La existencia de pactos políticos en la ciudad perjudica, de manera directa, a vecinos que quieren desarrollar sus actividades de manera normal. En un claro acto de denegación de justicia, Silvia Petroni y su familia no pueden trabajar porque la Fiscalía General archivó una causa donde denunciaban un delito de coacción, impidiéndole la recuperación del capital invertido en el comercio. Las bandas en la zona de la Rambla Casino siguen tan vigente como años atrás.

A Silvia Petroni y su familia, de buenas a primeras, se les vino el mundo encima. En el 2000, y luego de que su marido perdiera el empleo que poseía en los "barcitos" de la Rambla cuando el sector pasó a manos de Florencio Aldrey Iglesias, emprendieron con mucha ilusión un comercio en el área del Casino en sociedad con Víctor Covey y Jorge Cortéz, al parecer intocables por contar con la protección o el padrinazgo de Juan Garivoto.

Estos hombres, conocidos en el sector del casino como recaudadores del diputado provincial y uno de ellos con antecedentes penales -Covey estuvo alojado en la UP XV de Batán por apuñalar a una vendedora ambulante que se resistió a sus "aprietes"-, no inspiraron desconfianza a Petroni al inicio de la sociedad. Pero, pasado el tiempo, le exigieron que le comprasen su parte del comercio, libraron un recibo por el pago de $5.000 y nunca más aceptaron repetir el acto legal. Desde entonces, se convirtieron en una amenaza para Petroni, al punto de intimidar a su familia con armas desde la puerta del local.

En febrero de 2003, esta familia de trabajadores, cansados del asedio de Covey/Cortéz, enfrentó la situación y entregó las llaves del comercio a Covey, bajo constancia de una escribana que inventarió sus pertenencias y las mercaderías existentes.

En diálogo con Noticias & Protagonistas, Silvia Petroni sólo atinó a describir los sucesos y a pedir justicia, algo que en el Ministerio Fiscal en Mar del Plata le han negado sistemáticamente; un hecho que los abogados de la ciudad consideran una "arbitraria denegación de justicia flagrante". En un pasaje de la entrevista la damnificada comentó que desde febrero de este año, y pese a que hubo un expediente judicial en trámite en el que se denunció coacción agravada, "la fiscalía de la Dra. Andrea Gómez no sólo no trabajó en él sino que consideró que no había elementos necesarios para darle curso a las tareas de investigación", opinión que hizo que se archivara la causa y que Petroni no recuperara nada de lo que poseía en el local.

N&P: - ¿Cómo es este compendio de episodios que tan mal le han hecho a usted y su familia cuando tenían, por fin, un medio para poder trabajar?.

SP: - En el año 2000, mi marido se quedó sin trabajo y le pagaron, a modo de indemnización, con útiles como para poner un bar. Hicimos una sociedad, de palabra, con Víctor Covey y Jorge Cortéz para explotar los locales 19 y 20 de la Rambla. Esa temporada transcurrió normalmente, y en el 2002 nos obligaron a quedarnos solos en el negocio. Allí se hizo un recibo provisorio de la Dra. Gómez, donde se registró un pago de $5.000 y un cheque de $ 600 del HSBC. Continuamos pagando sin que quisieran entregarnos más recibos, y a fines de enero de 2003, Cortéz nos empezó a amenazar telefónicamente para que dejemos el local. El 2 de febrero vinieron a desalojarnos por la fuerza, pero fuimos a la comisaría Casino mientras Covey y dos personas más se exhibían, de manera intimidatoria, con pistolas en la vereda del local.

N&P: - ¿Qué hicieron entonces?

