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La resonancia del nuevo juicio a Menéndez excede y mucho al personaje y su ya comprobado protagonismo en las diversas tareas que ejerció como jefe y artífice directo en cuanto delito tuvo a mano durante la última dictadura militar. Pues se trata del primer juicio enfocado a las tareas de todo un cuerpo policial, y no ya militar. La causa Albareda, que tras largos años de investigación ha logrado sentar a Menéndez y varios de su secuaces en la sala del Tribunal Oral Federal Nº1 de la Ciudad de Córdoba, ha logrado penetrar los herméticos muros del Chalet de Hidráulica, donde el departamento de Informaciones de la Policía tenía a cargo un centro de detención clandestino.
El grupo, denominado D2, está imputado como responsable por torturar, asesinar y “desaparecer” a Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la dependencia y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del ERP. Secuestrado durante la noche del 22 de septiembre de 1979, fue torturado y asesinado por sus propios compañeros. Treinta años después, el trabajo de investigación de su hijo, Fernando Albareda, ha logrado concretar en juicio y caras visibles su propio testimonio y el de otros 24 testigos protegidos.
Aunque en un principio serían 25 los testigos directos, llamativamente, días antes del juicio, un testigo clave fue hallado muerto en circunstancias confusas. Jesús Enrique González, conocido como “El Flaco”, cumplía tareas de custodia como ex guardia de la D2. Pocos días antes del inicio del juicio, fue encontrado en su vivienda, desangrado, con “lesiones cortantes en las muñecas y una infiltrante en el tórax”, según consta en las pericias forenses que catalogaron el hecho como “muerte de etiología dudosa”, aunque pronto se dio por hecho que se trató de un suicidio. No son pocas las dudas que quedan girando en torno al hecho. Más aun, cuando van acumulándose denuncias por persecución y amenazas a familiares de otros testigos, seguidos por raras camionetas de vidrios oscuros que los acompañan en sus trayectos cotidianos.
Rara y densa viene la cosa, antes de comenzar y apenas iniciada. Una sala apenas poblada que comenzó a sesionar dos horas más tarde de lo previsto. Nueve imputados; uno de ellos, el ex jefe de la policía provincial Aníbal Campos, declarando mediante videoconferencia desde Capital Federal por “problemas de salud que le impiden estar presente en Córdoba”, en una transmisión tan precaria como ciertas aristas de la Justicia, que se interrumpió justo cuando se leía su acusación. Un juez nervioso y vacilante que no dejó de confundir el nombre del defensor de Menéndez, ni el del querellante Albareda hijo, a quien insistía en llamar por el nombre de su padre. Numerosos funcionarios de Gobierno presentes, como el gobernador Schiaretti y el ministro de Justicia Luis Angulo.
Ocho acusados en cuerpo presente, sentados en fila en las primeras butacas de la sala bajo la protección de un cristal blindex. Todos ellos llevados al banquillo por la causa Albareda y por el tormento y asesinato de otras diez personas. Todos deslindando responsabilidades y expresando sus propias acusaciones. “A mis acusadores les debe sorprender desagradablemente que yo siga pensando igual” (Menéndez). “Soy veterano de la guerra contra la subversión y un perseguido político y judicial” (Hugo C. Flores). “Me enseñaron a defender al gobierno constituido y a defender la vida. Si estuviera en la actividad, lo seguiría haciendo” (Hugo Britos).