Columna20.12.2009 | Ya se ha conocido, días atrás, la sentencia que el fallo de los jueces impuso para algunos de los ex miembros de la D2 por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, hay mucho más por destacar. Durante la última jornada, los discursos finales de los imputados y las reacciones que los acompañaron y siguieron, aún hablan de una deuda histórica que tiene mucho por recorrer.
Por las causas “Albareda”, “Morales” y “Moyano”, que los llevaron juntos al tribunal, el fallo judicial ordenó: para Luciano Benjamín (alias “el Cachorro”) Menéndez, quien fuera jefe del III Cuerpo del Ejército, prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua a cumplirse en cárcel común, con revocación de la prisión domiciliaria; para Rodolfo Aníbal Campos, ex jefe de la Policía de Córdoba entre 1979 y 1980, prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua a cumplirse en cárcel común, también con revocación de la prisión domiciliaria; para Hugo Cayetano Britos (ex chofer y encargado del Archivo del D2) y César Armando Cejas (ex segundo jefe del D2), inhabilitación absoluta perpetua y prisión perpetua a purgar en cárcel común; para Miguel Ángel “el Gato” Gómez, ex cabo de la policía cordobesa, 16 años de prisión en cárcel común e inhabilitación absoluta perpetua; Calixto Luis Flores, el único de los imputados que no hizo uso de su derecho de tener “la última palabra”, resultó absuelto.
El primero en hacer uso de dicho derecho fue el ex general Menéndez, quien se extendió por poco más de una hora en su discurso; fue el único que, al momento de hablar, se levantó del banquillo para sentarse en el lugar de su abogado. Allí, como abogado de sí mismo, más que ejercer el derecho de la última palabra para utilizarla en defensa propia, se dedicó a ejercer una vez más una fervorosa defensa de la dictadura y la acción militar en lo que, según insiste, fue una “guerra, la más total de todas las guerras”.
En tono firme y desafiante, comenzó con una pregunta dirigida, con la mirada, directamente al público presente en la sala: “hace 50 años la guerra estalló brutalmente en este país. Pero hay algo que oculta la parte querellante: ¿quién empezó? Simplemente por estar en la ruta de conquista del comunismo internacional sufrimos el asalto de los terroristas marxistas”. Haciendo referencia constante a lo que denomina “la invasión comunista internacional”, y estableciendo puntos de comparación permanentes con el comunismo italiano (desde su punto de vista, mucho más benévolo que el caso argentino), insistió en dejar en claro que “los terroristas quisieron sumar a los argentinos como satélite de la URSS y someterlos a su régimen despiadado y brutal, que quitara la libertad para pensar y disponer de nuestras vidas, la libertad de prensa” (no es algo que también hizo su ejército anticomunista en nuestro país). Según afirmó, en esta ocasión como en cada una en la que tiene oportunidad de hacerlo, “era la guerra total, injusta, la guerra revolucionaria; una guerra declarada a la República, ante la que teníamos que tomar medidas”. Por eso, según él, las Fuerzas Armadas defendieron a la sociedad, y ésta les brindó su total apoyo.
Tal como en otros juicios, el ex general repitió que tanto él como sus soldados “vencieron a los enemigos por pedido de la Nación. Ahora la Justicia nos juzga por supuestos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en la guerra revolucionaria. Las fuerzas éramos legales. Resulta ridículo que nos juzguen y nos condenen 30 años después de terminar con la violencia con el argumento de no haber aplicado el Código para terminar con el enemigo”. Hasta que finalizó haciendo clara alusión al Gobierno actual que, de acuerdo con sus propios parámetros y conceptos de lo real y lo imaginario, forma parte de una gran conspiración comunista que aún actúa en el seno de nuestra sociedad, pues: “los mismos guerrilleros de los ’70 están ahora en el Gobierno, en el Congreso y en la Justicia, siguiendo la doctrina de su maestro Gramsci de meterse en la sociedad, educación y la política para tomar el poder”. Terminó con una arenga “a recuperar la democracia”, y llamó a la unión para “detener al comunismo y recuperar la democracia, la Constitución y la libertad”.
