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Pedirle a la gente o a las empresas –no son otra cosa que grupos de gente- que hagan lo posible por ganar menos dinero que el que habitualmente ganan, es tan ridículo y antinatural que sólo se le ocurre hacerlo a gobernantes demagogos y escasos de imaginación sobre cómo mejorar la situación de los más pobres.

Suena bien, especialmente cuando los destinatarios de tales pedidos/ruegos/súplicas hechos con un rostro adusto que denota un dramatismo fatal, son las empresas privadas: entes amorfos y en apariencia inanimados que, por tal motivo, constituyen fáciles blancos para las demagógicas parrafadas de los políticos oportunistas con poca imaginación. Suena bien a los oídos lastimados de los más pobres, escuchar a un o a una presidente, congresista o, mejor aún, dirigente gremial –como se lo escuchó al lugarteniente de Moyano, Julio Piumato- pedir encarecidamente a las empresas que no quieran ganar más dinero que el que ganan. O más bien, que se conformen ganando un poco menos.
Sonaría raro, muy raro, escuchar a cualquiera de los suplicantes anunciar que ellos sí están dispuestos a ganar menos dinero. A la pareja presidencial por ejemplo, que de acuerdo a los informes conocidos por medios periodísticos capitalinos, en los últimos años no sólo incrementaron su capital a una velocidad propia de usureros de países tercermundistas sino que también sus ingresos crecieron exponencialmente. Evidentemente, han sabido ser muy buenos empresarios. Aunque no se conoce mucho sobre su filantropía, es de imaginar que por el esfuerzo que piden a otros, ellos deben estar haciendo uno muy importante para reducir sus ingresos. Aunque hasta el momento no han tenido suerte.

Claro, hay que redistribuir, y los que más tienen son los que más deben aportar a esa nueva redistribución. A priori, objetar tan nobles propósitos parecería propio de insensibles cretinos capaces de pasar impávidos frente a desfallecientes ancianos y desnutridos niños, a bordo de un lujoso automóvil de cien mil dólares, preocupados únicamente por que no se les manche con los roñosos dedos de esos seres muertos en vida.
Así piensan muchos progresistas argentinos que creen que el mundo, pero con mucha mayor urgencia el país, necesita deshacerse de los ricos, incluso de aquellos aspirantes a serlo, ya que poco menos que denigran a la raza humana. Y es que a las empresas, si no hay más remedio que tolerar su existencia, hay que exprimirlas hasta que los billetes y monedas truequen en gotas de sangre, en beneficio, claro está, del pueblo.

Retenciones

Las retenciones, fijas o móviles, son un impuesto discrecional le que permite al Estado apropiarse de una parte de los ingresos de un sector de la economía que exporta –una parte o todos- los bienes que produce.
A juicio de muchos, son un instrumento de política económica válido que permite redistribuir ingresos, como se ha puesto de moda decir últimamente.
El problema básico a partir del cual medidas como la que está generando uno de los problemas políticos y sociales más importantes de la última década, se vuelven de necesaria aplicación para los gobiernos, es el de poner el foco en la distribución sin hacerlo antes o simultáneamente en la generación de dichos ingresos.
Sin ir más lejos, y para no apartarnos del caso del sector agropecuario –aunque, por supuesto, es válido en la medida que se aplique a todos los sectores- si se pusiera el mismo énfasis en buscar la forma de que la producción de granos, carnes y leche fuera mucho mayor de la que es en el presente, naturalmente, a través de los impuestos existentes desde antes de las retenciones, la recaudación impositiva se incrementaría de manera similar o aún superior, sin necesidad de generar medidas discriminatorias para con un sector de la economía, como viene ocurriendo en lo que va de la década con el campo.
Esa corteza de miras es la que hace que se trasmita a las fuerzas productivas de la Argentina un mensaje tan peligroso como desalentador. Un mensaje que dice que no vale la pena esforzarse demasiado, porque a partir de determinado punto los frutos que genere ese esfuerzo serán considerados motivo de confiscación por parte del Estado.
Así, antes que redistribuir, lo que se hace es confinar a la pobreza a quienes hoy son pobres, ya que la producción difícilmente crezca por encima de lo necesario para poder mantener la fuente original de ingresos de quienes producen.
Una corteza de miras casi criminal, si pensamos en las condiciones de vida que le esperan a millones de argentinos en el futuro, de seguir por este camino.

