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“Protesta de un comerciante tras haber sufrido el robo número 160". “Locutorios, una franja comercial azotada por los delincuentes, algunos sufrieron hasta 35 asaltos". “Malestar por robos en comercios frente a la Jefatura policial. Asaltos y saqueos nocturnos". “Vecinos de la zona sur denuncian incremento de hechos delictivos". “Comerciante asesinado en pleno centro, delante de sus hijos “. “Siguen cometiéndose asaltos violentos en casas de familia". “Delincuentes precoces". Todos títulos periodísticos tomados al azar, tantos que ya nos tienen hartos y nos amargan la vida.
Solá, Katz, Kirchner y Arslanián, entre otros, han sido los exclusivos responsables de nuestras penurias en los últimos cuatro años. Se hicieron los distraídos con cara de “yo no fui" y pretenden sostener que la culpa de todo la tuvieron Isabel, los militares o Menem. Ahora comienza una nueva etapa en el baile de la Democracia.
¿Qué hacer entonces, en esta bendita ciudad, para que mejoren las causas que provocan nuestro hartazgo y malestar? Ese es, precisamente, el desafío del nuevo equipo político que accede a la conducción de la ciudad.
Scioli y Pulti, ¿pueden olvidar los compromisos verbales tomados durante la campaña política sobre la inseguridad, la justicia, el orden y el respeto en la calle? Creemos que no.
Si dos meses antes de las elecciones Katz descubrió que en su ciudad había bolsones de inseguridad y zonas liberadas, y que el puerto era una caldera a punto de estallar es evidente que Pulti no tiene tanto tiempo para advertirlo.
En la edición del 19 de agosto decíamos que a escasos cuatro meses de terminar su mandato el Intendente Katz se dio cuenta de que su ciudad ha dejado de ser “feliz" y que ha hecho poco y nada para proteger a los vecinos y turistas de los delincuentes; decíamos también que hoy por hoy todo eso pone a Mar del Plata en riesgo de ser declarada “ciudad insegura".
En aquella edición también afirmábamos que una ciudad turística llena de calles con baches, con plazas en mal estado, colmada de “franelitas" y “limpia vidrios" en casi todas sus esquinas con semáforo, con cartoneros y mendigos que llenan sus calles centrales y su peatonal, con ladrones y pichones de ladrones que circulan a la luz del día frente a las vidrieras de locales que serán asaltados, con salideras bancarias, restaurantes con clientes robados y que no ofrece seguridad está condenada a fracasar como oferta turística.
Es que Katz, el día 9 de agosto pasado había dicho textualmente “No voy a dar ninguna precisión, pero tengo la sensación, por lo que recibo de distintos sectores y fuentes de información, que inclusive en Mar del Plata hay algunas zonas en donde parecería que la delincuencia está accionando con absoluta libertad".
Luego de tan grande y grave afirmación, concluyó Katz: “no estoy dispuesto a que Mar del Plata se quede esperando a ver hasta dónde llega esto".
Katz tenía razón, y la tiene al hablar como habló.
El intendente electo Gustavo Pulti no debería dejar pasar otros tres años y medio para darse cuenta de lo que pasa por las calles de la ciudad. Lamentablemente, hoy no hay tiempo para que los políticos se enteren de cuáles son los problemas.

El caballo invisible

El vecino de Colonia Barragán Horacio Daniel Aguirre casi perdió la vida el 2 de marzo del 2007 al embestir con su automóvil a un caballo suelto que cruzaba la Autovía al galope a la altura del kilómetro 391 de la Ruta Nacional 2.
Aguirre no murió, sólo tuvo lesiones. Su automóvil Fiat Palio, con el que concurría diariamente a trabajar, quedó destruido. La víctima salió del hospital e hizo las denuncias penales.
El caballo resultó “invisible", aunque realmente era un zaino de mala cara. Las autoridades policiales y de la Autovía lo hicieron desaparecer rápidamente y lo tiraron en una ruta de tierra a 5 kilómetros. Peludos y otros carroñeros se ocuparon de que sus restos desaparecieran.
Horacio Gomenza, dueño de la Estación de Servicio DAPSA ubicada en el kilómetro 391 y los playeros Gustavo Carlos Morán, Alfredo Garrido y Marcos Damián Mandiola, declararon a la fiscalía que “jamás vimos animales o caballos sueltos en la ruta".
La verdad sea dicha: los agentes fiscales María Teresa Martínez Ruiz y Fabián Luis Riquert hicieron el intento de hacer visible al caballo “invisible" pero fracasaron en la investigación. Nadie vio al pobre caballo, ni vivo ni muerto; su cadáver volvió a ser polvo, nadie buscó a su dueño y no apareció.
La descalificación fiscal del “deficiente tratamiento que desplegó el personal policial" sirve solamente para justificar la invisibilidad del animal.
El caballo invisible, un milagro del Destacamento de Seguridad Vial de Camet con la complicidad de vecinos nada solidarios.


100, 194 y 326.

