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La mayoría de los funcionarios y empleados provinciales con asiento en La Plata se encuentran conmocionados por el operativo que el licenciado Santiago Montoya ha bautizado como “Tormenta de Verano". Más de mil funcionarios y empleados de todos los ministerios y reparticiones, por razones de nepotismo, amistad, lazos familiares o incluso “favores sensuales", han sido elegidos a dedo para vacacionar en la costa durante toda la temporada de verano. Vacacionarán gratis, y cada uno percibirá sus salarios normales y además altísimos viáticos y prebendas por desarraigo, que llegará en muchos casos a $ 500 diarios, lo que multiplicado por 60 días, da $ 30.000 por toda la temporada.
Cualquier contribuyente, trabajador, profesional, comerciante o cuentapropista que sea perseguido por los recaudadores del operativo “Tormenta de verano", seguramente hará las cuentas para concluir que entre los sueldos, viáticos y desarraigo de los 1.000 inspectores mercenarios y de otros tantos agentes de la Bonaerense que se destinarán a proteger a los recaudadores del rey, significarán un costo al Estado y para todos los contribuyentes de más de cincuenta millones de pesos por todo el operativo.
Los comandos de mercenarios recaudadores han sido elegidos y seleccionados a dedo por Montoya y su pequeño círculo de 7 personas. Entre ellos hay abogados, jóvenes “secretarias", contadores, patovicas, expertos en artes marciales, amigos políticos, hijos e hijas de legisladores provinciales, y un centenar de antiguas y maduras burócratas de las dependencias platenses, que están convencidas y convencidos de que los contribuyentes son todos “delincuentes evasores" y deben explicar por qué llevan a sus esposas e hijos a veranear y por qué gastan en vacaciones.
El peor problema para los contribuyentes no son las decenas de millones de pesos del erario público que se tirarán a las arenas y las playas, y que cobrarán los “privilegiados" funcionarios y funcionarias. No, estimado lector, lo grave es que el resto de los empleados y funcionarios públicos provinciales que no han sido “beneficiados" con el veraneo con viáticos de miles de pesos, se encuentran ya prácticamente en desobediencia silenciosa y paro en sus funciones, con brazos caídos.
Así, todos los escribanos de Mar del Plata ya son víctimas de que, tanto la Dirección de Rentas, la de Geodesia y Catastro Territorial, el Registro de la Propiedad y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas están virtualmente paralizadas sin que se reciban o acepten trámites nuevos, y los viejos se demoran.
El nuevo gobernador Scioli pagará un precio muy alto por iniciar su gestión con las campañas de represión tributaria del licenciado Montoya y su grupo organizado para violar todos los derechos y garantías que contiene la Constitución Nacional, que son normas imperativas tanto para gobernantes como para gobernados, y obligan tanto al Estado federal como a las provincias. La Constitución Nacional garantiza, en su artículo 14, el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, y de usar y disponer de su propiedad. En su artículo 17, declara a la propiedad inviolable y establece que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, “sino en virtud de sentencia fundada en ley". Además garantiza que ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de sentencia fundada en ley, y por último, el artículo 18 prevé que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de sus jueces naturales, y que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y hay muchas más garantías constitucionales que poco y nada le importan a Montoya.
Prohibido estacionar

Lorenzo recibió de un lector de este medio (que se identifica como Alfredo de Pedro) gravísimas criticas contra abusos de los titulares de dársenas para ascenso y descenso de pasajeros en hoteles o bancos, legisladas por las ordenanzas 12.222, 12.267, 17.395, 17.853 y 18.020.
Dice textualmente De Pedro: “Las dársenas, que deben ser sólo para ascenso o descenso de pasajeros, con un máximo de 5 minutos, son usadas como estacionamiento privado y exclusivo por todos, absolutamente todos, los hoteles. Un privilegio que constituye una corrupción flagrante. Un hotel de la Avenida Colón casi Buenos Aires anexó irregularmente un departamento vecino, y así duplicó la dársena con esa trapisonda, y demarco NUEVE (9) cocheras privadas en la calle que usa los 365 días del año. Las grúas levantan coches vecinos por estar algunos minutos, pero los estacionados frente al hotel son intocables. El inteligente hotelero pinta y repinta cada seis o siete meses las nueve cocheras y nadie dice nada".
Agrega más adelante: “El mejor testigo de esta irregularidad es el doctor Guillermo Nicora, fiscal temático especializado, que pasa todos los días por la puerta del hotel y puede confirmar la denuncia".
Y concluye el lector: “En el lugar reservado para clientes del Banco Francés de Avenida Luro al 3100, entre los carteles “prohibido estacionar", está estacionado durante cinco o seis horas diarias el Ford Escort patente DPQ 408, que funciona como caja fuerte de los arbolitos que actúan en la calle. El coche - caja fuerte está protegido por disimulados custodios fuertemente armados. Un asalto, una balacera y algún transeúnte muerto tal vez hagan reflexionar a la Dirección de Tránsito, o a la Justicia, ya que negociar divisas en la vía pública es delito“.


