|
Crónicas de un robo protegido
Más “garanticidios”
|
por Carlos Cañón
|
 Más “garanticidios”Se cumplió el primer aniversario del “robo protegido” que motivó estas crónicas. Los ladrones y estafadores lo festejaron con mucha alegría, y Lorenzo lo conmemoró con una rosa blanca para el juez de garantías Paolini y para los fiscales Poggetto y Amavet, entre otros. Nosotros, simples periodistas que sólo reflejan la realidad, prometimos continuar con las oraciones y sueños recordatorios que tiene la víctima sobre sus victimarios, ladrones, estafadores, cómplices y encubridores, y sobre aquellos funcionarios que aumentan los daños producidos por el delito.
Lorenzo presentó en la IPP 192.292, a lo largo del último año, dieciocho escritos, de los cuales 16 se dirigieron al fiscal, uno al juez de garantías y uno al jefe de la DDI. Todos contenían claros requerimientos para que alguien se decidiera a investigar.
En octubre del 2005, Lorenzo, como víctima, pedía a la unidad fiscal que “se requiera de la seccional policial instructora que la fiscalía tenga a su disposición para que proceda a investigar cada uno de los cheques que han sido devueltos en autos, reclamando en instancia policial todos los datos que identifiquen a quien los entregó, la operación comercial que instrumenta el cheque y cualquier otro, para evitar que la autoridad policial pierda tiempo llevando citaciones, que luego la persona desoirá o porque no viene a declarar o porque no quiere y se la cita de nuevo a ver si tiene a bien de venir, y tampoco viene y pasan los meses sin resultado alguno”.
|
Víctimas al paredón
Juan Carlos Blumberg ha sido víctima de la peor tragedia que puede sufrir un ser humano, ya que perdió a su hijo Axel en un crimen aberrante.
El Gobierno nacional, los jueces que deben juzgar su delito, y especialmente el ministro Aníbal Fernández, se han preocupado de convertir a quien hoy es líder del combate popular contra los políticos corruptos, los legisladores cobardes y los jueces garantistas, en un psicópata.
La excusa que dan es que es un padre muy traumatizado por la muerte de su hijo y que no sabe nada de seguridad. Su fundación, que lleva el nombre de Axel, es una luz de esperanza frente al fracaso de jueces y fiscales.
Dijo Blumberg en Mar del Plata: “el Ministerio de Justicia ha hecho un zafarrancho con el Código Penal. Todo viene de Zaffaroni desde la Corte Suprema. No son garantistas: son abolicionistas del Código Penal”.
Preocupa la tendencia de jueces y fiscales a maltratar a las víctimas, los querellantes particulares y sus abogados. Un delincuente es atendido con amabilidad, ternura y comprensión. Una víctima, o no es atendida, o es bastardeada.
Preocupa en Mar del Plata que los fiscales se pregunten y pregunten cada vez más seguido, refiriéndose a alguna víctima o particular damnificado: “¿Qué quiere Fulano?”, cuando sólo se reclama que investiguen.
Son otros hechos muy preocupantes que un distinguido vecino, como el escribano Biesa, que mantiene su juventud en la búsqueda de la Justicia, en sus enfrentamientos con la fiscalía departamental, se pretenda enviarlo a pruebas psiquiátricas para descalificar su aptitud como denunciante.
No es un hecho aislado. Otra vecina de Mar del Plata, la señora de Vázquez, vinculada al quehacer teatral de la ciudad, cargada de ética y estética, porque denuncia a vándalos que le hacen la vida imposible en su barrio de Alvarado y Tres Arroyos, sean amenazados los testigos y a ella la lleven también a pericias psiquiátricas, fácilmente dispuestas por la fiscalía.
“Chalecos de fuerza” para víctimas y denunciantes... Otro “garanticidio”.
|
Decía la víctima al fiscal en esa época, que se debe honrar a la investigación penal, que debe ser rápida, eficiente y ágil. En otros escritos presentados al fiscal y a la DDI, el querellante particular sostuvo: “expreso mi más profunda queja y reclamo por la ineficiencia y mora en esta investigación, y peticiono pronto despacho a medidas lógicas que son fáciles hasta para no iniciados. Sólo basta preguntar a quien quiso cobrar cada cheque y llegar a quien lo usó por primera vez “.
Las conductas del fiscal y los policías involucrados en la investigación parecen una lamentable farsa y comedia de enredos que empañan el prestigio y respeto que deben tener los funcionarios que concentran el monopolio de la investigación de delitos y la seguridad de los bienes y las personas.
El 1º de febrero de este año, el querellante particular requirió una vez más al fiscal que se citara a todos los depositantes de cheques. Recuerda que en el proceso sugirió medidas sumariales que ni siquiera merecieron opinión de la fiscalía. La víctima pidió en varios escritos que se realizaran investigaciones sobre las conductas de algunos individuos involucrados en el manejo o negociación de varios de los cheques robados, como Orlando José Grosjean, que desde octubre del 2005 aparece imputado de delitos por dos testigos hábiles y contestes, uno un alto funcionario policial.
