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Evidentemente, esta variable jugó un rol central en el crecimiento económico posterior al 2002, pero hoy las políticas deben pasar necesariamente por otro eje. La decisión de devaluar beneficiando a todas las empresas, sin importar sus características y potencialidades, bloquearía los incentivos para acumular capital innovando. ¿Por qué razón una empresa incurriría en inversiones para tecnificar la producción y elevar sus niveles de productividad, si no se ve obligada por la competencia o el Estado?
El crecimiento de las exportaciones nacionales de los últimos seis años, que pasaron de U$S 30.000 millones en el 2003 a  U$S 70.000 millones en el 2008, suele asociarse al aumento de los precios y los volúmenes comercializados de los productos agrícolas. En un segundo plano se considera la suba de las exportaciones de bienes industriales como factor que acompañó esta escalada.
Sin embargo, en el gran salto de esas ventas existe una variable clave que suele pasar inadvertida en los análisis: el aumento del valor promedio por tonelada exportada de las manufacturas de origen industrial pasó de U$S 1.097 a  U$S 2.933 en dicho período.
El valor medio de exportación de la economía nacional alcanzó los 700 dólares por tonelada, un 122% más que en el 2003, cuando era de apenas 316 dólares. Este ascenso obedece principalmente a un cambio estructural en las ventas de la industria nacional, pues todas sus ramas productivas han desarrollado envíos al exterior de bienes con mayor valor agregado.
En estos años, el tipo de cambio real se redujo en relación al dólar y a la canasta de monedas de exportación, pero sigue siendo alto con respecto a los años anteriores. Entonces, ¿por qué los empresarios argentinos siguen reclamando al Gobierno un mejor tipo de cambio, como lo hacen sus pares brasileños? En Brasil, el vocero de la Fiesp sugirió que el ministro Guido Mantega implemente un programa de reducción tributaria para los empresarios volcados hacia el comercio exterior, y que implemente una nueva devaluación del real.
¿No bastaron los años de beneficios extraordinarios y salarios bajos en dólares para ganar competitividad sobre la base de la productividad y la calidad de los productos, en ningún lado de la frontera? ¿Ni el gobierno de nuestro país ni el de Lula, al que desde aquí se vislumbra casi como perfecto, hicieron lo necesario para mejorar la competitividad de sus industrias?
¿No será que hay cosas que debe hacer el sector privado, que por lo general en América Latina pretende que el Estado asuma los costos de la mejora de la competitividad?
¿Por qué no hacer el intento de desarrollar la economía de manera similar a las experiencias del sudeste asiático? Allí, el Estado otorga subsidios en forma de créditos o garantías, en base a metas de inversión, empleo y/o exportaciones. La competencia se utiliza para forzar a las empresas a aplicar esos fondos a los fines que el Estado señala: si una empresa local quiere mantener el flujo de ayuda pública, debe cumplir las metas estipuladas.
Un determinado objetivo de exportaciones implica, por ejemplo, que la empresa deba superar la competencia externa para continuar recibiendo la ayuda; de esa manera se puede obligar a las compañías a ampliar la escala o a innovar sus procesos. Sólo cuando se aplican de esa forma, los fondos logran niveles de productividad que les permiten competir en igualdad de condiciones y abonar salarios similares a los de otras latitudes; proceso que requiere, a su vez, de fortaleza sindical y políticas estatales de ingreso.
En Argentina, a comienzos del 2002 la devaluación revirtió la relación de precios desfavorables para la industria; también para el sector agropecuario, que había imperado durante toda la competitividad. Por su misma magnitud, esta medida generó una fuerte protección frente a las importaciones y un estímulo para las inversiones.
Entre 2003 y 2007 el PBI industrial, como ya vimos, creció un 16% por encima del PBI total y del agropecuario. Pero sobre todo desde el 2005, con el aumento de la inflación, el dólar comenzó a revaluarse. La reducción del colchón cambiario, junto con las actualizaciones salariales, provocó una disminución de las ganancias excepcionales de los primeros años post devaluación.
En la actualidad, varios sectores de la industria están amenazados por la apreciación de la moneda local, especialmente por la importación de productos cuyos precios se fijan en el mercado mundial en dólares; que encima se sigue depreciando continuamente frente al yen y el euro.
Esta pérdida de competitividad en distintos sectores industriales indica también que la inversión realizada en los últimos años, si bien fue elevada, no fue suficiente en términos de calidad y cantidad para revertir su vulnerabilidad, su dependencia de la protección y el estímulo exportador a través de un tipo de cambio elevado.
El Gobierno también tiene culpa en esto. Las deficiencias de las inversiones también se deben a la ausencia de financiamiento y de políticas de incentivos para el desarrollo de nuevas actividades. Los préstamos bancarios son difíciles de conseguir para las PYME, y a los sectores de mayor concentración y capacidad financiera son los que tienen mayor capacidad de inversión.
También es cierto que el sector privado tiene conductas cortoplacistas, aversión al riesgo y búsqueda de ganancias financieras y de acumulación patrimonial en tiempos tan cortos que en el primer mundo serían impensables. A esto hay que sumarle el creciente grado de extranjerización del aparato productivo: buena parte de las maquinarias y equipos necesarios para producir proceden del exterior, y lo que aquí se produce en término de equipos se hace en compañías transnacionales.
La experiencia indica que el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo es una condición necesaria pero nunca suficiente para mejorar la competitividad en base a la tecnificación y la diversificación. La devaluación de la moneda es un recurso de fácil implementación, pero tiene costos que deben tenerse en cuenta: el aumento del precio de los bienes importados y el aumento de la rentabilidad de los exportables genera presiones inflacionarias en el mercado interno.
¿Cuál es la alternativa? Contar con políticas tecnológicas y productivas que tengan en cuenta la experiencia de graves fallas y distorsiones de las políticas promocionales del pasado.
Se deben privilegiar políticas industriales que impliquen objetivos y que, por ende, premien ciertas conductas; pero no al conjunto de empresas, como se hizo en los últimos años. Cualquiera sea el mecanismo aplicado, el Estado podrá planificar el desarrollo, especificando metas y retirando el subsidio cuando ésas metas sean incumplidas. Aunque este control es imposible si el único instrumento de promoción, o el más importante, es el tipo de cambio.