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Atados por el morro
Un grupo de empleados de la Planta Faenadora de Aves de Toledo S.A. protagonizó incidentes graves en el Parque Industrial local. Impidieron la entrada de trabajadores de todas las firmas al predio, y se enfrentaron a palos con la policía. La negociación está estancada: hay dieciséis despedidos, y la planta ha estado más de diez días sin realizar sus tareas habituales.
“Atados por el morro” es la frase que usó Antonio Toledo, reconocido supermercadista local, para referirse a un grupo de obreros que ocasionaron recientemente serios disturbios en la entrada del Parque Industrial, liderados por el abogado de la CTA, Juio Hikkilo. El personaje no es nuevo: ya se lo conocía de algunos sucesos acaecidos en el puerto, y según dicen los testigos visitaba las sucursales de la firma a los gritos repartiendo panfletos que preanunciaban que los hechos no terminarían bien.
Se trata de un grupo de empleados de Supermercados Toledo que trabajan específicamente en la planta peladora de pollos, que venían llevando a cabo un reclamo por recomposición salarial desde marzo pasado. Se había llegado a una negociación a través de su entidad de representación gremial, el Sindicato de Empleados de Comercio, que había llevado su tiempo, pero implicaba un incremento en los salarios y un mejoramiento en las condiciones laborales.
Hubo un acuerdo momentáneo que, según el testimonio del titular de la empresa, se mantuvo durante unos diez días después de que el aumento estuvo otorgado. Finalizado tal período, los empleados en cuestión volvieron a reclamar, y esta vez solicitaron un cambio en la representación, ya que preferían responder al rubro Alimentación: opinaban que su tarea difería sobremanera de la de una cajera o un repositor. Finalmente otro cambio: solicitaron ser liderados por una comisión propia, que ellos mismos elegirían. Organizaron una asamblea y se adelantaron a aprobar estatutos.
El pedido de cambiar la representación se elevó al Ministerio de Trabajo, después de que el conflicto se hubo agudizado, pero aquella entidad respondió que, en virtud del numeroso personal de la firma que dependía del SEC, lo más conveniente sería que fuese ese mismo sindicato el que continuara ejerciendo la representación de los obreros.
Versiones encontradas
“Ellos elaboran un producto que se exporta y se cobra en euros” se apuró a afirmar en entrevista con este medio el abogado de la CTA, Julio Hikkilo, como si fuera ése el índice que se emplea para establecer el salario de los trabajadores de cada sector. Su cálculo particularísimo, además, incluye considerar el beneficio que la firma obtiene de un subsidio del Estado nacional que se otorgó durante el 2006 para evitar la quiebra, y que actualmente es parte de la caja del pago de personal. El Estado subsidia a la empresa, no a su masa salarial. Pero bueno.
Las pruebas indican que estos trabajadores perciben en realidad un sueldo en blanco cercano a los dos mil pesos por su tarea (prácticamente lo mismo que una directora de escuela primaria con antigüedad en el cargo), cuando realizan una tarea manual que no requiere mayor capacitación que la práctica implicada.
La negociación se desmadró cuando dieciséis de los empelados que llevaban adelante un paro, y formaban la nueva comisión directiva, fueron despedidos. En realidad, la nueva entidad gremial que planeaban aun no había sido reconocida por el Ministerio de Trabajo. Es decir que, si bien habían realizado una asamblea en el mismo comedor de la empresa para constituir una asociación independiente, fehacientemente no existía todavía: no podía convocar a la huelga. Pero el abogado continuaba invocando a los gritos artículos de la Constitución que utilizaría como amparo de la situación laboral de los ciudadanos.
De allí en más, fue un acabose. Los sucesos se completaron cuando una manifestación impidió el acceso de todos los trabajadores del Parque Industrial el 17 de abril, situación más que confusa que requirió intervención policial con consecuencias por todos conocidas: siete heridos y muchas personas en riesgo real de sufrir consecuencias aun peores.
Los trabajadores no se contentaron con manifestar en la puerta de la planta de faena: obstruyeron la entrada al predio, y con ello el derecho a trabajar de más de tres mil familias que dependen laboralmente del sector, contabilizando las tareas que desempeñan allí más de 50 firmas.
El inspector Gustavo Salvá, a cargo de la Policía Departamental Mar del Plata, dio un panorama de los hechos. Dijo que se había encontrado con la situación de que en ese momento 400 personas veían impedido su acceso al lugar, cien de las cuales eran otros empleados de la firma Toledo que querían trabajar porque no se sentían representados por los manifestantes, y que ese estado de cosas no había permitido ninguna posibilidad de diálogo, que era la manera de intercambio que ellos habían propiciado.
Consumados los hechos, dijo, viendo la violencia de los manifestantes y el bloqueo del piquete, decidió buscar un camino alternativo de entrada. Encontró un sendero de tierra que sería útil a esos fines, y decidió entrar por allí con un colectivo que podría llevar a los trabajadores. La cuestión es que “por una impericia en el manejo”, el chofer del colectivo en el que el mismo Salvá se había subido, terminó bloqueando el nuevo acceso, y dando el tiempo suficiente para que unos 25 manifestantes los enfrentaran con palos y otros objetos contundentes, a la vez que buscaban la manera de arrojarse bajo las ruedas del colectivo con el propósito de responsabilizar por los daños al personal de seguridad.
Las únicas fuerzas policiales presentes en el lugar al momento eran seis hombres y tres mujeres, una de las cuales resultó internada luego de que miembros de esa multitud la tiraran al piso para patearla y tomarla de los cabellos. Una locura.
Por supuesto que los trabajadores que estaban dispuestos a ingresar a sus trabajos dentro del mencionado transporte desistieron inmediatamente, movidos por la violencia de la escena.
Comercio
La voz que completa este mosaico es la de Jorge Trovato del Sindicato de Empleados de Comercio. De su testimonio se desprende que la lucha trasladada al parque industrial no es en realidad la que deviene de un reclamo salarial, ya que estos trabajadores cobran más que muchos empleados de diversos sectores industriales. Se trata de un enfrentamiento sindical, una lucha de poder por la representación de una cantidad muy numerosa de afiliados de una firma que se encuentra -hasta el momento- dependiendo de Empleados de Comercio, a la vez que la CTA parece tener otros planes. Al menos a eso suena, ya que mostró una solidaridad incondicional en el conflicto a través de la jefa de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza, que no termina de explicarse.
¿Habrá alguien más que busque quedarse con la administración de los aportes gremiales de una de las empresas con mayor cantidad de trabajadores activos? Es posible
De hecho, los rumores dijeron que se había visto a Ricardo “Chacho” Berrozpe merodeando por los espacios elegidos para la manifestación, en los cuales se reclama por la reincorporación de los dieciséis despedidos. Todos supieron de inmediato de qué se trataba, y cuáles eran las fuerzas que se estaban trasladando a este escenario casi rural, a la vez que el activista social comenzaba con su eterno pedido de bolsas de comida.
La cuestión real es que un país con instituciones requiere que todas las luchas sociales y laborales se enmarquen en unos procedimientos y no en cualquiera, por más que un abogado arengue a las tropas a hacer escándalo prometiendo un éxito asegurado.
Los salarios son una discusión, y la libre circulación por los espacios de trabajo, otra. La seguridad de las personas que transitan por el país, una tercera. “Atados por el morro” estuvieron todos los que deseaban esa mañana trabajar para ganar su salario. Atados a un caos inexplicable de palos y piedras. Y mientras tanto, algún trasnochado invoca la Constitución, y todavía cree que lo avala.
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