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Y es que, traídos al banquillo y señalados por los dedos de quienes les sobrevivieron, a la “causa Albareda” se le sumaron otras tantas, que ya no hay mano ni dedo que logre removerles de encima una responsabilidad que les cae encima cada vez con más peso. La responsabilidad que han tenido y tienen sobre el destino de cientos de vidas borradas, y de otras que se les escaparon y hoy cuentan qué pasó.
Qué pasó en el Chalet de Hidráulica donde, entre otras cosas, tuvo lugar la muerte de Albareda, mutilado y desangrado en manos de quien fuera, por entonces, la máxima autoridad de la Policía de Córdoba. Allí se trasladaron el juicio y la investigación, hace pocos días, desde que el testimonio del ex guardia de la Policía de Córdoba Ramón Roque Calderón (alias “Kung Fu”) removiera seriamente el avispero. Actualmente, el chalet ubicado en las cercanías del paredón del Dique San Roque, pertenece a la Agencia Córdoba  Turismo de la provincia y está a cuidado de una familia que lo habita. Según cuentan, al día de hoy no quedan rastros desde que fuera limpiado y abandonado por la policía. Aun así, Calderón (protegido con chaleco antibalas), junto a los testigos Carlos Vadillo (sobreviviente) y Julio César Uslenghi (ex empleado de la Dirección de Hidráulica y ex cuidador del chalet), visitaron el predio acompañados por personal del Servicio Penitenciario. Según declaraciones de Uslenghi ante el Tribunal, cuando el chalet fue abandonado y dejó de funcionar como centro clandestino de detención, parecía que “la sangre había sido utilizada para pintar el lugar” (sic).
Rodeado a un costado por un pronunciado cañadón y con una vista que se choca de frente con el paredón del Dique, y sin asentamientos a trescientos metros a la redonda, el ex Chalet de Hidráulica fue elegido, ciertamente, como el lugar ideal para “operar sin que se escuche ni un grito”. Cuenta apenas con un garage, dos baños y dos habitaciones; esas mismas señaladas en detalle por el testigo Juan José López como el sitio donde “nos ataron y nos gatillaron, pero no nos tocaron”. Pero, a pesar de su reducido espacio interno, la casa no sólo cobijó durante años los oscuros asuntos de la D2; también guardó celosamente toneladas de documentación hoy “borrada y perdida” donde, según aseguran varios testigos, constaba el detalle de los datos personales y destinos de cientos de desaparecidos.
Al parecer, antes del retorno de la democracia, el chalet fue remodelado. No sólo se hicieron arreglos, sino que toda huella fue anulada tras pintar paredes y cambiar baldosas. De hecho, tanto cambio hizo que al día de hoy ya no se trate de un chalet sino de dos: durante el mandato de Eduardo Angeloz (señalado off the record por algunos como cómplice en la protección de los altos mandos policiales de entonces y en el “desvío” de pruebas), a las modificaciones efectuadas al edificio original en 1983 se sumó una nueva construcción. Un año después de instalar los nuevos cimientos y remover los antiguos, la Conadep encontró partes de vehículos desarmados por el D2 a metros del chalet. Me pregunto si la sequía que por estos meses no deja de volatilizar las aguas del Dique también será motivo de inquietud para tantos dedos que revolvieron el mismo plato…
Horacio Castro y Gladys Chayle, actuales habitantes y responsables por comodato del chalet, cuentan que hasta hace menos de treinta años “se escuchaban gritos, que había muchas torturas”. Pero, aun así, algunas voces insisten en sostener lo contrario cada vez que se les presta micrófono. Es el caso de Luciano B. Menéndez, acaso el más comprometido de todos los imputados y de los protagonistas todavía vivos, quien no da respiro ni tregua a sus susceptibilidades, tan intactas como la errada conciencia y el cuestionable honor de haber protagonizado una lucha por la Patria. Una vez más apuntó al juez Díaz Gavier, acusándolo en plena audiencia de haber permitido que se le rieran. Es que, cuando su abogado solicitó que lo “liberaran” de estar presente y lo autorizaran a trasladarse a una sala contigua, el juez respondió que, en efecto, lo “desocupaba”, lo que dejó oír risas en la sala.
Pero la percepción de lo real, por parte de Menéndez, es muy distinta; según declara: “cuando nos retirábamos de la sala, escuché que alguien nos llamaba ‘desocupados’. Eso me causó un gran disgusto, porque además esa expresión provocó risas en alguien, pero lo que hace más grave este episodio, desde mi punto de vista, es que el señor juez Díaz Gavier no reprendió esa actitud insolente. Como eso me parece una falta de respeto, quiero señalar mi más firme protesta y no sé si en los trámites de este asunto podemos dejar asentadas las mismas así como las expresiones insolentes”.  La respuesta del juez fue tan pronta como clara: “creo que usted ha malintepretado la palabra. Yo digo efectivamente desocupado de sus obligaciones procesales, y puede retirarse. Eso fue lo que dije y lo vuelvo a decir cuando usted se retira de acá, se retira porque yo resuelvo que usted está desocupado y puede retirarse de esta sala”.
Clara la acusación, clara la respuesta; tan claros la intención y la autorización del juez como claros están la noción y el valor del respeto en palabras del acusado. O su indeclinable postura defensiva y defensora ante la acción que les tocó a él y a los suyos entre el ’76 y el ’83: “a mis acusadores les debe sorprender desagradablemente que yo siga pensando igual. Este juicio y este tribunal son inconstitucionales. Exijo ser juzgado por un tribunal militar. Soy víctima de la inseguridad jurídica. Ni a mí ni a mis subordinados puede endilgársenos nada.  Éste es el primer país del mundo en juzgar a sus  soldados victoriosos”. Al igual que sus compañeros, porfía en autodenominarse un “perseguido político”… Confieso: si esto realmente es así, me quedo corta de imaginación tratando de figurarme qué tipo de perseguidos fueron, de qué fueron víctimas y qué tipo de juicio hubiesen merecido los que se les desaparecieron entre los D2.