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El debate sobre las retenciones llegó al ámbito académico. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata convocó a un debate para poner en foco el tema. Técnicos, representantes de entidades y productores discutieron sobre la legalidad de los derechos aduaneros. Faltó la voz del oficialismo.

El pasado martes 24 de junio, un grupo de productores marplatenses protagonizaron el primer debate público sobre el tema más recurrente del que los argentinos estamos pendientes: las retenciones. La convocatoria fue realizada por la Facultad y el grupo local de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID).
El objetivo fue llevar a los estudiantes de las carreras de Economía una mirada real y concreta del conflicto, generada desde los alcances de medidas de corte económico. También sirvió para esclarecer la discusión sobre los aspectos constitucionales, legales y jurídicos de los derechos aduaneros.
En este marco, uno de los elementos más importantes fueron los análisis científicos tributarios que se pudieron observar. Se realizó una comparación, con números en mano, de la incidencia que tienen estos derechos aduaneros o retenciones en la economía agropecuaria, contraponiéndolos con la incidencia en la rentabilidad propia y en la de los diversos sectores productivos de la economía argentina. Así, se pudo inferir que el sector agropecuario aporta hasta un 44% de su ingreso bruto anual al sistema económico, mientras otros sectores de la producción sólo llegan al 1%, como el caso del software, que se ve favorecido por los diversos subsidios que recibe.

Iba a ser plural

La idea de base fue convocar al sector agropecuario y a personas que quisieran defender la postura del Gobierno Nacional. Sin embargo, sólo estuvieron los primeros. No asistió ningún referente del sector oficial para expresar lo que el Poder Ejecutivo impulsó.
Desde la casa de altos estudios, el secretario de Extensión de la facultad, Mariano Salgado, dejó plasmado el punto de partida de la charla, diciendo que para el decanato de Ciencias Económicas “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Luego fue el turno de los expositores. Cristóbal Cortes, especialista en impuestos, asesor de varias empresas agropecuarias y reconocido referente local en el ámbito académico, brindó sus puntos de vista sobre las retenciones. Más tarde se expresaron el productor agropecuario Marcelo Díaz, quien explicó la situación “tranqueras adentro”, y los representantes de AAPRESID Marcela Paris, que brindó un detalle sobre el efecto de las políticas económicas en la ganadería y Lucas Santos, que abordó la cuestión granaria.

Habrá pan

Poco a poco empezó a sembrarse trigo. Un cultivo de los que integran la famosa “siembra fina”, vital para la alimentación de los argentinos. Del trigo se obtiene la harina con la que se producen alimentos como el pan, las pastas y muchos otros que llevan su harina dentro de los componentes, aunque no sea el ingrediente básico. Es la famosa cadena de valor.
El sudeste de la Provincia de Buenos Aires es uno de los núcleos trigueros del país. Aquí, históricamente, se construyó la base de la producción primaria de este cultivo. Desde Necochea hasta el sur de la provincia, los campos dorados en época de cosecha son una constante.
Este año la decisión de sembrar estuvo condicionada por dos razones: la rentabilidad que iba a dejar el cultivo y la escasez de agua en los perfiles del terreno. Esta última variable fue más determinante que la primera, aunque desde los medios de comunicación nacionales se intente interponer al conflicto como el punto central. ¿Por qué? Porque si no hay suficiente agua en el suelo y si las lluvias no acompañan, el rinde puede ser muy inferior al necesario para la rentabilidad de la cosecha. Luego vendrá la discusión por las retenciones, al calor del resultado de la campaña.
Lo concreto es que las lluvias de mayo se demoraron. Por eso fue necesario esperar hasta los primeros días de junio para arrancar con el trabajo.
En la actualidad, y aunque se trate de relativizar el tema, los campos del sudeste de la provincia de Buenos Aires están sembrados. Hoy en día, la necesidad mayor es contar con buenos productos para potenciar el trabajo. Entre ellos, los fertilizantes son los más buscados por los productores. Obviamente, siempre tratando de conseguir el mejor precio.
Al parecer, el año próximo no habría inconvenientes con el stock de la cosecha, siempre que el clima resulte favorable. Sin embargo, de cara al futuro, ya son más los productores que empiezan a cuestionarse sobre seguir o no con la actividad agrícola. La tentadora oferta del arrendamiento suena como la solución a los conflictos individuales.

¿Confiscatoriedad?

Una de las conclusiones a las que arribaron los disertantes fue la “confiscatoriedad” de las retenciones. El dato para llegar a esta conclusión pasa por la capacidad contributiva de los productores a la hora de afrontar las imposiciones tributarias. En tal sentido, los especialistas coincidieron en que “la resolución 125 del Ministerio de Economía está enfocada en la variable “precio” (para los más técnicos, P) en lugar de haber sido colocada en la variable “productividad” (Q)”. Esto genera que los gravámenes avancen sobre lo que se comercializa en general, sin tener en cuenta la ganancia que siempre es inferior al volumen comercializado.
Y quedó demostrado entonces, con números en mano, que el productor sólo puede hacer frente a una rentabilidad digna cuando la campaña es “buena”. Sin embargo, en casos de campañas “regulares” habrá perdido dinero, ya que se le aplican las retenciones para luego tener que saldar su economía. Ni qué hablar de cuando la campaña es “mala”.

¿A la justicia?

Ante esta situación, se aconsejó a los productores asistentes que cada uno de los que sintieran lesionados sus derechos, se presentaran ante la justicia interponiendo un recurso. Puntualmente, un amparo.
La diferencia entre hacerlo de manera individual o hacerlo con representación de las entidades agropecuarias es importante: el perjudicado es el productor, por lo que la justicia puede reconocer su necesidad de ser protegido ante una situación que conculca sus derechos. Pero no sucede lo mismo en el caso de las entidades, ya que éstas no se ven directamente afectadas sino a través de sus representados, por lo que en ese caso la medida podría salir negativa para los posibles amparistas.
¿Se inundarán los juzgados con pedidos de amparo? Es una posibilidad. Tal como sucedió en 2002 con el corralito, el camino parece ser el mismo.
En la justicia local ya existe un antecedente. El juez federal Alfredo López se pronunció sobre la cuestión de fondo de las retenciones, a pedido de una empresa con sede en la ciudad de Balcarce. El magistrado no esquivó el desafío, y ante la medida cautelar solicitada por los amparistas fue más allá, diciendo que la resolución 125 es “inaplicable”. Al respecto, señaló que "afecta gravemente derechos y garantías de rango constitucional, en particular los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional".
Parece inminente la presentación, en sede judicial, de varios recursos de amparo de los productores locales y de la zona. Una decisión inteligente para quienes podrían seguir el camino de los productores de Balcarce, a los que les fue bien encontrando respuestas a sus derechos.
Sin dudas, la cuestión de fondo es la confiscatoriedad o no de la resolución 125 del Ministerio de Economía. Sobre eso, y en caso de que se los requiera, los jueces tendrán la última palabra.