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Encubrimientos del fiscal
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por Carlos Cañón
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Un fiscal o un juez que toman conocimiento de delitos y miran para otro lado o los silencian, violan la ley penal. Mucho más si esos delitos son denunciados en investigaciones a su cargo. La calle lo ha decidido: delitos tapados por jueces y fiscales los hace cómplices y responsables del sufrimiento de las víctimas y la sociedad.
Desde el robo protegido del que fuera víctima Lorenzo el 18 de junio de 2005 han pasado veinte meses, y el fiscal responsable de la investigación no se decide a investigar el delito o a buscar a los delincuentes.
Publicamos el pasado domingo un mail que nos enviara Lorenzo, en el que afirmaba: “La IPP 192.292 sólo sirve para descubrir las maniobras fiscales o policiales para no investigar, pero no para identificar malandra alguno”. Y concluía: “En la IPP 192.292 ya es una vergüenza descubrir cómo el fiscal y los policías de la DDI protegen a imputados que deberían haber sido indagados y procesados, y sin embargo nada se pide a su respecto”.
Ante la gravedad de los cargos al fiscal y a la DDI de ineficiencia, de inacción o de incapacidad para investigar delito alguno, hemos decidido estudiar el expediente judicial para ver si del mismo surge objetivamente lo que Lorenzo le imputa al fiscal Poggetto.
El 29 de agosto de 2005 el fiscal se anotició de que Jorge Alberto Mosquera, domiciliado en Vergara 1857, que intentó cobrar a través de su abogado un cheque por $2.397, les imputó a Ricardo Vera y Rodolfo Barragán, dirigentes de las cooperativas de trabajo “El Máquina Ltda”, haberle entregado el cheque robado y otros cheques más.
El 7 de octubre de 2005, el barcelonés Arturo Loscos y Clemente, que intentó cobrar un cheque robado de $5.190, declaró que ese cheque se lo entregó Mosquera, administrador de las cooperativas “El Máquina” y “El Gringo”, y lo que es más grave, dijo textualmente al fiscal, “quien administra alrededor de veintisiete cooperativas, en parte de pago por cheques que le había entregado Mosquera y que habían sido rechazados por fondos insuficientes, entregados en concepto de pago por una deuda particular que tenía Mosquera con el declarante”. También que “aclara el dicente que el cheque se lo dio Mosquera completado y firmado, luego de una reunión que tuvieron el dicente, Mosquera, Vera y Barragán en una estación de servicio ubicada frente a la Central 9 de Julio”.
Otras declaraciones de la causa acreditaron que el citado Mosquera se dedica a administrar veintisiete cooperativas de trabajo pesqueras, y que por sus manos pasaron dos de los cheques robados, los que negoció pagando deudas personales o intentó cobrar.
¿Qué hizo el fiscal desde el 7 de octubre de 2005, fecha en que tuvo que decidir o bien el allanamiento de los domicilios donde ocurrirían actos tan ilícitos como que se administren en un solo lugar 27 cooperativas de trabajo, o se negocien cheques robados? Nada, no hizo absolutamente nada. No pidió al juez de garantías allanamientos o intervenciones telefónicas, ni siquiera citó a prestar declaración ni al individualizado usador de cheques robados Jorge Alberto Mosquera, ni a los presuntos delincuentes y estafadores —al decir de este último— Ricardo Vera y Rodolfo Barragán.
Lo peor es que la DDI ya sabe que Vera y Barragán viven en unas casillas precarias en una villa de emergencia, así que no son empresarios que anden con cheques de miles de pesos.
El querellante ha denunciado en la causa que Jorge Alberto Mosquera entra en la fiscalía y llega hasta el segundo piso como si fuera su casa, e incluso pretendió participar de la audiencia testimonial del barcelonés Loscos y Clemente, cuya declaración evidentemente quería controlar. La fiscalía, que presenció estos actos, debió informarlo en el expediente y nada de eso hizo.
Interrogamos a Lorenzo sobre lo anterior, que nos expresó textualmente: “Fui testigo presencial de que Jorge Alberto Mosquera trajo a declarar a la fiscalía a Loscos y Clemente, tuteaba al funcionario que tomó la audiencia, y acompañó al testigo como si fuera conocido de los funcionarios, subiendo en el ascensor hasta el segundo piso e intentando entrar a la sala de audiencias. Lo que no pudo hacer, tal vez porque como querellante particular estaba yo presente. Pero yo, como víctima y abogado, para ingresar debí anunciarme en mesa de entradas, mientras él pasó directo”.
O hay una incapacidad e inacción evidente del fiscal, o surge de la conducta de Poggetto una intención evidente de no investigar ni a Mosquera, ni a Loscos y Clemente, ni a Vera, ni a Barragán, ni los ilícitos claros que surgen del expediente.
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Despiertan los jueces
En “La conjura de los necios” capítulos I, II y III publicamos los diálogos entre Lorenzo y Gustavo Demarchi con gravísimas denuncias y críticas sobre la proyectada reforma penal que intentan el gobernador Solá y el ministro de (In)Seguridad León Arslanian.
