En
sede tribunalicia circulaban, desde hacía
tiempo, rumores que indicaban que el rápido
enriquecimiento y el vertiginoso ascenso
en la carrera judicial del ex secretario
del juez Víctor Scoccimarro se debían
a manejos poco claros de éste en los expedientes
de quiebras de las empresas pesqueras más
reconocidas de la ciudad durante la década
pasada. Con sólo 33 años, Porzio había accedido
al cargo de magistrado, cargo que la inmensa
mayoría de los abogados de la matrícula
con carrera en los tribunales tardan casi
una vida en lograr, y acumulado, por un
breve período, un patrimonio casi inexplicable
para un funcionario provincial con un sueldo
no mayor a los $ 5.000 por mes.
Los
informes que este medio ha publicado sobre
la fortuna de Porzio, aparecidos en la edición
del 9 de junio de 2002 bajo el título "De
heladero a millonario", y del 7 de
julio del mismo año, "Pablito el aceitoso",
fueron el disparador para una investigación
judicial que derivó en el pedido de procesamiento
de una comisión especial integrada por los
agentes fiscales Pablo Poggetto, Gustavo
Fissore y Aldo Carnevale, actuando
como fiscales de Delitos Económicos en
la causa 145.016 que iniciara el empresario
Mario Alberto Pafundi por la quiebra
de Marexport SRL.
En
la actualidad, el pedido de jury se encuentra
en la oficina del Procurador, que deberá
resolver qué hace con dicho requerimiento.
Los fiscales locales han actuado con la
seriedad y el rigor del caso, lo que ha
provocado que el juez sospechado esté a
punto de comparecer ante la justicia a tenor
del cumplimiento del artículo 308 del Código
de Procedimiento Penal. Claro que antes
deberá ser suspendido en sus funciones de
magistrado, dato no menor si se tiene en
cuenta que Porzio habría prometido "llevarse
puesto a unos cuantos", en caso
de que se lo pusiera en el banquillo de
los acusados.
El
poder de la evidencia
Desde
que Noticias & Protagonistas
dejara al descubierto no sólo la cifra acumulada
en cuentas bancarias por Porzio sino la
operatoria para hacerse de ella, se abocó
al tema en la ciudad una comisión de investigadores
que gozan de gran prestigio entre los integrantes
del sistema de administración de justicia.
Ese cuerpo de pesquisas relevó importante
información basada, especialmente, en la
recopilación de datos testimoniales de personas
que comparecieron ante ellos dando detalles
del accionar del juez. También comprobaron
la existencia de varias cuentas bancarias
en las que los Porzio (el padre del juez,
un hermano y él) tienen depositados sus
"ahorros".
Los
investigadores volvieron a La Plata asombrados
por la claridad de los hechos que fueron
el motivo de su llegada a la ciudad, y comprobaron
que no era falso que el juez poseía cuentas
en el Citibank y en el Banco Provincia sucursal
Tribunales. Según datos propios de la
investigación, repartidos en no menos de
diez cuentas, los Porzio tendrían depósitos
en dólares por 1.600.000; en pesos por 45.000
y acciones y bonos por un total de $2.200.000.
Esos datos no contienen las propiedades
muebles e inmuebles de la familia, pero
contrastan de lleno con la declaración jurada
del magistrado al inicio de su carrera judicial,
allá por el año 1989, cuando decía poseer
un patrimonio de u$s 2.300.
Al
juez se lo acusa formalmente de enriquecimiento
ilícito, falsedad ideológica de documento
público y falsas declaraciones juradas.
El primero de los tres ilícitos es el más
grave, al punto que el acusado deberá justificar
como amasó tan importante fortuna en tan
poco tiempo. En los pasillos del edificio
de Tribunales se oye, con absoluta normalidad,
que "Porzio está en la cuerda floja".
El magistrado de las quiebras más suculentas
está cercano a tener que explicar cada una
de las contundentes evidencias que obran
en su contra, y se encuentra haciendo equilibrio
entre uno y otro lado de la justicia.
Las
cartas
Ni
Pafundi, denunciante de Porzio en la quiebra
de Marexport SRL, ni sus representantes
se quedaron quietos. Desde hace nueve meses,
cuando iniciara sus presentaciones, trajinan
impenitentemente por sede judicial pidiendo
acciones concretas contra el juez. De hecho,
Pafundi elevó varias cartas a los más encumbrados
órganos con responsabilidad y que pudieran
entender en el caso: al ministro de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires, Alfredo
Meckievi, le hizo llegar la causa, con
copia de documentación incriminatoria contra
Porzio. Al gobernador Felipe Solá
y titular de la Procuración General les
envió material que respalda su pedido de
pronta justicia.