Nuestro deber como periodistas es intentar describir la realidad y sus posibles soluciones, así que hoy nos limitaremos a tratar alguno de los problemas graves que tiene la ciudad.
Uno de los más urgentes es la existencia de cien plantas clandestinas de procesado de pescado que funcionan en la zona portuaria de la ciudad, en el sector Sur delimitado por las avenidas Juan B. Justo, Independencia y Mario Bravo. No es una zona tan amplia ni son tantas las plantas clandestinas. Todas están en manos de "pseudo cooperativas de trabajo" en su mayoría organizadas por avispados empresarios pesqueros que pusieron al frente a humildes habitantes de villas que debían manejar bien el cuchillo, los puños y la ignorancia de las leyes. Así, con la complicidad de contadores y con el inteligente y adecuado asesoramiento de expertos abogados asesores en pesca, se organizó el mayor fraude a las leyes laborales y previsionales del que se tenga memoria en la ciudad.
El fiscal Poggetto lo sabe desde hace dos años; descubrió en la I.P.P. 192.292 que desde esas Cooperativas de Trabajo Pesquero se cometen delitos. Allí se estafa y explota a los trabajadores. Y se ha llegado al colmo de descubrir que un “empresario cooperativista y pseudo contador" como Jorge Alejandro Mosquera confesó ser “administrador de 27 cooperativas de pesca, en sus oficinas personales", llevando incluso a declarar a sus empleados Cristian Alberto Sorbi, Gabriela Alejandra Mutilva y Maria Silvina Monterubbianesi que ratificaron tal administración ilegal, y denunciando además a Arturo Loscos y Clemente, que vive en Benito Lynch 3365 de Mar del Plata, como dueño de la Cooperativa “Bruma de Mar", y a Tomás Rodolfo Barragán y Ricardo Vera, habitantes de villas y dueños de las Cooperativas “El máquina" y “El Gringo".
Así que tanto Poggetto (que sería secretario de gobierno de Pulti) como el mismo Intendente saben dónde hay que ir para clausurar las plantas clandestinas. También lo sabe el Anses, la Afip, la Prefectura, la policía, el Ministerio de Trabajo y la Secretaria de Pesca de la Nación. Lo saben también Fortunato y el SIMAPE. En fin, lo saben todos y sería bueno que dejen de hacerse los idiotas, salvo que se quiera incendiar la ciudad.
Señores, no son tantas plantas, son sólo cien.
Otro tema grave son los miles de delitos mensuales que se cometen en la ciudad y que toman por víctimas a trabajadores, empresarios, profesionales, ancianos y jubilados; la mayor parte de estos delitos imputable a menores. Ya lo dijo el comisionado Víctor Hugo Iglesias, jefe de la Departamental de Policía, el lunes 25 de junio del 2007 cuando afirmó que “el 70 por ciento de los detenidos en el primer semestre es de menores de edad".
El doctor Gustavo Salvá es sub-jefe de la Departamental de Policía, y tanto Scioli como Pulti deberían alentarlo a seguir siendo el buen policía que es y a que no tenga pelos en la lengua, aunque a los políticos no les guste.
Harto de dar consejos a los ancianos para que se auto declaren presos en su ciudad y su casa y que no salgan solos, que no usen joyas o alhajas, que no guarden dinero en su domicilio, que mantengan en todo momento las puertas de sus casas cerradas con llave o candado, Salvá se ha animado a exponer la realidad del problema.
Y los periodistas y la gente, a través de su informe, nos dimos cuenta que el problema no es tan grave. Mar del Plata está asolada por ciento noventa y cuatro menores de edad, delincuentes reincidentes individualizados, abandonados y protegidos por el estado y sus familias. El problema es de fácil solución para los miles de empleados municipales y provinciales, los cientos de funcionarios de la justicia afectados a la minoridad y miles de policías. Se trata apenas de 194 personas a las que hay que vigilar, proteger y reformar, en la medida de lo posible. No es tanto para tantos funcionarios.
Por último, hay un problema que afecta a muchos edificios de propiedad horizontal y a vecinos de algunas zonas rojas que siguen creciendo sobre las calles 9 de julio, 3 de febrero, 11 de septiembre, Salta, Jujuy, España, Avenida Luro o Marcelino Champagnat. El problema allí es la explotación de la prostitución por parte de empresarios y proxenetas.
El diario La Capital, en su suplemento de clasificados diarios, se encarga de inventariar a los 326 ciudadanos y ciudadanas que ejercen la prostitución en distintos lugares de la ciudad y ofrecen las delicias del sexo y otras cosas con total desparpajo en la redacción periodística. Así que tampoco aquí el problema es tan grave. Son tan sólo 326 ciudadanos y ciudadanas a los que habría que proteger para que trabajen en paz, sin que sean explotados ni perseguidos, procurando que su seguridad también esté amparada y que los vecinos no sufran inútilmente el escándalo o el peligro para la crianza de sus hijos.
Son sólo 100, 194 y 326 los números de estos problemas a solucionar; no son tantos si tomamos en cuenta los miles de empleados públicos.