SP: - Apostamos a la policía que nos custodió, pero en lugar de detenerlos los dejaron ir. Desde ahí comenzamos la lucha legal para quedarnos en el local, porque lo habíamos pagado. Buscamos un escribano para que haga el inventario de lo nuestro, y cuando le quisimos entregar la llave del local a Covey, no las aceptó y las tiró. Mientras tanto, en sede de la Fiscalía General pedí una entrevista con los fiscales, pero ni el Dr. Fabián Fernández Garello ni la Dra. Andrea Gómez quisieron atenderme, por lo tanto no tuve la oportunidad de plantearle mi problema a la justicia.

Un escenario mafioso

N&P: - Su esposo trabajaba en los barcitos de la Rambla Casino hasta que ese sector pasó a manos de Aldrey Iglesias, y como compensación le entregaron mobiliario para que ponga su propio negocio. Pero, ¿cómo aparecen Víctor Covey y Jorge Cortéz allí? ¿Cómo se hicieron de esos locales?.

SP: - No tengo idea. Pero no sólo tenían esos dos locales; también tenían el 12. Desconozco quiénes son ellos, lo único que sé es que Covey estaba en Batán y salió con libertad condicional. Cuando me amenazaba, me decía: "Podés hacer las denuncias que quieras, pero fijate lo que le pasó a la negrita que apuñalé el año pasado". En febrero de 2002 había apuñalado a una mujer, vendedora ambulante en la zona de la Rambla, y a eso se refería cuando me amenazaba para evitar que lleváramos el caso a la justicia.

N&P: - Toda esa zona está bajo el control de una organización que nunca queda al descubierto y que muchos le atribuyen su jefatura a Juan Garivoto, pero nadie lo confirma. Pero hay algo concreto: es una zona liberada donde nadie interviene cuando pasa algo...

SP: - Seguro, la Rambla Casino es una zona liberada, incluso ellos decían en nuestra propia cara que "su padrino es Garivoto". Yo no puedo asegurar nada de lo que no veo, pero ellos me lo dijeron a boca de jarro. Además, en la denuncia no fijaron domicilio, por eso nunca se los investigó y a mí nadie me llamó, ni siquiera para preguntarme si mis hijos menores viven en el domicilio donde yo denuncio las amenazas. Me cerraron la causa sin devolverme nada. incluso Cortéz dijo que "si puedo demostrar lo que digo, que se lo lleven". Pero el expediente pasó por cuatro fiscalías y todo el mundo se abstuvo de tratarlo.

N&P: - Usted en un momento nombró a la fiscal Andrea Gómez. ¿Qué rol tiene ella en esto?

SP: - En una primera instancia dijo que hubo delito de coacción. Y cuando cerró la causa, dijo que se trataba de un delito socio-económico que no corresponde a la fiscalía, y el 24 de abril archivó el expediente. Al día siguiente me recibieron un escrito donde pido que se me atienda, pero la causa ya estaba archivada, por eso no figura en ningún lado.

N&P: - ¿Y qué cree usted que tiene que ver Fernández Garello con toda esta situación de la cual usted ha resultado perjudicada?

SP: - Supongo que tiene parte de la responsabilidad. Cuando la Dra. Gómez mandó el expediente a la Fiscalía General, alegando que no podía seguir con él y lo cerró, un empleado me dijo que me iban a atender, pero eso no pasó. Luego, otro me dijo que el Dr. Fernández Garello, en persona, se iba a ocupar de solucionar mi problema pero nunca lo hizo. La única que me atendió fue la Dra. María de los Ángeles Lorenzo, que me explicó por qué ella pensaba tener el expediente ahí, ya que veía que existían hechos de coacción y que esperaba que me fuera bien. Pero también me adelantó que tenía que insistir para que se investigara, algo que nunca logré que sucediera. Yo pido que se reabra la causa porque no es justo que se pierda lo que durante años juntamos para trabajar. Perdimos los comodatos de las cosas y el fiscal Fernández Garello no me contesta nada, ni siquiera sobre el destino de la mercadería y si estoy a tiempo de recuperarla. Ellos cierran las causas como si después de eso no pasara más nada. Si ésta es la justicia que tenemos, "que viva la justicia".