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La denuncia provocó el consabido impacto mediático, pero no arrojó ningún resultado práctico, quizá por la falta de una legislación específica, tal vez por la indiferencia social y política al respecto.
En relación a la cuestión de marcas rescatamos lo suscrito por el abogado Roberto Porcel, especialista en cuestiones marcarias, en su blog: “En la reunión que acaba de finalizar en Chicago, Estados Unidos, de la Internacional Trademark Association, donde confluyeron más de 8.500 especialistas de todas partes del mundo, hemos presentado ante el Committee of Legislation and Regulation Latin America SC las modificaciones más notorias sobre las que se está trabajando en aras de modificar la actual Ley de Marcas.
Durante el intercambio de opiniones que se pudo dar al momento del speech para contestar las preguntas de los asistentes al INTA's Anti counterfeiting Exhibit, se pudo apreciar, sin embargo, que estamos demorados con relación a otros países del continente americano en lo que se refiere a dar cumplimiento al artículo 61 del Acuerdo ADPIC. México, por caso, ya ha modificado su legislación penal, contemplando en la actualidad un pena que puede llegar hasta los diez años de prisión; Panamá, en tanto, está en pleno proceso de modificación en este mismísimo momento, aumentando también sus penas que hoy prevén un máximo de cuatro años para llevarlas a siete años. Sin embargo lo que más me ha llamado la atención en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, es la conciencia que se advierte se está tomando y la supremacía que va adquiriendo en el resto del mundo, la lucha contra el flagelo de la falsificación marcaria y la piratería en general”.
Quizá en ese sentido haya que prestar atención a las medidas extremas que anuncia el municipio de New York para el caso de quienes comercian productos falsificados: el o los compradores de bolsos o prendas de diseño de imitación podrían enfrentar un año de cárcel o una multa de u$s 1.000, de aprobarse la ley propuesta por una concejal local, según publicó el diario The New York Post. “No queremos que se conozca Nueva York como el sitio para comprar bienes falsificados”, dijo la edil que ha sugerido la ley, Margaret Chin, quien argumentó que el dinero que ganan los falsificadores “sirve a menudo para financiar actividades terroristas o el trabajo infantil”.
Chin, como su nombre lo indica, pertenece a la comunidad de origen chino. No obstante, esta oriunda de Chinatown señala que la cuestión es un gran problema. “La gente sigue comprando y esta industria creciendo, y necesitamos frenar la demanda”, afirmó la concejal, que pertenece a la zona de Nueva York donde más se venden este tipo de falsificaciones. Mientras que los bolsos o prendas originales pueden llegar a costar miles de dólares, las falsificaciones, a veces muy fieles, se venden en sitios informales por menos de 100 dólares.
El de Nueva York es un caso para prestar atención ya que, de aprobarse, sería el inicio de un cambio cuyas proyecciones seguramente impactarán entre nosotros de manera directa e importante.