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El debate está lanzado, y a propósito distintas expresiones corren por los medios, aunque destaca la de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, al señalar que la situación actual es producto del claro dominio del órgano que ejercen los diputados “K” Carlos Kunkel y Diana Conti, con las consecuencias que ello conlleva en términos de aplicación de justicia en el ámbito federal.   
Los magistrados pretenden que  el Consejo de la Magistratura lo presida el titular de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. “Cada poder del Estado tiene una sola cabeza; en el caso del Poder Judicial, no puede ser que haya dos. Por eso lo lógico es que el presidente de la Corte Suprema, como máxima autoridad, también presida el Consejo de la Magistratura”, se sostiene desde ese ámbito.
Es una rémora de la democracia la lucha permanente en torno a la designación y control de los integrantes del Poder Judicial, con una visión tan estrecha como la que surge de estos retruécanos. En esta ocasión, los más de 160 juzgados que aún no han recibido la designación correspondiente están en manos de jueces subrogantes, un estatus irregular que hace al funcionario fácil víctima de presiones políticas espurias.
Tal como reconocen en el Parlamento nacional, la batalla es ahora, o luego del 10 de diciembre, la oposición fortalecida impondrá su voluntad. El debate sobre la reforma fue aceptado por Eduardo Fellner, presidente de la Cámara Baja, y Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista. Con la actual composición del Consejo (de los 13 integrantes, 5 responden al kirchnerismo), el oficialismo se asegura el poder de veto para las cuestiones más significativas, dado que se requiere de una mayoría especial de dos tercios para decidir la acusación de un juez o para aprobar las ternas de candidatos para magistrados que se envían al Ejecutivo.
Forzado a ceder ("o lo cambiamos ahora o lo cambian después de diciembre", admitió un diputado leal a la Casa Rosada), el kirchnerismo apunta a no devolverle la preponderancia al sector judicial. "Todos los planteos serán analizados, pero no vamos a avanzar en ninguno que pretenda la complicidad con la corrupción judicial", aseguró Conti. Es curioso cuanto menos que Conti hable de corrupción, ya que su comportamiento no es precisamente el de un sujeto a salvo de la crítica, en particular por el modo de actuar que ha exhibido en relación al juez de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, o por su encendida actitud de protección a los integrantes del TOF Mar del Plata, los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Portela y Néstor Parra.
Mientras, la oposición coincide en terminar con ese poder de veto, pero tiene diferentes posturas sobre la nueva conformación. La Unión Cívica Radical (UCR) propone agregar dos miembros, un académico y un abogado, sin que la Corte recupere la presidencia. "Estamos a favor de un Consejo plural que garantice la actividad de los jueces y, a la vez, los controle y sancione", declaró Ernesto Sanz, titular del bloque de senadores y vicepresidente del Consejo a diversos medios. Es evidente que, kirchneristas o no, los políticos quieren mantener la rienda tensa sobre el Poder Judicial. Lo cual, más allá de los matices de la presente cuestión, no constituye novedad.