Este
accionar rápido y certero del denunciante
hizo que la investigación no se derrumbara
y que la justicia pusiera especial atención
en el caso de marras. No obstante, en una
carta enviada el pasado 9 de junio por Pafundi
al titular del Colegio de Abogados Gerónimo
Granel, el damnificado advierte al colegio
de la falta de tareas de investigación en
la Unidad Fiscal 10 a cargo del agente fiscal
Osvaldo Cruz. En el texto puede leerse:
"Tal como suponía, nada relevante
se ha realizado". Cabe aquí destacar
que todas las denuncias de Pafundi contra
Porzio descansan en el despacho de Cruz:
la causa 119.599 por "Estafa, prevaricato
e incumplimiento de los deberes de funcionario
público"; y la 121.741 por "Administración
fraudulenta, abuso de autoridad, violación
de los deberes de funcionario público, prevaricato
y retardo y/o denegación de justicia".
Telarañas
En
el caso Porzio hay, como mínimo, dos escenarios
por develar. El primero de ellos está dado
en el plano de lo formal. El juez fue investigado
por los fiscales locales y por un equipo
de pesquisas platenses que recopilaron información
suficiente para que el procurador decida
sobre la posibilidad de un jury al magistrado.
Esa acción de esclarecimiento es peticionada,
además, por los fiscales Poggetto, Fissore
y Carnevale y originó una nota enviada a
Solá, firmada por setenta abogados locales,
en la que se solicita "se imprima
al caso la mayor premura que las circunstancias
exigen", en función de "dejar
a salvo el honor del mencionado magistrado
o bien para someterlo a debido proceso de
enjuiciamiento para su remoción". Entre
los firmantes hay un nutrido grupo de letrados
de renombre y prestigio en la ciudad como
Wenceslao Tejerina, Roberto Loustaunau,
Patricia Perelló, Eduardo Hooft, Luis Games,
Hugo D'Angelo, Federico Alvarez Larrondo
y Carlos Brun, entre otros.
El
segundo escenario se plantea en una telaraña
de relaciones personales entre el magistrado
y otros funcionarios del Departamento Judicial
Mar del Plata y de la misma Suprema Corte.
En función de ello es posible explicar el
por qué de la mora de la investigación en
las causas iniciadas por Pafundi y alojadas
en la UFIJE 10 a cargo de Cruz. No son pocos
los que sospechan que el cambio realizado
por el fiscal general Fabián Uriel Fernández
Garello, a principios de este año, en
la estructura del ministerio fiscal local,
obedece a contener algunas causas que eran
inconvenientes para él y su núcleo más cercano,
entre las que se encuentran las denuncias
contra Porzio que, en un principio, recayeron
en la fiscalía de la Dra. Susana Kluka
y luego fueron trasladadas a la de Cruz.
Ahora,
puede decirse que la suerte de Porzio está
echada. Aquel muchachito que vendía helados
en el verano para pagarse los estudios de
abogado, que se destacara por su obsecuencia
para con los propietarios de la empresa
donde trabajaba, no parecería, a tenor de
las denuncias, haber tenido la misma dedicación
en honrar su cargo público y apegarse a
la ley que juró hacer cumplir. El procurador
Eduardo Matías de la Cruz es quien tiene
en sus manos la facultad y la posibilidad
de hacer que el juez comparezca ante la
Justicia y explique cómo se volvió un hombre
rico en pocos años, con un sueldo que jamás
lo permitiría y sin herencias a la vista.
Además, deberá dar cuentas de cómo obró
en las causas vinculadas a las quiebras
de las empresas portuarias. Si De la Cruz
habilita el jury, Porzio tendrá que hacer
gala de las dotes de equilibrista que le
permitieron usufructuar de un cargo y unos
beneficios que otros, legítimamente, no
consiguen en toda su vida. De ello no sólo
dependerá su carrera judicial sino, y no
subsidiariamente, que el agua de borrajas
en la que hoy se encuentra sumergida la
administración de justicia, comience a asentarse
y dejar ver el fondo. 
