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Medias tintas
Luego del tibio resultado que arrojaron los juicios de la llamada causa OAM, que involucraba a ex funcionarios y a terceros, la administradora Elsa Alicia Mugetti vuelve a dirigirse a sus asociados con una versión de los hechos cargada de parcialidad. Es la misma contadora que firmó los documentos y balances de la discordia, y milagrosamente cayó parada.
La llamada causa OAM se instaló en el imaginario de los ciudadanos marplatenses como el emblema de la corrupción organizada desde el ámbito gremial, toda vez que en el recorrido de tantos años de acción e investigación se supiera que se había cometido toda una enciclopedia de faltas previsibles, y algunas más que no se le habrían ocurrido a cualquiera.
Había facturación inexistente, negligencia en el resguardo de la documentación de respaldo de operaciones comerciales, adulteraciones diversas, pagos por servicios jamás realizados, fraude en la construcción y en las contraprestaciones debidas, falta de comprobantes y más, dejando de lado amenazas, coimas, cohecho, asambleas interrumpidas bajo presión, y todo lo que alguien puede hacer, cuando sospecha que resultará totalmente inmune a las medidas que el sistema prevé como penas para el incumplimiento de las normas.
El proceso era complejísimo y superponía no sólo esta diversidad de delitos, sino una serie larga de acusados con diferente grado de responsabilidad, que podía ir desde la acción directa hasta la simple negligencia o la omisión. En el transcurso de los acontecimientos, la energía inicial se fue diluyendo, la acción fiscal se hizo cada vez más tenue, además de ineficaz, y el resultado final fue éste: un juicio sin justicia que hace que cualquiera que pase por allí pueda echar agua para su molino y convertirse en eje de lo que no fue.
El personaje
La contadora Elsa Mugetti es administradora judicial de OAM, aunque nunca estuvieron claras las condiciones en las cuales fue designada. Fue parte de la intervención que se suponía pondría orden tras el caos institucional que se había verificado en la obra social insigne de la ciudad, que además había sido durante años símbolo de la floreciente gestión local.
Seguía en el puesto a Marisa Correa, que fue, paradójicamente, una de las primeras en denunciarla.
“Muguetti”, decía todo el mundo, “firma cualquier cosa”. Pero como especialista en las tareas que realiza, y altamente calificada, no puede haber firmado los balances en el estado que estaban por cuestión de desconocimiento profesional, ni avalar con su rúbrica facturación fraudulenta por accidente. Muguetti parecía, a los ojos de todos, como parte del negociado que no paraba de vaciar la sede gremial.
Claro que la justicia se durmió, como se duerme la mayor parte de las veces en este departamento judicial, y decidió condenar a algunos y no a otros, por unos hechos y no por otros, en dos procesos separados en los cuales intervinieron sendos tribunales: el integrado por Jorge Peralta, Ana María Fernández y Néstor Conti por un lado, y el que constituyen Juan Manuel Sueyro, Hugo Trogu y Eduardo Alemano, por otra.
En el mes pasado, Oscar Romero, uno de los abogados que en 2004 había asumido la defensa del imputado Rubén Perrone, decidió elevar una denuncia en la cual se detallan las falencias que son a su juicio las principales del proceso. Ya en 2006, Romero había desistido de su tarea. Basaba su decisión en lo que consideraba serias incorrecciones de acción u omisión del fiscal Pablo Poggetto, que volvían imposible la labor de la defensa. Una de las cuestiones señaladas era la falta de atención que mereció la denuncia elevada por Marisa Correa, que documenta precisamente que Mugetti cobró la suma de $20.000 por trabajos no realizados. El fiscal Poggetto no sólo no investigó sino que tampoco desestimó.
Por esta razón Romero considera que el destino de esa denuncia de Correa fue simple y llanamente ser “cajoneada” por el fiscal. Y agrega que intencionalmente Poggetto se detuvo mucho tiempo en cuestiones de poca importancia y seriedad, generando gastos y acrecentando la sensación del caos institucional.
