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Los seis decapitados eran cinco oficiales de policía y un fiscal del Estado. Sus cabezas fueron descubiertas por recolectores de basura que vieron cómo la sangre corría por la vereda hacia la calle, según dijo un portavoz de la fiscalía del Estado.
Eso fue el día 16. Para el día 20, la Policía Municipal de la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Quintana Roo, en el sur de México, informó del hallazgo de ocho cadáveres calcinados dentro de un camión. Los cadáveres estaban alineados dentro de la bodega de carga del vehículo.
Por otra parte, en el mismo fin de semana cinco personas fueron ejecutadas en distintos puntos de la ciudad de Tijuana, cerca de la frontera con Estados Unidos. Uno de los cuerpos fue localizado tras un campo de béisbol, decapitado y junto a una cartulina cuyo mensaje no fue divulgado. En una vivienda del centro de la ciudad, tres jóvenes murieron acribillados por disparos de armas de gran calibre; en las inmediaciones de los juzgados estatales se encontró otro cadáver ejecutado con arma de fuego.
Seguramente la mayoría de ustedes escuchó la noticia de la muerte de Marco Arturo Beltrán Leyva, el  “Jefe de jefes”, como se lo conocía. Beltrán Leyva falleció durante un operativo realizado por la Armada mexicana en un lujoso edificio del centro de Cuernavaca, capital del central estado de Morelos, en el que perdieron la vida otros seis sicarios.
Esta fue una noticia ampliamente difundida por los medios y felicitada incluso por el gobierno de los Estados Unidos, tan propenso a creer que el mal se encuentra encarnado en una sola persona, desaparecida la cual, los problemas se esfuman como por arte de magia. Una visión tan simplista y ampliamente refutada por la realidad no puede esconder una guerra no declarada, pero que está dejando miles de muertos en un país que se degrada a la vista de todo el que lo quiera ver.
La noticia de los muertos decapitados no sale en los medios internacionales; cuanto menos gente se entere, mejor. Pero para los que siguen esta columna, no es novedad que este tema es, para mí, casi una obsesión.
Personalmente recibo información de los diarios mejicanos todos los días, ya que el incremento del narcotráfico en México y la degradación institucional que está causando, es el tema de la Tesis que preparo como final de mi Maestría en Relaciones Internacionales.
Por lo pronto, Estados Unidos y México han decidido abrir la primera oficina conjunta para luchar contra el narcotráfico en el Distrito Federal de la capital mexicana, en el marco de la iniciativa Mérida. Según adelantó en rueda de prensa el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, comenzará a funcionar como muy tarde el próximo mes de abril.
"Nosotros no tenemos operativos en México, tenemos consejeros que trabajan de manera expresa con socios y homólogos mexicanos para pasar información, platicar y realizar estrategias, pero no operativos", explicó el embajador. Todos sabemos cómo operan los consejeros americanos por todo el mundo.
Sabemos también que la droga destruye a las sociedades en las que ingresa. A los jóvenes los convierte en seres de descarte ni bien comienzan sus vidas; y si eso solo no fuese terrible para un país, el dinero que mueve este negocio corrompe sus sistemas políticos, judiciales y policiales. La población toda termina sufriendo lo indecible. Y la posibilidad de que suceda en nuestro país es alta. Por eso en su momento me interesó el caso de Colombia y ahora sigo atentamente el de México.
Los carteles mexicanos han desplazado a los colombianos en la comercialización de drogas hacia los Estados Unidos. Por supuesto, y a pesar de la visión simple de los americanos, la muerte o encarcelamiento de los jefes colombianos no terminó con el problema; es más, se los acercó a su territorio hasta casi tocar sus puertas.
Con una inhóspita y extensa frontera de 3.200 kilómetros compartida, México es la principal puerta de entrada de drogas ilegales hacia el mayor consumidor de estupefacientes del mundo.
Los fuertes operativos realizados en México han tenido un relativo éxito: las organizaciones parecen haber diversificado sus actividades y han realizado un esfuerzo mucho mayor por legalizar sus actividades o darles otro giro.
Las redes de distribución de drogas son afectadas, pero entonces se incrementan los secuestros y las extorsiones. Es un secreto a voces que la enorme mayoría de las casas de apuestas del centro y norte de México pagan un "impuesto", reforzando la tendencia de obligar a ciertas grandes empresas a hacer pagos para no ser afectadas en sus intereses. Se ha incrementado también la participación de organizaciones de pandilleros en el tráfico de centroamericanos a México, camino a los Estados Unidos.
Mientras se especula con identificar a grandes personajes ligados al crimen organizado, éste penetra y contamina sociedades, empresas y se involucra en otras actividades ilegales. El problema de las drogas es mucho más un problema de gobernabilidad que de economía. No todos los países que tienen la capacidad de producirlas lo hacen. Existe una concentración muy alta de la industria ilegal, y se realiza en aquellos países donde es más fácil producir y distribuir ilegalmente la droga. 
No existen datos oficiales sobre el lavado de dinero del narcotráfico en nuestro país. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo creado por la ley antilavado para detectar este tipo de operaciones, está cuestionada dentro y fuera del país. Aunque trata de defender los avances logrados en los últimos años en la lucha contra el lavado de dinero, al afirmar que la cooperación con la Justicia y dentro del gobierno en esta materia tuvo importantes avances.
Hace pocos días partió una misión del grupo de acción financiera internacional (GAFI) que evaluó al país en este sensible tema. La evaluación del GAFI fue particularmente puntillosa sobre la UIF, y preparará un crítico informe respecto de la falta de recursos humanos y tecnológicos, la inexistencia de condenas judiciales y los continuos cambios normativos producidos durante el régimen de blanqueo de capitales.
El tráfico y la producción de drogas necesitan de la posibilidad de conseguir insumos en el mercado negro o en el extranjero e importarlos de contrabando. Los cultivos deben protegerse de los grupos encargados de hacer cumplir la ley. El proceso manufacturero debe ser clandestino, se necesita de redes de distribución y de la posibilidad de exportar de contrabando la mercadería, los ingresos obtenidos deben lavarse. Todas estas actividades necesitan de un lugar “especial” para poder llevarse a cabo a grandes niveles. Sobre todo necesitan de la corrupción de un grupo importante de funcionarios para mantener la maquinaria en movimiento.
Es obvio que la producción y la venta de las drogas requieren de involucrar a muchas personas que apoyen activa o pasivamente la actividad ilegal. Estas redes sociales ilegales necesitan de una gran cantidad de personajes: policías, militares, químicos, abogados, jueces, políticos, etc. Por eso esta industria necesita de países con instituciones vulnerables, y actúa integrando los procesos de corrupción que pueden llegar a penetrar hasta lo más alto del gobierno de un país. Y mucho me temo que cumplimos algunos de los requisitos.