platense), Carlos Verón, Víctor Videla y Martín Lococo. A cualquier malandra los fiscales o jueces lo liberan en el día, y si son menores armados y con muertes encima, los mandan directo a sus casas. Algo anda mal, y ni la justicia, ni los fiscales ni la policía mejorarán su imagen persiguiendo hinchas deportivos con un empeño, énfasis y dureza que no aplican a los delincuentes profesionales.
El comisario Mario Alberto Morales, jefe de la División de Investigaciones de Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal Argentina, declaró a la prensa enfáticamente: “todas las brigadas de que dispongo están trabajando para ubicar a Alan y a los otros 9 prófugos. Seguramente tienen la protección de gente de las villas, que están en conexión con los referentes de las barras". Y todas esas brigadas policiales hicieron allanamientos en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, como en la vida diaria no se hace con los delincuentes profesionales, violadores, criminales o ladrones.
Es encomiable que frente al crimen de Gonzalo Acro, los jueces, fiscales y la policía investiguen para hallar a los responsables, pero de allí a que haya que perseguir, detener o condenar a todo barrabrava, hincha o como se lo quiera llamar, hay un largo trecho.
“Los borrachos del tablón", el grupo que lidera Adrián Rousseau, o el grupo de los hermanos Schlenker no son, ni de lejos, carmelitas descalzas, tal como sostiene Clarín en sus ediciones de la semana. Pero tampoco son delincuentes profesionales que tengan como objetivo robar, asesinar o violar. Simplemente, los “barras" de River, Boca, Aldosivi, Alvarado o Peñarol en Mar del Plata, son hinchas deportivos, sufrientes cuando su divisa pierde y felices cuando ganan, pero no se juntan para cometer delitos.
Una vez más: “barra" es una peña, grupo de amigos o camaradas, que se juntan para apoyar al club de sus amores y asistir a los eventos deportivos, y “brava o bravo" va desde valiente, esforzado, animoso, bueno, hasta áspero o enojado. Será bueno que el Estado decida hacer algo más por el deporte que perseguir a los hinchas para convertirlos en ásperos o enojados.
Dirigentes de fútbol con valor

El 18 de octubre de 2007, la nueva comisión directiva del Club Atlético Alvarado, a través de su presidente Juan José Zelaya, denunció a la Fiscalía General hechos delictivos ocurridos en su institución y en el estadio José María Minella que han perjudicado al equipo de Mataderos.
La denuncia hecha al fiscal señala que el club ha tomado decisiones que han desembocado en un enfrentamiento primero verbal y luego físico con un pequeño grupo de hinchas o simpatizantes de la institución, que durante años, por distintas presiones que ejercían con anteriores directivos, obtuvieron no sólo 300 entradas gratis para cada partido en que el CAA actuara como local, sino también la vista gorda para la venta de esas entradas en las adyacencias del Estadio Mundialista, y la venta de otras tantas entradas falsificadas, con las que luego accedían al estadio.
La comisión del CAA denunció que su negativa a entregar las 300 entradas por partido y permitir la falsificación de otras mil provocó agresiones personales a dirigentes, amenazas y violencia en la casa del presidente, y atentados y roturas de vidrios en la sede social. La gravedad de los hechos llevó a que unas 20 personas, encabezadas por un concejal marplatense, agredieran a la comisión y amenazaran la salud física de sus integrantes.
Dice la denuncia, además, que con sólo requerir de UTEDYC y la Liga de Fútbol cuántas entradas se declararon en el 2006 y primer semestre del 2007, y este segundo semestre, en que asisten a cada partido entre 2.500 y 3.000 personas, se advierte el ilícito consentido por autoridades, controladores de la seguridad y el acceso a los estadios.
Termina la denuncia al fiscal expresando: “hemos enfrentado en silencio y en soledad esta situación, pero los hechos han llegado a extremos que ponen en peligro a la propia institución y sobre todo al espectáculo deportivo que el Estado debe controlar y defender".
En buena hora que los nuevos dirigentes cambien la historia. Ojalá pase también con Pulti, Scioli y los nuevos gobernantes.