¡¡A estudiar!!
Desde el punto de vista instrumental, Poggetto no consideró las actas del Consejo Directivo de la OAM, ni las de asambleas, memorias, estados contables de los balances, ni las resoluciones del órgano público de control, tampoco los informes de la veeduría, ni las actas de escribanos, ni aun las causas judiciales en trámite.
Desde lo testimonial, se olvidó de tomar declaración a muchas personas que estaban estrechamente vinculadas a los hechos, a la vez que permitió que los abogados de la particular damnificada estuvieran presentes en las audiencias sin permiso legal. No sólo eso, sino que se menciona expresamente que admitió como válida una declaración testimonial realizada en una dependencia policial y en horas de la noche, para agregar hechos contra un acusado que resultaban totalmente incomprobables. Es decir: agregó gasto, molestia, fojas y entorpecimientos diversos.
Si hablamos de las pericias, sólo realizó un muestreo que dejó afuera los estados contables que habían sido visiblemente falseados por Mugetti. Además seleccionó los documentos periciales que incluyó en la causa, precisamente dentro de los de ingeniería y arquitectura: casualmente dejó afuera los de las defensas de los imputados.
Huelga decir que no mencionó que existían en curso tres causas más contra la contadora Mugetti, una de las cuales la acusaba directamente de la desaparición de libranzas. Como si esto fuera poco, Poggetto omitió el paso de requerir que los imputados reconocieran textos aparentemente firmados por ellos, sin dar posibilidad de reconocer o no sus rúbricas, de manera tal que resultan penalmente responsables de hechos en los que su participación no está técnicamente probada. Se afirma que hay firmas fraguadas o documentos adulterados: sea o no así, no se ha permitido que las pericias correspondientes legitimen tales pruebas antes de su inclusión en el proceso.
La otra razón por la cual Romero se había apartado de la causa hace más de dos años, cuando ya veía venir el curso de los acontecimientos actuales, era la escandalosa actitud del abogado defensor de Marisa Correa, César Sivo. El documento dice textualmente: “las conductas amedrentatorias del profesional de la particular damnificada contra nuestro defendido (…) no puedo soslayar en tan virulenta presentación la labor del doctor Sivo”.
La cuenta final es clara: tantos años después de iniciado el juicio, la administradora intenta permanecer haciendo equilibrio en el vértice de la duda frente a los equívocos que la favorecen, y aun nada está claro. De los 38 imputados originales, dos fallecieron, incluido Faustino Chavarri, dos se incapacitaron, y solamente tres resultaron condenados, a través de sentencias que a la fecha se encuentran apeladas. De los cuarenta hechos denunciados originalmente, sólo se investigaron 37, pero fueron reprochados 14, sin que nadie sepa qué fue lo que pasó con todo lo demás, ni cuál fue el destino de los frondosos expedientes que la causa OAM había gestado.
El fiscal Poggetto continúa indemne, y sigue gastando a cuenta los dineros del Estado a la vez que no logra aprender ni siquiera por la vía empírica de la práctica continuada y rentada la mecánica de los procedimientos fundamentales que hacen a la ejecución del Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, la contadora Mugetti publica una gacetilla que la ubica poco menos que en el sitio de la heroína de un operativo de limpieza que parece estar vinculado con su gestión administrativa, de la que todavía no se sabe nada.
El ciudadano marplatense no puede acceder a hacer “vista” del nido de casualidades que hace que se fabriquen fortunas y carreras impredecibles en el ámbito de la gestión. Porque la contadora, y tantos otros mencionados en tales expedientes, a quienes se pudo ver en su rol de laderos de los grandes personajes de la política local, salen milagrosamente absueltos de culpa y cargo en esta especie de corte de los milagros que es la justicia local.
El escándalo, a veces, es vergüenza ajena. Sobre todo cuando las medias tintas tienen que ver con la vida y la cárcel de la gente.
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