|
¿Es o se hace?
Hay un fiscal en el Departamento Judicial Mar del Plata que trabaja como si no estuviera en el cargo. Más de una vez desiste de acusar a los implicados en delitos graves, porque no entiende cómo fueron los hechos, no tiene testigos ni los busca, o no sabe qué hacer con la causa. Ahora se le borran las declaraciones que graba en una PC de manejo sencillísimo. ¿Seguro que es abogado?
No hay novedad en el frente. Este medio ha puesto especial esmero en demostrar la manera en que, más de una vez, la ineficacia de los fiscales termina por liberar a los culpables cantados de delitos evidentes, o por gastar tiempo y dinero en instruir sobre una cuestión que jamás prosperará en ningún tribunal. Últimamente, las noticias de todo el país parecen ir en el mismo sentido, y en mostrar la manera en que la Justicia intenta desesperadamente desmarcarse de la presión que sobre ella ejerce la inoperancia de las personas. Los jueces de garantías insisten en otorgar inexplicables prisiones domiciliarias a asesinos de película de miedo. Los fiscales parecen no haber leído medio libro, y desconocen el procedimiento básico. Y lo peor de lo peor: estamos en sus manos.
El fiscal Juan Facundo Gómez Urso ya no sorprende a nadie. Su más resonante fracaso había sido tratado en la investigación central de este medio, en su edición número 537, bajo el título “El derecho de mentir”, cuando desistió de acusar a un detenido del penal que mató a otro interno de un puntazo a la vista de todos, simplemente porque no habían podido dar con el arma homicida. En la oportunidad, el juez Martinelli le había dicho: “no hace falta ser ni un Sherlock Holmes ni un Columbo, sólo tener un poco de sentido común”. Y él no lo había tenido.
Pero ésta no fue la única cuestión. Otra vez llegó a sus manos una causa vinculada con internos de una unidad penal, y otra vez tuvo ocasión propicia de actuar como un iluminado. En 2007, el tribunal en lo Criminal 2 integrado por Néstor Conti, Adrián Angulo y Alexis Simaz estuvo en situación de tener que expedirse en una causa que investigaba presuntos apremios ilegales contra dos internos de Batán. Los acusados eran varios: Sergio Maidana, Carlos Roselli, Milcides Rivero y Luis Uviedo. Los presuntos agredidos, dos: Vicente Galardi y Navarro Zarriello
Si él no se acuerda...
El fiscal terminó desistiendo de la acusación, aduciendo que Galardi no se había presentado ante el tribunal, y que Navarro Zarriello había afirmado que a él no lo había golpeado nadie, además de mostrar cierta reticencia en la declaración, puesto que -dice el fiscal- debía volver al penal, y convivir nuevamente con sus supuestos agresores. Tan extraña es la exposición justificatoria del fiscal, que sirve de argumentación a los letrados que defienden a los penitenciarios implicados.
Los hechos narrados ocurrieron en la noche del 8 al 9 de noviembre de 2003 dentro del pabellón 5, donde ocurrió una reyerta de cuya naturaleza poco es posible saber, ya que las versiones brindadas por los detenidos no han servido más que para salirse de la mira de la investigación. Hablan y se desdicen a los pocos instantes, sin que el fiscal en momento alguno llame la atención sobre lo inapropiado de tales actuaciones ni sobre la gravedad de estar dando un testimonio falso frente al tribunal que investiga un delito del cual son víctimas. Los hechos indagados son los que acontecieron presuntamente después de la pelea de presos, ya que Vicente Galardi y Navarro Zarriello habrían sido lesionados por personal del penal.
La denuncia que inició la causa se elevó ante los jueces Alemano y Peralta, quienes pudieron comprobar el precario estado físico en que los internos se encontraban, por lo que decidieron que fueran alojados en una seccional policial y examinados por el médico, de lo que surgieron informes oficiales y correspondientes placas radiográficas. Todo lo expuesto se contradice plenamente con la versión dada por Navarro en la audiencia judicial: “a mí no me pegó nadie, no me acuerdo de nada”, dijo visiblemente nervioso.
Pero al magistrado no le sorprendió la actitud del preso, porque no era el primero que veía. Lo que no terminaba de creer era la pasividad con que Gómez Urso asistía al espectáculo diciendo sencillamente: hay que comprender, cada cual para su casa.
“¿Por qué el fiscal no le advirtió que no le pasaba desapercibido que estaba mintiendo?”, dijo el juez sorprendido, y no logró responderse.
Irrazonable y prematuro
El juez Conti es contundente. De considerarse el argumento de Gómez Urso, cuando afirma que debemos comprender que el detenido se desdiga de forma evidente sólo porque debe volver al sitio de detención, entonces jamás podrían acreditarse delitos como el que aquí se investiga, y todas las acciones que la Justicia lleva a cabo en tal sentido serían absolutamente fútiles, en todos los casos.
“Si el agente fiscal advirtió (como dejó entrever) que el testigo estaba prestando declaración en condiciones no habituales, o que estuviese condicionado o presionado, era el propio requiriente público el que tuvo a su alcance los medios para tratar de garantizarle al testigo su seguridad por medios diversos, a fin de poder obtener del mismo una declaración fidedigna y basada en su libre voluntad. Tarea que el nombrado funcionario no llevó a cabo”, dijo el juez Conti en su dictamen. Es decir que queda demostrado que el fiscal no agotó los medios de prueba que tenía a su alcance para llevar a cabo su actuación objetiva, conforme se lo indica la Ley del Ministerio Público.
Por eso el tribunal en pleno decidió declarar la nulidad del dictamen desincriminatorio de Gómez Urso, porque lo consideró prematuro e irrazonable, y porque no derivaba de manera lógica y razonada de la prueba que se había reunido durante el debate. La nulidad se extiende a todo el juicio, y se suma a ella la inhibición para actuar de todo el tribunal que debe elevar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones.
Ahora la pregunta de rigor: ¿dónde está la fiscalía general cuando estas cosas suceden? Porque el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello es quien debió intervenir para verificar las actuaciones de las fiscalías a su cargo -a juzgar por lo presente- inoperantes e ineficaces.
Y si con esto no alcanzare, y si hicieran falta más datos para verificar la verdadera traba en la rueda que opera la fiscalía en cuestión para la evolución de las acciones judiciales, sólo falta saber que en la causa que se lleva adelante por la construcción irregular de un plan habitacional en la ciudad de Miramar a cargo de los hermanos Trujillo, de resonada actividad en la UOCRA local, ha trascendido por declaraciones exclusivas a este medio de la doctora Martorella, que el fiscal Gómez Urso literalmente perdió el documento importantísimo de la declaración indagatoria de la arquitecta Macías, que sería fundamental en el desarrollo de las actuaciones. No supo grabar el documento a través de un sistema informático de uso simple y obligatorio en el ámbito de la Justicia. No supo hacer un simple click, ni siquiera con la anuencia de un asistente.
Tampoco supo seguir el procedimiento porque, perdida la prueba, no volvió a requerir el testimonio, y les dijo a todos que se fueran a quejar a la fiscalía general, seguramente sabiendo que Fernández Garello supo ser compañero de ruta de los Trujillo en la actuación política que les cupo.
Por bueno, el ciudadano sigue preguntando si Gómez Urso es o se hace. Es decir si simplemente no sabe, o si cree que uno puede hacer como que no sabe para que las aguas vayan hacia donde uno quiere. Irrazonable.
|