Grosjean estafó a De Pasquale con el cuento de venderle dos televisores importados marca Sony de pantalla plana por $1.500, y como no se los entregó, intentó devolverle el dinero con uno de los cheques robados. De Pasquale declaró en la IPP, y un alto oficial de policía ratificó sus declaraciones y complicó más la situación del sospechado.
¿Qué hicieron los fiscales Poggetto, Amavet o su equipo de investigadores?
Hasta la fecha, nada. “Garanticidios” para la víctima, como se dice. En cuanto aparece algún hecho que identifica un posible delincuente, se mira para otro lado.
Jamás se investigó a Grosjean, que para peor ahora se tiene la presunción de que tendría la captura pedida por la Policía Federal desde 1997, y que según un “informante anónimo” a un medio de prensa, contaría con la protección de altos jefes policiales.
El lector supondrá que si un fiscal, un juez o la policía en ejercicio de sus funciones toma conocimiento de delitos, dispone las medidas para que se investigue. Pero esto parece ocurrir sólo en las películas americanas.
La conexión “cooperativas de pesca”
Cuando el abogado Sangermano intentó cobrar en su caja de ahorros, de favor, un cheque de los robados que le entregara su amigo Jorge Alberto Mosquera por $2.397, apareció en el proceso la evidente conexión de los “ideólogos”, punteros o responsables de las famosas cooperativas de trabajo pesqueras con el mercado de estafas con cheques robados, ya que de inmediato identificó al que pidió el favor.
Éste, a su vez, intentó hasta ahora derivar la responsabilidad sobre dos presuntos “dirigentes” de la cooperativa de trabajo El Máquina —que mencionó claramente como Ricardo Vera y Rodolfo Barragán—, dio sus domicilios e incluso sus documentos de identidad. Y dijo que los mismos entregaron esos y otros cheques robados.
Pero los fiscales miraron para otro lado, y cometiendo claros ilícitos en la investigación, ignoraron los delitos que se van denunciando foja a foja por los distintos partícipes.
Ricardo Vera y Rodolfo Barragán, o son los que robaron y llenaron los cheques y estafaron a Lorenzo y a Mosquera, o deberán identificar a los ladrones.
Pero no. Ni el fiscal Poggetto, ni el fiscal Amavet, ni ningún policía, no obstante tener los documentos de identidad, los domicilios e incluso los teléfonos celulares, jamás encontraron a Vera ni a Barragán. No hay constancias en la causa de que los hayan siquiera buscado para preguntarles.
De todos modos, lo que es más grave para la responsabilidad fiscal es que el 7 de octubre de 2005 declaró en la causa el barcelonés Arturo Loscos y Clemente, con domicilio en Benito Lynch 3365, que confiesa tener tres taxis y administrar junto con su esposa la cooperativa de trabajo “Bruma de Mar”, y le imputa concretamente a Mosquera ser el administrador de las cooperativas “El Máquina” y “El Gringo”, y alrededor de otras veintisiete cooperativas más.
Otros tres testigos, aportados por Mosquera a la causa, ratificaron que éste es administrador de cooperativas de pesca, lo cual en sí mismo es un ilícito legal y tributario. Las cooperativas de pesca no deben ser organizadas como cooperativas para el crimen, y para evadir obligaciones previsionales y tributarias. Deben ser manejadas por sus socios, y ninguna persona puede convertirse en “administrador” de veintisiete cooperativas a la vez. Pero si alguien comete delitos, juez y fiscales miran para otro lado.
Además, Loscos y Clemente, que fue a declarar a la fiscalía llevado de la mano por Mosquera —que pretendió participar de la audiencia testimonial, cuestión que le fue impedida por el fiscal adjunto—, fue claro en afirmar que recibió el cheque robado de Mosquera como parte de pago de cheques que habían sido rechazados por fondos insuficientes, entregados por una deuda particular que tenía Mosquera con él, y terminó diciendo que el cheque robado “se lo dio Mosquera completado y firmado“.
El lector se preguntará, en esta conmemoración de un año de desaciertos en la investigación penal, qué hizo el fiscal respecto de Mosquera, el administrador de 27 cooperativas de trabajo y negociador de dos de los cheques robados; o en referencia a los “cabezas de turco” o presuntos estafadores Vera o Barragán. Pues bien: simplemente nada. Mirar para otro lado.
Lorenzo, frente a este panorama, ya no tiene a quién recurrir ni con quién hablar. Si presenta escritos a la fiscalía, no se los proveen, y ni siquiera le dan razones. Si quiere hablar con el fiscal o pedir audiencias, el secretario de la unidad fiscal Néstor Manuel Frendes le dirá “dígalo por escrito”. Y si quiere hablar con el juez de garantías, éste lo maltratará y atenderá en el mostrador de mala manera. Lamentablemente, el juez Paolini no lee este medio que él califica como “pasquín”. Ni la IPP, si no se enteraría.
Pero esto no termina aquí. Hay más “garanticidios” en esta simple causa penal que sirve para probar la felicidad de los ladrones y la angustia e impotencia de una víctima cualquiera.
Seguimos el próximo domingo.
|
