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Infierno nacional
Una vez más, un delincuente peligroso termina ganando terreno sobre los trámites de la justicia. Una vez más la instrucción está tan pobremente realizada, que no alcanza ni siquiera para culpar a un asesino que actúa a cara descubierta. Otra vez la noria, y la inseguridad que no parece tener arreglo.
El peor de los infiernos es aquel en que el individuo parece condenado a cometer eternamente los mismos errores, con las mismas consecuencias calamitosas, hasta el fin de los tiempos.
La justicia local no parece poder actuar para sacar a los habitantes de la zona de esta sensación infernal. Está delimitada la peor de las tragedias imaginables en este tiempo: la vigencia indiscriminada de una inseguridad que pone al pueblo completo en manos de un puñado de delincuentes sin ninguna clase de código, que no cesan de llevar a cabo procedimientos semejantes por su grado de salvajismo. El peor de los escenarios posibles es el que deja a la ciudadanía en manos de la impunidad con que cometen más de un acto sanguinario los mismos peligrosos de siempre, perfectamente identificados por la policía y las autoridades judiciales. Ellos conocen mejor que muchos técnicos las diversas maneras en que la justicia puede ser burlada, haciendo buen uso de los recovecos técnicos de las normas. Y para colmo de males, la impericia probada de más de un funcionario de la fiscalía les deja el camino libre para hacerlo a su antojo.
Los hechos que espeluznan al lector esta vez acaecieron en la casa de Ernesto Salustiano Torres, un humilde comerciante de ropa, donde irrumpieron tres personas de sexo masculino en la madrugada del 22 de marzo de 2005. Fue en la calle José Hernández al 1100, sitio en el cual había diversas mercaderías destinadas a la venta que serían el objeto del robo. Sorprendidos por el propietario, la lucha fue desigual: a pesar de los intentos y pedidos de ayuda, Torres fue herido de muerte en el cuello con una trincheta que los delincuentes encontraron en el lugar, y no dudaron en usar como arma. El resultado fue una hemorragia masiva, consecuencia del corte de la vena yugular.
Habían ingresado rompiendo un vidrio y el candado de la reja, por lo que los ruidos habían alertado ya a los vecinos. En su camino de salida rumbo a la villa de Vértiz saltaron la reja ante la vista de la ocupante del departamento de al lado, y se llevaron un revólver Colt con el que el que la víctima había tratado infructuosamente de defender su vida. Una tragedia.
De mano en mano
En cuatro años, la causa atravesó diversos caminos. Estuvo a cargo de cuatro fiscales: Marcelo Blanco, Alfredo Deleonardis, Daniel Vicente y Marcos Pagella. Como generalmente sucede, ninguno de ellos pudo darle al expediente la forma necesaria para que un tribunal justo y predispuesto tuviera a su disposición el material necesario como para dictar sentencia frente a los hechos evidentes, ya que Ángel Farías y su hermano Luis Leandro Farías -alias Pitu- habían sido identificados como los autores del hecho.
Para comenzar, ya en 2006 el juez de garantías Raúl Alberto Paolini intervino para dejar sin efecto los resultados de un allanamiento en la vivienda de Farías, tan comprometedores que habrían sido de peso en el juicio oral. Se basó en considerar que la jueza de menores que lo había ordenado, Silvina Darmandrail, así como el fiscal, se retiraron antes de la finalización del procedimiento, aunque ambos habían permanecido allí durante un lapso de cuatro horas. Dice Paolini que deberían haber dejado asentado que se ausentaban por razones de trabajo, y consignar su rúbrica en el documento.
Indica además que no consta que a la madre de Farías se le haya explicitado su derecho de exclusión sobre su domicilio. Es decir que los derechos del asesino de un comerciante de un barrio humilde fueron severamente protegidos por un juez leyendo la letra pequeña. Fuerte reaseguro social.
