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Entre 2010 y 2014 caducarán las patentes de ocho medicamentos que el año pasado registraron una facturación conjunta de 43.100 millones de dólares. En el caso de algunos laboratorios, estos “medicamentos estrella”, naves insignias de sus empresas, han llegado a representar el 40% de la cifra total de sus ingresos; eso los pone en una situación más que difícil ante la caducidad de la respectiva patente y la entrada en competencia de los fabricantes de genéricos.
Ante esta situación las empresas se están valiendo de todas las presiones posibles para no verse tan afectadas. Desde pedir tiempo extra para sus patentes hasta poner todas las trabas del mundo para la fabricación de medicamentos genéricos.
El periodo de protección que ofrece una patente varía en función de los países, pero suele ser de diez años. Sin embargo, los laboratorios aducen que la protección no empieza cuando el fármaco llega al mercado, sino que una empresa la solicita cuando aún está llevando a cabo los ensayos preclínicos; esto puede ser cuatro años antes de que llegue a las farmacias.
Los expertos calculan que, en el primer año de caducidad de una patente, la competencia de los genéricos hace que el precio del producto de marca se reduzca hasta un 85% en mercados competitivos, como el estadounidense y el europeo. No sucede lo mismo en nuestros países, pero la posibilidad de fabricar los medicamentos en laboratorios estatales reduce mucho el costo de los remedios.
En el mercado de los medicamentos normalmente el paciente no elige, y desconoce qué son los medicamentos genéricos. Es aquí donde los gobiernos nacionales y provinciales deben empezar a actuar; no sólo para defender sus siempre empobrecidas arcas, sino también para defender el bolsillo de los ciudadanos.
La principal ventaja de un medicamento genérico frente a un medicamento de marca es el menor costo, ya que el genérico no requiere inversión en investigación, desarrollo y promoción. Además de la ventaja del precio, estos medicamentos cumplen con los mismos registros sanitarios que los medicamentos de marcas y tienen la misma eficacia sobre el organismo.
Pero estamos hablando de un negocio que mueve cifras increíbles y que no duda en prebendas y lobbys cercanos a lo ilegal para quedarse con parte del mercado. Parte del negocio se pone en movimiento cuando los distintos laboratorios no dudan en agasajar a los médicos, en obsequiarlos con asistencias a congresos, regalos, viajes de estudios y reuniones científicas en lugares de turismo, que dejan en la memoria de los facultativos el recuerdo de determinadas marcas comerciales en el momento de redactar la receta.
Desde la perspectiva de la prescripción, los genéricos incluso facilitan la labor del médico, ya que no se ven forzados a recordar marcas comerciales (que las hay a montones) sino que tienen que memorizar sólo el principio activo y la dosis. Claro que este simple dato no tiene ningún tipo de recompensa extra para nadie, salvo para quien tiene que ir a la farmacia a comprar lo prescripto.
Desde hace dos años aproximadamente, los laboratorios han comenzado a llevar adelante una nueva estrategia. En el caso de los medicamentos pasa por hacer confundir la vulneración de la propiedad intelectual con los atentados contra la salud pública, como si fueran delitos equivalentes.
Las medidas legales que se propugnan en los principales organismos de comercio mundiales, constituyen una amenaza para los medicamentos genéricos elaborados de acuerdo con normas sanitarias adecuadas. Se aborda el tema de la falsificación de medicamentos confundiendo a menudo los aspectos relacionados con la propiedad intelectual y la salud pública, como si se tratar de delitos de naturaleza similar.
Según esta visión, el problema de la falsificación se vincula directamente con la implementación de regímenes de propiedad intelectual. Y es frecuente que en los debates y propuestas el concepto de falsificación o piratería se aplique a medicamentos genéricos legítimos, que se comercializan sin autorización de su inventor.
Si una compañía fabricara y vendiera un medicamento sin consentimiento del titular de la patente, y el producto fuera elaborado de acuerdo a estándares sanitarios adecuados, podría tratarse de un caso de infracción de una patente pero no de un medicamento falsificado. La diferencia es obvia para todos, aunque la legislación que pretenden imponer está redactada de una forma lo suficientemente confusa como para igualar los dos hechos.
La falsificación de marcas y las copias piratas que afectan los derechos de autor son infracciones a los derechos de propiedad intelectual y causan prejuicio netamente económico a sus titulares. Pero la falsificación de medicamentos es un delito contra la salud pública, que ninguna relación tiene con la propiedad intelectual, y puede tener consecuencias graves en la salud de la población.
La infracción de patentes es un riesgo comercial, pero no un delito asimilable a la piratería. La falsificación de medicamentos es un delito que afecta a la salud pública y en general es reprimido con pena de prisión y multa. El resarcimiento por la infracción de una patente, en cambio, es económico y propio del derecho civil.
La Asociación Europea de Medicamentos Genéricos publicó en 2008: “suprimir la distinción entre piratería o falsificación y una supuesta infracción de derechos de patente sienta un peligroso precedente, según el cual todas las supuestas infracciones de patentes equivalen a acciones delictivas como las de falsificaciones”.
Su propuesta es que la infracción de patentes quede excluida del alcance de las nuevas reglamentaciones, y evitar de esta manera toda posible confusión entre productos medicinales genéricos y medicamentos falsificados.
Sangeeta Shashikant, de la Red del Tercer Mundo, afirmó que el actual sistema mundial de la propiedad intelectual está dominado por la idea de que “cuantos más derechos, mejor”; y que la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) promueve este paradigma mediante una agenda maximalista de la propiedad intelectual, según la cual el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es la única forma de fomentar la actividad intelectual creativa.
La protección de la propiedad intelectual a ultranza tiene serias consecuencias en diferentes áreas de las políticas públicas, como la salud, el ambiente, la educación y la promoción del desarrollo científico y tecnológico. La sociedad civil cree que las normas mínimas del Acuerdo sobre TRIPS (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) ya son demasiado estrictas para los países en desarrollo, porque se basan en las normas de países industrializados.
Muchas ONG de interés público, científicos y académicos de todo el mundo reclaman una gran reforma del sistema de propiedad intelectual. Más de 500 destacados científicos, economistas, expertos legales y grupos de ciudadanos exhortaron a la OMPI, en la “Declaración de Ginebra sobre el futuro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” a adoptar una agenda más equilibrada de promoción de la creatividad y la transferencia de tecnología en aras del interés público; destacando expresamente que “la humanidad enfrenta una crisis mundial de manejo del conocimiento, la tecnología y la cultura”.