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Que la voz popular diga que no hay justicia, es un lugar común. Pero cuando los propios integrantes del Poder Judicial señalan las fallas y aseguran que es necesaria una reforma, se convierte en una realidad a tener en cuenta.
 Vaya relación entre la Justicia y el poder político en la Argentina. Desde la vuelta a la democracia en 1983, pareciera que la primera siempre está a merced del segundo. Descontando los obscenos años 90 en que la adicción de la Corte al Ejecutivo fue descomunal.
Sin llegar a la situación explícita de aquellos años, la actualidad marca que se deben rever algunas situaciones. Se trata de pensar que a partir de una mejor justicia se puede lograr un Estado más seguro. Por lo menos es la idea del fiscal sanjuanino Eduardo Quattropani, quien además es presidente de la Asociación de Procuradores, Defensores y Fiscales de la Argentina.
N&P:- ¿Cuál es el escenario actual de la relación ente la política y el Poder Judicial?
E.Q.:- Nuestra institución viene constantemente postulando una modificación muy profunda y la instalación de una política de Estado en materia de seguridad y justicia que debe empezar a partir de una reforma total del método de designación y de remoción de los magistrados. Es clarísimo que cuando en los métodos de designación prevalece lo político sobre lo técnico, en realidad los méritos no existen, e incluso a veces hay graves condicionamientos o por lo menos fijan fatales limitaciones de origen para fundar esos cargos.
N&P:- ¿Lo político está implicado siempre?
E.Q.:- Nadie desprecia el elemento político. Hay un momento en la elección de los magistrados y de los fiscales, que es cuando están en las cámaras, que es pura política. Pero cuando están en el organismo técnico de selección, tiene que haber una parte técnica importante, de modo tal que el principio de idoneidad también se cumpla. Sobre todo para que no haya dependencia y sólo una relación social con el poder político para ser ascendido, designado o permanecer en el cargo.
N&P:- ¿Cómo ve a la actual Corte Suprema?
E.Q.:- Bueno, el ex presidente Kirchner se autolimitó por un decreto para designar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y creo que, más allá de las discrepancias que podamos tener con la Corte actual, es infinitamente superior a la de los 90, que todos sabemos que se aumentó el número de miembros para que los partidos mayoritarios tuvieran cada uno el número de integrantes que les correspondían. Y creo que pasó a la historia como la Corte de la mayoría automática.
N&P:- ¿Nuestra cultura real es autoritaria, revestida de organizaciones democráticas creadas en otras culturas?
E.Q.:- No podemos ignorar que el sector institucional del país no pudo haber parido una mejor Justicia, una mejor salud que las que tenemos. Los argentinos nos creemos que todo se produce por generación espontánea o por arte de magia. La historia institucional de un país de 25 años de democracia, con grandes vaivenes políticos, sociales y económicos, con profundas crisis, más todo el tiempo que no hemos practicado la democracia, indudablemente se paga.
Actuar y cambiar
 N&P:- ¿Y cómo se sienten los integrantes de la institución judicial?
E.Q.:- Nosotros queremos participar, pretendemos dentro del tiempo que sea posible tener una reunión con el ministro de Justicia de la Nación, con los de cada provincia. Absolutamente queremos participar, dar nuestro criterio, y lo que le reclamamos al Gobierno, desde lo técnico, es que pongamos la piedra basal de la formulación de una política de Estado que tenga objetivos de corto, mediano y largo plazo. Que en un tiempo, el que sea, le podamos dar a la gente una mejor administración de justicia y una mayor seguridad.
N&P:- ¿Y qué lugar quieren ocupar en esta reforma?
E.Q.:- No queremos ser tan siquiera ni la máquina guía. Queremos acompañar la reforma más profunda que se pueda haber hecho en la administración de justicia. Y no los empalmes que se han hecho en la última década. Apareció Blumberg y se hicieron modificaciones al contrario de lo que este hombre pedía. Se publicó como una reforma profunda en la Justicia y no se hizo nada. Después apareció Arslanián y nos contó que la Bonaerense era la policía más corrupta del mundo, y todo los días una purga. Y hoy día nos dicen que es la mejor de la historia. No sé quién tiene razón. Lo que sé es que son vaivenes que están expresando la inexistencia de una política de Estado.
N&P:- ¿Qué opina de los dichos de Arslanián sobre que la delincuencia es parte de la puja del ingreso?
E.Q.:- Hay algunos que cometen el reduccionismo en la prensa de equiparar pobreza con delito. Es un insulto a gente que tiene dificultades económicas y se levanta todos los días de su vida a trabajar y para darle a su hijo una mejor vida que la que tuvieron ellos. Evidentemente que la exclusión social trae más delito, pero pobreza no es sinónimo de delito. Porque cuando se rastrean los hechos más importantes, no roban para comer o para solucionar problemas básicos; son organizaciones delictivas que el Estado tampoco tiene capacidad para combatir. En mi parecer, el garantismo exacerbado que se ha instalado en la doctrina del país está poniendo a la victima detrás de la reja y a los victimarios enseñoreados en la calle.
N&P:- ¿Han cambiado los códigos?
E.Q.:- Tengo una frase que me parece que podrá ser criticable, pero tiene algo de sentido: cuando el Derecho está muy lejos del sentido común, no cabe duda de que el equivocado es el Derecho. Cuando los teóricos del Derecho se encierran en su laboratorio que parece un criadero de bobos y empiezan a esgrimir teorías que la gente no entiende, que están a contramano del sentido común, el Derecho está muy equivocado.
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