¡Heil, Florencio!

Dos casos expuestos en el Juicio por la Verdad, que llevó adelante en 2001 el Tribunal Oral Federal marplatense, o bien fueron tergiversados o bien no fueron siquiera publicados por el diario La Capital y, lo que es más grave aún, por el mismo Diario del Juicio. Florencio Aldrey Iglesias, a partir de recientes acciones judiciales, vuelve a revelar su totalitarismo, su manejo espurio de la información y su calidad de censor, situación a la que algunos periodistas de su medio se avienen y otros sufren.

Basta con mirar el edificio ubicado en avenida Champagnat 2551: una construcción precaria, baja, con pequeños ventanucos —que en una época tapaban las mismas estanterías del Archivo— que a la vez sirven para exponer a los periodistas a la visión pública pero esencialmente hace que reciban poco aire y poca luz. Los mismos integrantes de la redacción de La Capital llaman a su lugar de trabajo diario durante siete horas (que exceden las seis del Convenio que el dueño del multimedio desconoce y siempre terminan siendo más de siete) “La Cárcel”. Algunos son más puntuales y le dicen “Alcatraz”. Los rumores corren en voz baja, en el pasillo donde está instalada la máquina de café, siempre mirando en derredor para que ningún jefe ni ningún “alcahuete” los tome desprevenidos. El autoproclamado “diario más diario” semeja, en su arquitectura y en su dinámica interna, más que un reducto de la libre expresión, un campo de concentración. Y, a su manera, lo es.

La Capital informa lo que quiere, es decir, lo que le conviene al presidente de su “Directorio” (figura que pretende ocultar un poder unipersonal, oscuro y omnímodo) y lo que sus obedientes esbirros hacen que se publique. El “delfín” de Florencio y uno de los dos jefes de redacción, Marcelo Silvio Pasetti, recorre una y otra vez el pasillo —paralelo a Champagnat— que lleva de la parte periodística (si así se la puede llamar) a la parte empresarial, para recibir las órdenes del “Ciudadano Kane” y “bajar línea” a los redactores. Desde su cubículo, la jefe de personal, Marcia Hoet, se encarga diariamente de perseguir a los trabajadores con planillas ilegales que registran todos sus movimientos dentro y fuera de la “cárcel”, amenazas y “chicanas” psicopáticas, análogas a las que hace un par de años denunciaron públicamente un grupo de trabajadores de otra empresa de Florencio, lácteos “Amanecer S.A.”. En ese clima que remeda Auschwitz ¿se puede ser un periodista que no decline sus principios éticos y de verdad brinde “sus noticias, que siempre son primicias”? Ardua, difícil, imposible tarea. El diario La Capital es un bastión de poder del empresario más corrupto del que tenga recuerdo Mar del Plata y su misión es desinformar a la comunidad.

Censura, disimulo y omisiones

La Capital, como todo diario, tiene un archivo. Allí se apolillan y empolvan las colecciones encuadernadas del matutino incluso desde antes que Aldrey Iglesias fuera su propietario. El acceso al mismo está cerrado al ciudadano común y su uso por parte de los propios periodistas no es el que corresponde, a veces por propia desidia, otras veces por falta de tiempo, otras porque se hace imposible encontrar un sobre mal colocado, un tomo robado o perdido en la mudanza, hace ya décadas, del edificio de Hipólito Yrigoyen entre Alberti y Rawson, que actualmente ocupa LU9. Y otras, porque lisa y llanamente hubo nombres e informaciones que se borraron. Casualmente, muchos, la gran mayoría, correspondientes a las violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, de la que Florencio, el censor, fue indiscutible cómplice.

En un artículo publicado en La Capital del 12 de febrero de 2001, páginas 3 y 4, en el que se cubría la audiencia del Juicio por la Verdad y trataba el asesinato de la estudiante de Arquitectura, Silvia Filler, por parte de un comando de la CNU (Concentración Nacional Universitaria, un grupo armado de ultraderecha) alguien escribió: “cabe recordar que [el doctor Gustavo] Demarchi formaba parte de las autoridades universitarias de la época”. Pero la información no era exacta, y Demarchi recurrió a la Justicia Penal.