No es necesariamente malo tener aspiraciones utópicas. En alguna medida, todos o casi todos las tienen. Y las de todos o casi todos tienen un gran parecido. Aún las de los ricos, mal que le pese a la progresía hoy dominante.
Sin embargo, es peligroso no darse cuenta de que se trata, justamente, de utopías. Y si bien es bueno hacer lo posible para que la distancia entre las utopías y la realidad sea cada día menor, no se puede forzar a la realidad creyendo que para alcanzar lo utópico es suficiente con eliminar la oposición de los elementos a nuestro juicio negativos, entre los que seguramente estarán las empresas y los ricos.
Y es mucho más peligroso todavía cuando quienes creen que ése es el camino para convertir aquellas utopías en realidad, son los gobernantes.
Es peligroso porque los gobernantes tienen el poder suficiente como para hacer creer a millones de personas -en general, a los menos educados, que normalmente son los más pobres- que hay que quitar esos “impedimentos” del camino para llegar al país de la felicidad. A la sociedad del bienestar. Y encolumnar a las más combativas de esas personas en una suerte de fuerza de choque a disposición de los gobernantes, cada vez que estos encuentren alguna resistencia en determinados sectores de la población a acceder a las imposiciones de ese iluminado gobierno para llevar al país hacia aquel destino utópico.
Algo de esto, poco o mucho, es lo que está ocurriendo en la Argentina de estos días.
El gobierno, con un discurso meloso y lleno de promesas de felicidad a la vuelta de la esquina, arenga a los más pobres a que lo ayuden en su lucha contra los que poseen los bienes que se deben repartir entre todos.
Desde hace algunas semanas a esta parte, eso es lo que se esconde detrás del conflicto del campo. Un gobierno que quiere quedarse con la mayor parte de la riqueza que crea ése sector, escudado en las premisas de que el supuesto bienestar que lleva implícito ese plus de dinero que entra al país por el producto del esfuerzo de la gente del campo, debe ser confiscado en orden al superior propósito de repartirlo entre los más pobres a fin de emparejar un poco más la situación económica.
La humanidad ha demostrado a lo largo de su historia, pero muy en particular lo hicieron los países más ricos a lo largo del último medio siglo, que regalar pescado no es la forma de mejorar la calidad de vida de las personas. Enseñarles a pescar es la forma.
Una cosa es atender las necesidades básicas insatisfechas, cuestión primordial y obligación de todo gobierno. Pero otra muy distinta es hacer creer que la solidaridad se trata de sacar por la fuerza a los que más riqueza generan, que no son siquiera los que más tienen. Y eso es bien notorio en el conflicto del campo, al ver que muchos de los perjudicados son, en el mejor de los casos, gente de clase media.
Está implícito en este razonamiento el hecho de descartar intenciones más aviesas a los integrantes del gobierno, como ser la posibilidad de que la utopía sólo exista para su “venta” al pueblo al que dice representar, pero nunca como creencia real, aún a sabiendas de que la enorme mayoría de quienes se le oponen dan por descontado que toda la verborragia populista de los Kirchner no es más que un canto de tero que pretende esconder oscuras intenciones de enriquecimiento a través de amigos y testaferros y de una inagotable ambición de poder. De poder absoluto, ese que como sabemos corrompe absolutamente.
La solidaridad es una de las virtudes que más enaltecen al ser humano. Siempre y cuando se la practique con los propios bienes, y no con los ajenos.