Las tormentas del desierto y las del verano

El 17 de enero de 1991, una coalición internacional de 31 países liderados por EE.UU., bajo mandato de la ONU, inició una campaña militar con el fin de obligar al ejército de Irak a retirarse de Kuwait. La operación aliada se inició con el lanzamiento de 100 misiles crucero Tomahawk, que destruyeron palacios, fábricas, las estaciones de televisión y sedes de policía. Todas las ciudades de Irak fueron saturadas por bombardeos, y murieron entre 25.000 y 30.000 civiles. El 28 de febrero de 1991 Irak se rindió. Hubo en la guerra miles de turistas occidentales que fueron usados como escudo en las negociaciones.
La tan criticada operación aliada recibió primero el nombre de “Escudo del Desierto", y más adelante fue rebautizada definitivamente como “Tormenta del Desierto".
En el círculo íntimo del licenciado Montoya se sabe que éste eligió el nombre de “Tormenta de verano" para invadir la costa atlántica y las playas marplatenses y perseguir a ciudadanos de vacaciones, copiando las estrategias del operativo iraquí. Incluso algunos de sus seguidores han bromeado con el nombre posterior que recibieron los bombardeos a Irak del 16 al 19 de diciembre de 1998, y le adjudican al inefable recaudador ese seudónimo de “Zorro del desierto".
Similar estrategia de saturar una zona con miles de soldados, mercenarios o recaudadores, y con ellos impedir el libre movimiento de los ocupantes o ciudadanos del territorio elegido, fue seguida por el general Acdel E. Vilas, en los años 1976 y 1977, al dirigir el operativo Independencia que asoló la zona urbana y rural de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Montoya, que no tiene límite alguno en su autoritarismo y arbitrariedad, se ha jactado ante la prensa de que en el operativo pondrá en la arena de todas las playas bonaerenses “más de mil combatientes", acompañados de otros mil policías, para “apretar", “presionar", “escrachar" o estigmatizar a ciudadanos contribuyentes, estén o no en deuda con el fisco.
Las instrucciones reservadas que se han impartido hablan de invadir shoppings, centros comerciales, hoteles, restaurantes, cafés, playas de estacionamiento de hoteles y balnearios, y detener a las personas que lleven bolsos con compras exigiéndoles que muestren la factura; a los que circulen en automóvil para que acrediten no sólo el pago de las patentes, sino también el de sus propiedades, e incluso el inconstitucional e ilícito impuesto a los ingresos brutos. Llega el invasor violador de la Constitución a amenazar con “juicios exprés", que los invasores harán por sí a cualquier deudor que encontraran.
Ni a Scioli ni a Montoya parece preocuparles mucho que su Gobierno comience con una exhibición de sujetos violadores de la Constitución y de los derechos y garantías que tienen los ciudadanos. Scioli no tiene derecho a darle autorización o instrucciones a Montoya para convertirse en invasor, represor, violador de leyes y de la Constitución Nacional. No pueden, ni el Gobernador ni su recaudador, hacer un ejercicio abusivo de sus derechos, violando los derechos humanos, sociales, económicos y políticos que tienen los ciudadanos contribuyentes.
Alguien lo tiene que parar a Montoya. Si no es el gobernador Scioli, tal vez aparezca uno o más Robin Hoods con arcos y flechas para dirigir la rebelión contra la opresión tributaria del rey. Pero lo peor que podría pasar es que durante los meses de enero y febrero, las vacaciones que necesitan todos los argentinos por razones de estrés, salud o descanso, se conviertan en un desorden, en un caos o en escándalos que alguien deberá luego pagar.
Huelga decir que ningún hotelero serio y respetable aceptará la extorsión del Gobernador o del recaudador, de identificar a sus clientes, investigar si son deudores del fisco provincial y denunciarlos a su ejército operativo. Por lo bajo, los mil elegidos a dedo saben que la amenaza con la que intentan presionar a los hoteleros es ilícita, y que es “o informás y delatás a tus clientes, o te inspeccionamos tu comercio en forma exhaustiva".