Por otra parte, el 9 y el 16 de abril del mismo 2001, en el marco del mismo Juicio por la Verdad, declaró el periodista, escritor y gremialista de Prensa Amílcar González, una de las personas más comprometidas y, por lo tanto, perseguidas durante la dictadura. González, en tiempos más venturosos para el país, había trabajado en La Capital, de donde era uno de los redactores más destacados. Sin embargo, en 2001 La Capital omitió dar cuenta del testimonio en el que Amílcar involucraba como cómplice de la represión al mismísimo Aldrey Iglesias. Y, lo que es más grave, el Diario del Juicio, documento supuestamente dedicado a preservar la memoria de los hechos más aberrantes de la historia argentina y redactado por una persona que integra la redacción de La Capital, estos dichos de González también se omiten, como lo hizo constar el propio periodista en una carta del 14 de febrero de 2002 dirigida a la Comisión del Juicio por la Verdad y titulada “La censura, los disimulos y las omisiones son un modo flagrante de la represión”.

El juicio al Juicio

El 26 de julio de 2004, ante el doctor Demarchi por derecho propio en ejercicio de la profesión y el doctor Jorge Enrique Kempner, apoderado de Editorial La Capital S.A., declararon en la causa “Demarchi Gustavo Modesto c/Editorial La Capital S.A.” cinco miembros del diario La Capital: el jefe de redacción Oscar Segundo Lardizábal; la secretaria de redacción Susana Mabel Scándali y los redactores Walter Daniel Della Torre, María Limay Ameztoy Oneto y Eduardo Juan Bouisson. Todos se refirieron a los casos Demarchi y González. Las declaraciones son sorprendentes, o al menos habrán sorprendido, o sorprenderán, a Aldrey Iglesias, dado que los cinco periodistas mostraron una firme voluntad de contar los hechos tal como ocurrieron, aunque ello fuera en desmedro de los intereses del empresario. La Justicia les otorgaba, evidentemente, la garantía de libertad de expresión que día a día el empresario gallego les suprime.

De las veintiuna preguntas que les fueron formuladas a cada uno, las más importantes se refieren a la existencia y manejo del archivo, donde se podría comprobar el dato de si Demarchi fue funcionario de la Universidad cuando fue asesinada Filler, si algún testigo involucró a directivos del diario La Capital por el secuestro y desaparición de personas durante la dictadura (en referencia al testimonio de González) y, en el caso de los trabajadores jerárquicos, su responsabilidad sobre la publicación del artículo. Lardizábal respondió —luego de que el apoderado de la empresa intentara desechar la primera cuestión, lo que le fue denegado— que “no recuerda haber supervisado esa nota [...] por tener franco”, que “no le consta” si se recurrió al archivo y que “cree que sí, algún testigo, fue Amílcar González” así como que “tiene entendido que sí” se publicó el testimonio.

Seguidamente declaró Della Torre. Sobre la imputación a Demarchi, señaló que “sólo lo leyó en lo que salió en las publicaciones periodísticas” (La Capital y El Atlántico). Sobre el archivo, que “no tienen el archivo que les gustaría tener, se refiere a que no está sistematizado, por lo tanto es bastante complejo buscar información” así como que la diversidad de tareas que se les encomienda a los periodistas “genera limitación al momento de recordar una fecha”. Y sobre González, que fue él, que recuerda haberlo leído en El Atlántico y que “cree que La Capital mencionó que declaraba ese día o había declarado ese testigo, Amílcar González. Pero no recuerda que se haya publicado lo que declaró”.

Ameztoy Oneto dijo que “nunca escribió nada” referido a Demarchi. Sobre el archivo, que no sabe si se encuentran allí todas las publicaciones porque “hubo algunos problemas: inundaciones, robos”, y que su uso “depende del caso y de la necesidad del periodista, del criterio del periodista”. Acerca de los dichos de González, que ella cubrió como periodista, que “recuerda que hubo una exposición sobre el papel de La Capital”, que la referencia fue “de crítica” y que esos juicios “no fueron publicados” por el diario.

“Susy” Scandali aportó sobre Demarchi que “no sabe, pero se desprende de la crónica que sí, que lo debe haber dicho [el doctor Alfredo] Battaglia”. Acerca del archivo, que “no sabe” si se recurrió a él para cubrir el caso Filler. Y sobre González, que “Tiene entendido que sí” involucró a directivos de La Capital, que ello “no” se publicó en La Capital y sí en otro medio gráfico local, que “cree que es El Atlántico”.

