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Estertores del pasado
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De la redacción de N&P
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En los círculos de activistas por los derechos humanos, en particular aquellos que militaron en la década del ‘80 desde el proyecto “Nunca más”, la APDH o la defensa irrestricta de la democracia ante los alzamientos militares que signaron el gobierno de Raúl Alfonsín, hay un notorio hartazgo que, por ahora, corre con la fuerza de un río subterráneo.
Es que las acciones que tienen como blanco central a Luis Abelardo Patti o el intento ahora cancelado de traer a la Argentina a Isabel Martínez de Perón constituyen episodios de una venganza ejecutada desde el Gobierno por quienes sobrevivieron a la debacle militar de la organización Montoneros.
Desde testimonios como los expresados en “Montoneros, la soberbia armada”, del desparecido Pablo Giussani, o “Montoneros, soldados de Perón”, de Gillespi, por citar dos obras que no pueden juzgarse de parciales en ningún sentido, queda claro que el accionar de Montoneros condujo a agigantar las razones que llevaron a buena parte del pueblo argentino a creer que el golpe militar del 24 de marzo de 1976 era necesario.
En referencia a la situación de Patti, hoy nuevamente preso en la cárcel de Marcos Paz, la petición a la justicia de darle libertad hasta el momento en que proceda el juicio oral y público al que se lo someterá, por parte de los ex presidentes Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa trae una suerte de aire fresco al enviciado ámbito de la justicia federal argentina.
La otra novedad, que la dieron las cortes españolas, tendría que hacer pensar al Gobierno argentino sobre el camino que ha emprendido al permitir que sujetos de su propio sector busquen venganza utilizando el Estado argentino para sus fines. El pasado lunes 28 se dio desde España un golpe demoledor al intento de crear una situación de características criminales extremas aduciendo que los asesinatos atribuidos a la organización parapolicial conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) deberían ser caracterizados como crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.
Concretamente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado entregar a María Estela Martínez, sindicada por la justicia argentina por su presunta implicación en los crímenes de la Triple A y en la desaparición de dos ciudadanos argentinos.
No fue una mera negativa. El tribunal, presidido por el juez Fernando García Nicolás, estima que estos delitos no entran en la categoría de lesa humanidad y, en ese caso, han prescrito. Se da así por tierra con una cuestión que lleva aquí, entre nosotros, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que busca caprichosamente construir causas penales basándose en asertos como los que ahora la Justicia española ha declinado tratar por entenderlos ajenos a derecho.
El pedido de libertad a Patti, realizado por los ex presidentes Menem y De la Rúa, unido en tiempo y espacio al fallo español, debería abrir un tiempo de reflexión para todos, y debería servir para que quienes actuaron en los ochenta a favor de la verdad salgan de la modorra en la que están y empiecen a hacer oír su voz, para que no quede en la sociedad la idea falsa y grotesca de que verdad es sinónimo de venganza.
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