Por su parte, Campos, otro que parece permanecer en estado de guerra y ser víctima de una conspiración marxista en su contra, dio su propia versión de los hechos insistiendo recurrentemente en que en Córdoba, por el ’79, lo único que había era tranquilidad. Desde su personal versión de la historia, aquí nunca hubo persecución ni terrorismo; por el contrario, con la presencia policial “como nunca, se disfrutaba de la vida en Córdoba. Se disfrutaba de veranear en Carlos Paz, la gente vivía tranquila y nunca existió el terrorismo. Si hasta era de lo más lindo ver a la policía dirigiendo el tránsito con guantes blancos”. En relación a la muerte de Albareda, arriesgó varias hipótesis posibles como deudas de juego o motivos sentimentales, pero nunca motivos políticos o ideológicos, pues la policía que comandó, de la que dice ser pleno responsable y sentirse profundamente orgulloso, jamás se dedicó a eso: “la muerte de Albareda es el relato de una mente insana”.
Además, dirigiéndose directamente al público presente, adjudicó los motivos de su acusación por secuestro, tortura y asesinato a una “venganza personal” pues, incluso 30 años después, “hay quienes buscan una rentabilidad financiera bastante beneficiosa con estos juicios”. Según dijo, el único argumento de las víctimas es “si sale bien, lo repartimos”. Además, aclaró que si Albareda está declarado como “desaparecido” es porque su cuerpo “no está. Y si no hay cuerpo, ¿entonces qué delito hay? ¿Hay delito si no hay cuerpo del delito? ¿Dónde está ese cuerpo?”.
Britos y Cejas también hicieron uso de su derecho a la última palabra. Sus breves exposiciones se abocaron, en ambos casos, a exponer una versión victimizadas del ayer y el hoy, ocupándose de negar todos los cargos en su contra. Por último, el “Gato” Gómez, con su elocuencia y desacato ya característicos (que reiteradamente fue objeto de la llamada de atención del tribunal), también negó los cargos en su contra. Pero, más que ninguno de los otros, se adjudicó el peso de una persecución conspirativa en su contra: “el fiscal dijo que debían dárseme 100 años de prisión. Nadie hizo ese comentario ni en el juicio a las Juntas. A mí, un agente de la Policía, un cabo ascendido, un agente glorificado. Hay una animosidad, pisando el terreno de enemistad manifiesta. Van a venir causas sucesivas en mi contra. Estando libre o en la cárcel, yo voy a averiguar quién se hacía llamar ‘el Gato’ Gómez; lo voy a averiguar”.
¿Cuántos son lo que, aún y a pesar de todo, siguen en guerra?
Una bomba de humo hace que se gaste plata y se concentre atención de la prensa, mientras los ladrones verdaderos se escapan por la puerta trasera. La Defensora del Pueblo se quejó de limpieza sobrefacturada y empleados mal reemplazados. Mientras discuten unos con otros, los verdaderos corruptos brindan con champagne.
Esta semana ha sido pródiga en efectos pirotécnicos verbales, distribuidos a diestra y siniestra por quienes ya son visualizados en la comunidad como auténticos integrantes de una mafia. El concesionario de la nueva terminal de ómnibus, Néstor Emilio Otero, por toda respuesta a la interpelación a la que lo sometieron los concejales por más de dos horas y media y con base en un cuestionario de 91 puntos, los destrató, caracterizándolos de ridículos e ignorantes. Señaló que, de las cuestiones expresadas en dicha reunión, una sola sería pertinente, las rampas para discapacitados, aunque se quitó a medias el sayo aduciendo que las rampas son una necesidad en toda la ciudad y no sólo en la terminal, y que bien harían los concejales en atender los urgentes reclamos de la población para no decepcionar al soberano una vez más.
El fiscal relata la detención de la persona que podría ser el asesino de Franco Castro.