Pasaron los años, y nadie pareció ser más preciso ni acumular un mínimo de esfuerzo al servicio de hacer por fin justicia. Perdidas las pruebas obtenidas en el allanamiento, la principal voz era la señora que llamó a la policía ante los primeros ruidos, y salió nuevamente a auxiliar a Torres después de los gritos. Se llama Ana Celia Torreblanca y fue testigo de cargo, ya que solamente ella se enfrentó cara a cara con los Farías cuando saltaban la reja en la huida. Pero esas declaraciones agregaron detalles en el juicio que habían sido omitidos en el momento de la declaración policial, por lo que el juez Eduardo Alemano -integrante del Tribunal en lo Criminal número 3 junto con Hugo Trogu y Juan Manuel Sueyro- no aceptó centrar la decisión en aquella versión de los hechos.
La señora Torreblanca aseguró en el juicio que Torres, antes de morir, había nombrado reiteradas veces a los hermanos como los autores del homicidio, pero en la noche de los hechos ella sólo había mencionado a uno de ellos ante la policía: Ángel. Por lo tanto, el resultado final es lo que el juez llama con justa razón “insuficiencia probatoria”: en el momento de la verdad lo único que quedaba en pie -gracias a una escasísima acción de la fiscalía- era la siempre presente vox populi, el rumor popular cierto en la mayoría de los casos, pero poca cosa para fundar una sentencia.
Se sabe que el mismo día de los hechos, los autores habían invitado a otro menor, Jonatan Décima, a participar del robo, pero su madre, que conocía la situación, desistió de confirmarla en ocasión del juicio.
No escapa a conocimiento del juez que en un medio tan hostil como la llamada villa de Vértiz, con un altísimo grado de inseguridad imperante, es posible imaginar que hayan existido acciones que condujeran a los testigos a callar por miedo. Pero afirma también que es obligación de quienes llevan adelante la investigación buscar formas especiales y apropiadas de asegurarse esos valiosos datos que sólo los testigos inmediatos pueden brindar. “Es necesario prevenir”, dice, “la concreta actividad intimidatoria”.
El mismo juez agrega que no vio esfuerzos ciertos, por ejemplo, para identificar a los empleados de la fábrica de enfrente, que esa noche dialogaron con Torres y Torreblanca, y afirmaron haber visto a los Farías intentando ingresar a la casa. Nadie los ubicó, nadie intentó ubicarlos.
Mover un dedo
El palabras del juez, nadie ha hecho lo mínimo necesario para asegurar la rápida recolección de prueba, considerando lo difícil que resultaría trabajar en medios pauperizados y alejados de la protección del Estado. Sobre todo cuando se verificó que en 2006, el mismo Ángel Farías había apuñalado por la espalda a un técnico que se ocupaba de arreglar máquinas de carga de tarjetas de colectivo en un locutorio de la misma calle Vértiz. Fue aprendido en su huida hacia adentro de la villa, cuando intentaba cambiar sus ropas con otro habitante del lugar, procedimiento habitual en los delincuentes.
Es por eso que, en un dictamen doloroso, Alemano dice textualmente: “En el caso en tratamiento ha sido lamentable la pérdida de pruebas por causa de un allanamiento pésimamente ejecutado, y por la retracción de un testimonio (Sra. Franco) que era perfectamente previsible, y difícilmente sería mantenido en forma pública durante el debate”.
Es decir, siempre lo mismo. El peor de los infiernos posibles. El peor de los escenarios. Un sitio en el que la población es presa de un manojo de asesinos que saben a ciencia cierta que no hay un fiscal en el departamento que sepa juntar la prueba para enviarlos a la cárcel, aunque esté al alcance de la mano.
No es suficiente que una vecina los vea cara a cara, ni que los obreros sean testigos presenciales de una acción de asalto. No alcanzan las manchas de sangre, ni las armas encontradas en su poder aun humeantes. Habrá quien arruine las cosas, porque viven los argentinos el peor de los infiernos. El que construyen los hombres con el acto voluntario de la impericia provocada.
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