Finalmente, Bouisson explicó que “no sabe cuál es la declaración, viene recién de vacaciones y no está muy enterado del tema en particular” y que “Es difícil consultar el archivo cuando no se dispone de datos puntuales”. En cuanto al involucramiento de directivos de La Capital, sus declaraciones fueron palmarias: “Sí, presenció particularmente, que Amílcar González [...] deslizó sumas críticas contra el diario”, que “cree que nombró al actual director Aldrey Iglesias”, que esa información “no, no fue publicada”, que los que determinaron que la cobertura fuera parcial fueron “los jefes de redacción, Marcelo Pasetti y Oscar Lardizábal”, que “es común que si se desliza una crítica a un medio, éste no la publique” y que esta limitación anticipada “podría considerarse censura previa”.

Las palabras de González

Como señalamos, el 14/2/02 González envió una carta a la Comisión del Juicio por la Verdad en la que critica seriamente el número 1 del Diario del Juicio por la Verdad, donde, dice, “de mi testimonio, al ser glosado en forma incompleta y no textual, se ha suprimido una parte decisiva” relativa a “los instigadores y los continuadores” de la represión dictatorial. Allí reafirma: “Ese hombre es Florencio Aldrey Iglesias, que fue cómplice activo y residual de la dictadura militar y, en esa condición, persiguió al Sindicato de Prensa y a sus dirigentes” y, en 1984, junto con el intendente Roig, el secretario de Turismo Ruberto y el ministro de Trabajo nacional Casella “armó la intervención al gremio e impidió que me reincorporaran a la agencia Télam, [...] también se ocupó de prohijar una lista opositora y amañar mi juicio por despido, cuyo expediente hizo desaparecer”. Y agrega que ello sigue ocurriendo “ante la mirada absorta cuando no tolerante de los sectores de poder de la ciudad, léase: políticos, eclesiásticos, sindicalistas, funcionarios, artistas, deportistas y casi todos los periodistas, con la excepción de José Luis Jacobo, que ha denunciado, con tenacidad, los estropicios de «Florencio»”.

“Iglesias es un depredador especializado en periodistas”, señala Amílcar González, “todos los daños que pueda hacer al usufructo laboral de cualquier trabajador no se compara con el estrago que realiza con la manipulación pública y con la mentira” y “ha convertido lo que pasa en la ciudad y la zona en una vulgar mercancía”. “Quienes trabajan para este señor —en La Capital por ejemplo— pasan más vicisitudes con la deontología [ética] profesional que los periodistas del Völkischer Beobachter o Izvestia, clásicos modelos de prensa totalitaria, donde al menos, los que allí escribían conocían la línea editorial, la compartían de antemano y no la tenían que cambiar de improviso de acuerdo con la marcha errática de los negocios del turismo, la publicidad o el dulce de leche”. “En fin, a la censura, la Comisión y los juicios se la comieron. El más glotón fue [el juez] Falcone, que la consintió explícitamente durante un reportaje servicial y seguramente pactado. Para que la obsecuencia fuera palmaria, se dejó fotografiar por otro denunciado, el fotógrafo policial Oscar Alfonso”, quien aún cumple funciones en La Capital.

Pero ¿qué dijo Amílcar González sobre Aldrey Iglesias? ¿Lo nombró? ¿Y a La Capital? Las Actas del Juicio son claras y aquí está su transcripción textual: “En diciembre de 1983 regresó a Argentina y volvió al sindicato. En abril de 1984 el Ministerio de Trabajo le intervino el sindicato y la intervención fue operada por César Casatkin, que era de la UCR. La policía quería ingresar pero no la dejaron. Presentaron un recurso de amparo y el juez ordenó no innovar. El interventor asignado era Chávez, cuyo jefe era socio de Aldrey Iglesias. Cuando volvió al país pidió la reincorporación a Telam, y le contestaron afirmativamente, hasta que apareció el tándem, Roig - Aldrey Iglesias”. (9/4/2001)

“Para González la censura en La Capital aún existe, basta con ello analizar la manera en la que se publicó la audiencia anterior, donde se suprimió mucha información y se omitió referir a nombres alegados en su declaración; no se consignó el nombre del Dr. Cincotta, ni el del Dr. De la Canale, ni al represor Racedo ni sus críticas hacia el Diario La Capital. Contrariamente el Diario El Atlántico informó todo.” (16/4/2001)

Quien quiera ver, que vea: www.nuncamas.org.