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JUE 02 Septiembre 2010 | Mar del Plata

Editoriales

  • Vuelta de tuerca

    20.12.2009 | Acosado por su propia incompetencia, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli decidió tomar el camino de la denuncia conspirativa para intentar ocultar que en la provincia de Buenos Aires no hay políticas de Estado referidas a la seguridad pública de los ciudadanos.

La sucesión de muertes brutales en el Gran Buenos Aires llevó al ministro a sostener que esos crímenes están relacionados con un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia de la Provincia, llevado a cabo presuntamente por policías bonaerenses retirados o exonerados, quienes, asegurándoles una mentida protección y otros beneficios, les encomendarían tareas delictivas. Se sumó entonces -luego de contradecirlo- a los dichos del juez platense Luis Arias, a quien Stornelli había denunciado en octubre pasado por el posible delito de omisión de denuncia en el que habría incurrido el magistrado al no presentarse ante el fuero penal para detallar los casos concretos en los que la policía habría reclutado menores para delinquir.
Arias ratificó sus dichos por estas horas en declaraciones a varios medios, al tiempo que apuntó: “no sé si Stornelli se informa mal o tarde, pero lo importante es que ha efectuado la denuncia”. Días atrás se conoció que fue relevado el comisario inspector Marcelo Andrade, quien había sido titular de la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor, a raíz de la denuncia por un plan desestabilizador presentada por Stornelli. Andrade, que actualmente revistaba en la DDI de Mercedes, fue directamente señalado por Stornelli en su presentación. Allí establece que los cambios en el área automotor efectuados el 16 de noviembre, con la ola de asesinatos, están en el núcleo de la oleada de crímenes de alta notoriedad pública, y da como ejemplo que el 17 fue asesinada en Wilde Renata Toscano; el 25, Sandra Almirón; el 6 de diciembre, Ana María Castro -también en Lanús-, y ese mismo día, con una hora y media de diferencia, el hecho acontecido en Villa Bosch cuando intentaron asesinar a Claudia Pitti.
No obstante, debe señalarse que en todos los casos se anunció que había detenidos vinculados a estos crímenes. En el caso Almirón, se detuvo a Mario Bravo, de 18 ó 19 años, más un menor de 15 y otro de 16, quienes serían los autores materiales del asesinato. ¿Caso cerrado? En el caso Toscano, fuentes policiales informaron que se aprehendió a Alexis Nahuel Avilés, de 22 años, en una estación de servicio situada en la calle Martín García y Montes de Oca, donde estaba con un abogado y dos familiares. ¿Caso esclarecido? Para completar, en el caso Castro se han lanzado varias hipótesis pero ningún resultado apreciable en materia de dilucidación del crimen.
El retorno a esta situación, es decir la policía como única y absoluta responsable de todo, instala en un lugar de comodidad una vez más a los políticos, que eligen victimizarse antes que actuar para cambiar esta trágica coyuntura que padece la ciudadanía argentina. Cuando no hay respuestas, cuando no existe idea alguna de cómo responder al clamor público, y luego del papelón por la investigación acerca de la desaparición y muerte de la familia Pomar, se ha elegido un clásico: la conspiración que aleje los titulares de la incompetencia lisa y llana de un hombre (o varios) para una función que nunca le fue propia y cuyos resultados tremendos están a la vista.

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