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El modelo económico –y por derivación, social- vigente desde comienzos de la década se puede definir, sin exagerar, como un sistema centralmente planificado, adaptado a algunos de los límites que impone la cultura occidental. Ni siquiera podemos hablar de los límites que establecen las leyes o el sistema democrático mismo. Porque las primeras son violadas reiteradamente sin que la Justicia se anime a castigar a los violadores, cuando éstos detentan el poder político. Y el sistema democrático es más fácilmente tergiversable aún, ya que está basado en la voluntad de los integrantes de las sociedades a defenderlo. Y en una sociedad anémica -y anómica- como la nuestra, esa voluntad es poco menos que nula.
¿Por qué centralmente planificado? Aun cuando suene tremendista, la planificación centralizada se basó, hasta su virtual desaparición con la caída del Muro, en la pretensión de igualación económico-social, dirigida y controlada por una amplia, férrea y poderosa burocracia estatal.
Por cierto, al no poder derogar la fachada democrática que permite ciertas libertades básicas, el poder político que intente instalar este sistema -el kirchnerismo, en este caso- necesita colonizar todas o casi todas las instituciones que la democracia destina a lo opuesto. Es decir, al debate permanente de ideas entre sectores que pretenden imponer las propias. El kirchnerismo lo hizo.
El primer paso requiere ganar elecciones libres. Kirchner encontró, en su momento, una suma de situaciones políticas que le permitieron obtener esa victoria sin necesidad de mostrar demasiado sus cartas. Cosa que, hay que admitir, casi nadie hace. Con Duhalde en situación de “acomodar” el acto electoral a sus necesidades, y habiendo sido su objetivo personal el de evitar a toda costa que Menem volviera al poder, logró que el peronismo no menemista apoyara a su delfín: un santacruceño al que no conocía demasiado pero al que, habrá supuesto, podría controlar con facilidad.
Ese primer paso estaba dado. El resto fue mérito del propio Kirchner para explotar las fobias de la sociedad y conseguir así una cuota de poder enorme. En particular, una amplia mayoría legislativa que le permitió no sólo allanar el camino del Poder Ejecutivo hacia un gobierno casi sin controles ni límites, sino además una Justicia sumisa por la amenaza que representaba un organismo tan poderoso como intimidante: el Consejo de la Magistratura, en manos de dos de las espadas más fundamentalistas del kirchnerismo, Diana Conti y Carlos Kunkel.
La oposición política, confundida y extremadamente atomizada, no encontró, a lo largo de más de seis años, la forma de ofrecer un mensaje atractivo a la sociedad. Todavía hoy no puede hacerlo, y apenas si intenta capitalizar la lógica caída de popularidad del Gobierno.
Con un panorama tan propicio, los Kirchner comenzaron a instalar su “modelo”. Desde el principio, había que desalentar la actividad privada, de manera que cualquier proyecto económico importante pasara inexorablemente por el Estado. Es decir, por el Gobierno. Durante el de Néstor, hubo reprimendas públicas contundentes para aquellos que no entendieron o no acataron las nuevas condiciones. Así sucesivamente, varias empresas y sus dueños o ejecutivos fueron públicamente presionados. Supermercadistas como Coto y Jumbo, petroleros como Shell o ESSO, y hasta multinacionales como Techint fueron puestos en vereda rápidamente. Al campo, entretanto, crecientes retenciones.
El empresariado quedó rápidamente mudo. Comenzó entonces la etapa de igualación hacia abajo. Donde hubiera recursos, debían pasar rápidamente a manos del manejo estatal. Así, el Correo, Aerolíneas Argentinas, las AFJP o el agua, por ejemplo, pasaron a control estatal. Algunas proveían recursos financieros; otras, políticos, por concesiones ideológicas a eventuales aliados.
El efecto fue el obvio: las inversiones comenzaron a menguar, hasta casi desaparecer. Durante los primeros años de la década, la megadevaluación de Duhalde destruyó el consumo y generó una capacidad productiva ociosa enorme; vale decir, por otra parte, que ya se había incrementado fuertemente durante el menemismo. Fomentar el consumo tenía, entonces, varias facetas positivas. Enormes ventajas políticas de corto plazo, una recuperación -no crecimiento- tan fuerte como fuerte fue la caída y la obtención de financiamiento para uso discrecional del Gobierno.
Así desembocamos en la situación actual: alcanzada casi la totalidad de la capacidad productiva; el campo resistiéndose a ser depredado por la voracidad fiscal, aunque varios sectores como la lechería y la carne fueron terriblemente afectados; y el Gobierno amenazando con quedarse con YPF por la misma combinación de motivos financieros y políticos.
En seis años, el kirchnerismo logró decapitar a todo aquel sector que asomó la cabeza. Eso es igualar hacia abajo. La excusa fue la distribución de esos “excedentes” entre los más pobres. Así no ha salido del subdesarrollo ningún país. Por el contrario, así es como muchos han condenado a sus sociedades a permanecer en él. Eso es lo que sucedió en Argentina.
Sin embargo, y aun ante la evidencia del fracaso de tan retrógrada política, no escuchamos propuestas distintas. La izquierda se convenció de que está bien igualar hacia abajo, aunque con mejores modales que los de los Kirchner. La derecha, que presuntamente cree en la potencialidad de los privados, aun con la necesidad de un Estado muy fuerte, no se anima a salir del placard.
Mientras tanto, nosotros, la sociedad, miramos y escuchamos, tan confundidos como desorientados. Pero también tan víctimas como victimarios, ya que fuimos nosotros quienes sucesivamente dimos alas a estos aventureros retrógrados, incluso a sabiendas de que sus grandilocuentes promesas de felicidad instantánea eran tan utópicas como irresponsables.
Fuimos, hasta ahora, parte del problema. Por más que nuestros patéticos líderes lo hayan sido más.
Alguien, en algún momento, deberá hacernos propuestas adultas.
Alguien deberá proponer un modelo distinto, en el que no todos seamos iguales, sin por eso condenar a nadie a la pobreza.
¿Dónde está hoy ese “alguien”?