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La sucesión de dichos y silencios, memorias y olvidos, acciones y reacciones que ha dejado cada jornada del juicio habla a las claras de una historia que todavía tiene demasiado de reciente. Más allá de sus coincidencias o discrepancias, cada uno de los testimonios es una historia distinta y particular en sí misma. Como si hubiesen hecho posible la experiencia de volver el tiempo atrás, cada relato individual obligó a revivir las historias de los testigos, de los de un lado y otro. Allí, desnudas ante el frío de una corte judicial, las memorias individuales devolvieron a cada cuerpo la presencia del pasado, aunque en muchos casos bastaba sólo con verlos: el pasado estaba plasmado, patente, en cada rostro antes que en cada palabra. Y al mismo tiempo, volvieron a traer a la sala de audiencias, de a trozos, la historia de lo que ocurrió hace poco más de 33 años. Entre tironeos ideológicos aún vigentes, en lo que quedó escrito en los cuerpos, en lo que quedó destruido tras la destrucción de pruebas, en lo que todavía fuerza por mostrarse o esconderse, se dio cita, ante todo, la historia, contada desde todos los ángulos posibles.
Una vez finalizada la etapa de contraposición de testimonio sobre testimonio, que en dos oportunidades obligó a jueces y testigos a regresar a los enclaves donde se jugó de forma concreta el devenir de esta historia, un gran vacío de pesada impotencia se dejó caer durante los días previos a los alegatos. Pues cada hilo fue tirando de otro, y las causas desbordaron las causas: en conjunto, y a pesar del final que se reserva el juicio hasta el momento de las sentencias, queda la tangible sensación de haber abierto apenas una mínima puerta entre una multitud de otras más. Hasta ahora, el juicio a unos pocos de los ex miembros de la D2 no es otra cosa que la punta de un iceberg.
Aunque la defensa se ha ocupado, a su turno, de desacreditar la veracidad o fiabilidad de varios testimonios, hay algo que no se atrevió a discutir ni rebatir: la mutua prestación de “servicios” entre instituciones como la Iglesia, la SIDE, el Ejército, la Policía Federal, el propio Poder Judicial y empresas privadas que, según quedó en extremo claro, funcionaron como eslabones de una cadena de persecución, espionaje y muerte. Algo que apenas empieza a ventilarse y que, según explicó el fiscal subrogante Carlos Gonella, consiste en una estructura de poder piramidal con un engranaje y una cúpula que dirige sus órdenes hacia abajo, a los ejecutores, que son de carácter “fungible”. Con lo cual, si algún ejecutor se opusiera a cumplir una orden, la máquina no se detiene, y los ejecutores pueden sustituirse o eliminarse sin que se frustren los objetivos. Este es uno de los fundamentos sobre los que se sostiene la acusación de la fiscalía hacia Menéndez, Campos y Cejas como “autores mediatos”; a la vez que impide al resto de los ejecutores resguardarse en la obediencia debida. Es la misma teoría sobre la que ya se ha sentado jurisprudencia al aplicarse en el juicio a Adolf Eichmann y también en el Juicio a las Juntas de 1983.
El fiscal Gonella, a quien no le faltó en ningún punto de su discurso poner en consideración hasta el más mínimo detalle del por qué de la culpabilidad de los imputados, se ocupó extensamente de revisar el contexto histórico de las causas remontándose hasta la etapa previa a que la dictadura tomara formalmente el poder. “El análisis del contexto permitirá no sólo comprender el cómo y porqué del comportamiento de los imputados, sino además evitar repeticiones innecesarias, pues todos y cada uno de los hechos comparten la misma irracionalidad: la adscripción a un plan sistemático de violación masiva de derechos delineado desde el Estado, consistente en la utilización de atroces e inhumanos procedimientos de tortura como método para obtener la delación y por otro lado el ‘aniquilamiento’ de aquellos que eran considerados opositores al régimen que se pretendía instaurar. Se trató de la más cruenta, salvaje e inhumana represión ejecutada por quienes usurparon el poder formalmente el 24 de marzo de 1976, pero materialmente aún antes de esa fecha, con el deliberado objetivo de despolitizar y recluir a la ciudadanía, para ‘normalizar’ un momento histórico percibido como ‘amenazante’ para el orden social vigente, pero que en realidad era amenazante para el factor de poder vigente. Así como no se puede huir del momento histórico, aquél tiene un punto de culminación: colaborar en la comprensión del hecho delictuoso”, aseguró.
Y, coherente con su decir, durante las dos jornadas que ocupó su alegato, se dedicó a cumplir con su propia consigna: “del cuadro normativo configurado por el Golpe, derivan sus fines. (…) Sin embargo, con posterioridad esta ‘misión’ se transformó tras el Golpe de Estado en el marco ‘legal’ propio que respaldaba el objetivo real de desatar una feroz represión tendiente a despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto. (…) Allí radica la cuestión que es preciso no confundir: existió un divorcio entre los objetivos ‘normativos’ y las prácticas. Los primeros desnudaban una ilegítima coerción, pero aún en ese nivel había un marco; en cambio, las segundas revelan una radical transformación que se expresa en las sistemáticas violaciones a derechos”.
En uno de los puntos más fuertes de su discurso, que terminó de incomodar a los acusados -que secreteaban reiteradamente con sus abogados-, Gonella aseguró que todo lo anterior permitió que “la Policía de la Provincia de Córdoba quedara sometida al control operacional del III Cuerpo de Ejército, y a la ilegalidad del proceder de este último se sumó la ilegalidad del actuar policial de Córdoba que ya venía golpeando a la ciudadanía con el nefasto Comando Libertadores de América. Este modo de obrar, se encuentra previsto ya en las primeras reuniones de la Comunidad Informativa cuyo registro surge de los Memorandos de la Policía Federal” que citó detalladamente uno por uno, exponiendo incluso los números de expediente de cada uno de los imputados y sus cargos, que varios habían desmentido previamente bajo juramento.
“Ante ello, no puede asombrarnos el hecho de que las personas que cometieron los crímenes investigados pergeñaron y ejecutaron un sistema de ocultamiento de pruebas y de encubrimiento de los hechos. Ese sentimiento de impunidad fue tan grande, tan inconmensurable, que los llevó a la soberbia de creerse semidioses. Y ese vicio, esencial a la condición humana, hizo que dejaran rastros de las barbaridades que cometieron y que hoy, en este juicio, son una de las pruebas más importantes que los llevará a la cárcel”, continuó el fiscal, antes de pedir perpetua para los imputados.