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La Argentina no está afuera del mundo; el país finalmente cuenta hoy con un “set” productivo capaz de generar recursos por sus propios méritos económicos. Es un dato cierto que buena parte de la discusión sobre la deuda en default no renegociada (hold outs) está teñida de ideologismo e intereses económicos. Ha quedado palmariamente demostrado que Martín Redrado no fue animado por inflamado patriotismo en la defensa de los recursos depositados en la bóveda del Banco Central de la República Argentina; su accionar imprudente y ciertamente malévolo quedó herido de gravedad luego de su escandalosa revelación, más tarde negada, de que tenía una lista de amigos del poder que habían comprado dólares. 
Es menester señalar que en su mayoría, los informes económicos sobre nuestro país que se publican en el Financial Times o el Wall Street Journal son elaborados por consultores argentinos. Estos documentos luego se reciclan sin mayor análisis en los medios nacionales, y sus datos se reiteran como un mantra sin depurar en las radios y servicios de televisión de todo el país.
Un caso evidente y grosero fue la cobertura que recibió la reciente manda judicial, luego rectificada, del juez Griessa, que embargó y desembargó fondos del BCRA en los Estados Unidos. Griessa ha embargado y liberado embargos de fondos argentinos de manera secuencial en los últimos seis años. Esta conducta, que debería ser puesta en perspectiva, sin embargo, queda lejos del alcance del lector argentino promedio, ya que los medios no generan la historia y el contexto suficientes e indispensables para la comprensión y desglose de la noticia. De haberse producido en nuestro país una situación similar, su actor principal hubiera sido ahogado en diatribas de toda procedencia y estilo.
Un informe crítico sobre la pretensión de los llamados “fondos buitre” fue escrito para el Congreso de los Estados Unidos por J. F. Hornbeck, especialista en comercio internacional y finanzas, el 21 de enero último, y revelado por Martín Granovsky en el diario Página 12. El economista terminó de escribir su informe justo en la misma semana utilizada por el embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, para denunciar por carta al Congreso que dos fondos buitre con domicilio en paraísos fiscales y sus lobbistas habían comenzado un ataque sistemático para impedir un acuerdo entre las partes. Timerman hablaba de Elliot Associates, de Cayman Islands, y EM Limited, también con sede en Cayman Islands y liderado por Kenneth Dart. Dijo que ambos grupos unieron esfuerzos para boicotear la reapertura del canje, detectándose la ejecución de operaciones financieras tendientes a bajar los precios de los bonos argentinos que podrían entrar en el canje como forma de pago.
En el informe se revela que los fondos que litigaron contra la Argentina en tribunales de los Estados Unidos reclaman dos mil millones de dólares del capital, pero como muchos de esos fondos están organizados legalmente en países conocidos por su falta de transparencia financiera, es difícil establecer la nacionalidad de quien los posee. Los reclamos y la actuación de los denominados “fondos buitre” debiera ser tomada de consuno por la dirigencia política como una cuestión de Estado negativa para los intereses del país.
Toda la cuestión sobre el default soberano, los saldos pendientes de pago de la deuda y el modo de apreciar el tema hacen a un embrollo ideológico y de intereses que exige mucha precisión en la información. Algo que al público, ese soberano al que poco y nada se lo considera, le está faltando.