En Mardel

Para entender, desde nuestro pago chico, lo que pasa a nivel nacional con las “barras" y el deporte, es bueno investigar un poco qué hace el Estado nacional, provincial o municipal por los espectáculos deportivos. Sobre todo preguntarse qué pone la Provincia o el Municipio para que un partido de básquet o de fútbol se lleve a cabo.
Pues bien: el Estado no pone los estadios. En el caso del fútbol y el estadio Minella, para que se pueda jugar, el club debe pagar. El club organizador paga árbitros, asistentes, jugadores, directores técnicos y utileros.
El lector debe saber que a la autoridad policial que concurre a los estadios no la paga el Estado ni la AFA ni la Liga: la seguridad la paga el club, con sus ingresos por entradas. La policía cobra como trabajo “adicional".
La pregunta del millón es: ¿qué pone el Estado para que sábado a sábado y domingo a domingo el pueblo tenga el desahogo de poder asistir a un partido de básquet, fútbol o rugby? La respuesta es simple: nada.
Será bueno que los políticos reflexionen sobre qué le ofrecerán a jóvenes y mayores si les suprimen el fútbol o el básquet, o lo convierten sólo en un negocio para la televisión.
Ya sabemos que en Mar del Plata existen, en básquetbol, dos equipos que llevan muchos “barras" a sus partidos, como Peñarol y Quilmes. Hemos informado de los problemas de este último con hinchas que no pueden pagar la entrada y que han “apretado" a dirigentes. Incluso todos conocimos de partidos en los que el hincha visitante no puede entrar.
Sabemos también que en fútbol hay dos equipos, Aldosivi y Alvarado, que tienen una “hinchada" o “barra" de miles de personas que concurren masivamente a los estadios. Ha habido violencia a veces, pero no siempre. A diferencia de otras plazas y ciudades del país, todavía en Mardel los sufridos hinchas son, mayoritariamente, grupos de amigos o camaradas, esforzados y animosos.
Hay, sí, una minoría pequeña en cada club de “ásperos" y “enojados", que no tienen ni trabajo, ni protección social y que muchas veces son beneficiarios de planes sociales. Sería bueno que el Estado subvencionara a los clubes para que esos ciudadanos, que no pueden hacer el sacrificio de pagar las entradas, pudieran entrar identificados y dignamente a los estadios, sin apelar a maniobras casi delictivas para poder ir al único esparcimiento masivo que esta sociedad les ofrece.
En lugar de seguir convirtiendo a ciudadanos decentes en “delincuentes" sólo por ser hinchas deportivos, alguna autoridad deberá plantearse esta realidad. Muchos niños y jóvenes trabajadores desocupados, y personas carenciadas no pueden pagar una entrada a un estadio. Los políticos, acostumbrados a usar a los hinchas como militantes y activistas, deberían preocuparse por entenderlo.
Es elogiable en este aspecto el trabajo que está haciendo la nueva comisión directiva del Club Atlético Alvarado, consciente de que en el viejo barrio Mataderos hay muchos hinchas que tienen graves dificultades económicas y no pueden pagar la entrada al estadio, para lograr una identificación de aquellos que están sin trabajo o con graves carencias, y otorgar entradas nominadas para asistir a los partidos. Para ello, tanto la Liga Marplatense de Fútbol, como la propia UTEDYC, que hacen negocios con los espectáculos deportivos, deberán dar conformidad, salvo que una ley provincial o una ordenanza regulen esa clara necesidad social. De lo contrario, las autoridades políticas, la policía y las autoridades deportivas seguirán haciéndose los distraídos, mirando para otro lado, echándole la culpa a dirigentes que entregan entradas y generando, domingo a domingo, clandestinidad y violencia entre los asistentes. Bastantes ladrones, asesinos, violadores y mafiosos hay en el país, como para convertir a los hinchas y barras en delincuentes, cuando no lo son.