Los jueces bonaerenses comienzan a despertar. El diario Hoy de la ciudad de La Plata publicó un texto crítico difundido por jueces de diferentes fueros de la Provincia, encabezados por el juez de Casación Carlos Mahiques y el fiscal penal en turno de La Plata, Marcelo Romero. Los jueces y el fiscal que expresaron su disconformidad fueron castigados.
La reforma está a punto de salir, sólo faltan dos votos. La historia juzgará a Solá y Arslanian si la reforma se impone.
Los jueces intentan “frenar el proyecto de reforma que es contrario a la Constitución Nacional, que carece de aval científico y adopta metodologías administrativas que lo emparentan con el sistema de atomización policial adoptado por el fracasado sistema de seguridad provincial”, dicen los jueces.
Los magistrados saben que la reforma eliminará la garantía constitucional de la doble instancia, demandará una enorme erogación de recursos y dispendios jurisdiccionales y todo para que nada cambie. “Gatopardismo a secas”, dice la nota del diario Hoy.
Que los jueces despierten y vean la deshonra y el deshonor como oferta de retiro que les ofrecen políticos y legisladores es una luz de esperanza.
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Drogas y pescado podrido
Seguimos estudiando la IPP 192.292 para ver si existen otras violaciones o encubrimientos en el manejo de la causa por el fiscal, y llegamos a que el 6 de octubre de 2005, un comerciante de la ciudad, Claudio Daniel De Pasquale, que intentó cobrar un cheque por $1.500, le imputó claramente el delito de estafa a José Grosjean o Grosgeam. Narra que dicho sujeto, al que conoció a través del comisario o capitán Néstor Hugo Ávalos, lo estafó al ofrecerle en venta dos televisores que nunca le entregó, y que para devolverle el dinero le entregó el cheque robado.
Concretamente De Pasquale denunció el delito de estafa, además del uso del cheque robado.
El 19 de octubre de 2005 declaró el hoy capitán de policía Néstor Hugo Ávalos, quien ratifica los dichos de De Pasquale y del citado Grosjean. Expresó que “nunca supo bien a qué se dedicaba Grosjean, manifestando que el mismo expresaba tener diversas actividades, alguna de ellas de tinte inverosímil (...) que Grosjean cambia de domicilio permanentemente”. Y agrega el funcionario policial que el mencionado Grosgean entregó otro cheque robado a Cristian Zapata.
Sabe el fiscal que Cristian Zapata, que intentó cobrar un cheque de $3.950 —que según ha manifestado el comisario Ávalos le entregó Grosjean—, estaba asociado con Rubén Orlando Moscardi, se domiciliaba en Buenos Aires 2270, piso 12 “C” y piso 1ro. “D”, y que ellos fueron detenidos por una comisión de narcotráfico en diciembre de 2005, y se encuentran en el penal de General Pinto y Lincoln.
Nada hizo el fiscal para que Grosjean prestara declaración, quien hasta la fecha es intocable para policías, fiscales o jueces.
Ha pasado un año y medio y la inacción fiscal sobre Orlando José Grosjean, denunciado dos veces por estafa, es muy sospechosa.
Seguimos mirando el proceso penal, y un antiguo funcionario judicial de la justicia penal de Mar del Plata, hoy gerente ejecutivo de RIPSA, ha denunciado a otro sector de las cooperativas de pesca por haber estafado a su entidad pagando impuestos y tributos con dos cheques robados por $7.020.
Jorge Giri, el funcionario en cuestión, ha denunciado la estafa y ha identificado claramente a Daniel Ernesto Tunoni, domiciliado en Paso 3105, que actuaría como presidente de las cooperativas de pesca con oficinas en la calle 12 de octubre, como el responsable de la maniobra. A su vez Tunoni le imputa a Horacio E. Pezzzoni, presunto titular de una pesquera del sur, con oficinas en Colón 3818, el haberle entregado los cheques.
Por si fuera poco el olor a pescado podrido que sale de las actuaciones fiscales en la IPP 192.292, otra pesquera conocida como “Pesquera Giordano”, que integrarían Javier Luján, Gustavo Luján, Carlos Pérez y Luis Oscar Aranda, usando a un peón llamado Martín Aníbal Torres, han negociado varios cheques robados y comprado con ellos materiales para la construcción con el que ampliaron sus casas y la pesquera.
El fiscal ni se ha preocupado de investigar que los cheques de las pesqueras, el de Luenzo, el de Grosjean y el que depositó Héctor Castillo, que nunca fue citado a declarar, son idénticos en su falsificación y rasgos.
En la causa aparece un comprador del Frigorífico SILRO, propiedad del señor Roque Guerra, entregando cheques robados según declara un productor que le vendió hacienda y un contador de la firma Piantoni Hnos, que le imputa a Luis A. Pertini, que trabaja en “La Moneta”, el haber entregado un cheque robado de $6.650 por “operaciones financieras”.
Demasiadas operaciones clandestinas, ilícitas, irregulares, como para que el fiscal mire para otro lado.
En próximas ediciones intentaremos obtener de la DDI alguna explicación sobre la inacción o fracaso absoluto de esta investigación, o las razones por las que los imputados en la causa no son investigados.
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