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Otra vez el campo
La discusión del modelo productivo
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por Rosanna González Pena
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Desde sus inicios, la problemática del campo pretendió ser presentada en un tono no ideológico, pero esa es en sí misma una lectura ideológica, aunque quien la utilice no se dé cuenta. El solo pensar que el Estado debe respetar intereses corporativos y que debe aceptar reclamos sectoriales porque sufre un “desgaste”, no es más que una postura funcional a las multinacionales sojeras.
 Primero hay que aclarar la real importancia económica del campo, que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Tampoco es muy significativo su peso en el empleo: aun si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponden al sector. El esquema sojero es expulsor de mano de obra. Incluso el eventual proceso de industrialización de productos agropecuarios no es un demandante creciente de empleo.
En cambio, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de las que dispone el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando las correspondientes a productos primarios como también las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por otra parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de la economía argentina.
Si el objetivo real del Gobierno es desalentar la producción de soja y alentar la producción para consumo interno de trigo, maíz y carnes varias, las medidas tomadas desde la crisis hasta acá no han sido las mejores. Mientras tanto, los miles de pesos aportados por los sectores interesados en los medios de comunicación siguen vendiendo la problemática desde la perspectiva del pobre hombre de campo trabajador versus un gobierno insaciable que pretende quedarse con lo que no le pertenece.
Una simplificación grotesca de la realidad que, por supuesto, la oposición adoptó como propia. Me pregunto de qué se quejarán cuando en unos años, si todo sigue este rumbo, el país se haya convertido en un productor de monocultivo, las tierras se encuentren agotadas y, además de tener que comprar energía en el exterior, también debamos adquirir la comida a precios internacionales. Seguro dirán que los gobiernos de turno no tuvieron la visión necesaria. Ellos tampoco demuestran tenerla en este momento.
En el peor momento de la crisis el Gobierno estaba dispuesto a realizar concesiones inadecuadas. Las compensaciones a los pequeños productores sojeros, ampliadas en los últimos anuncios, debilitaban uno de los objetivos fundamentales del sistema de retenciones móviles: intervenir en el esquema de rentabilidades relativas en el agro para frenar el avance de la sojización. Si es necesario aportar fondos al campo para mejorar la situación relativa de los productores, los elegidos deben ser los tamberos y ganaderos para que continúen en su actividad y no para que se pasen a la compensada producción de soja.
Otro de los retrocesos que desvirtúa el objetivo es la propuesta de modificar la escala de alícuotas para que vuelva a funcionar el Mercado a Término. La especulación en el mercado a futuro a nivel internacional provocó un alza especulativa de los alimentos en todo el mundo. La crisis financiera e inmobiliaria de Estados Unidos hizo que grandes fondos de inversión especulativos destinaran parte de sus recursos a la plaza internacional de commodities (los cereales y también el petróleo), lo que explica en gran medida que los granos se hayan disparado y que el barril haya trepado en los últimos tiempos.
Una cosa es la protección que debe proveer el Estado, como la dispuesta en la depresión del siglo pasado, creando a pedido del campo las Juntas Nacionales de carnes y de granos. Otra cosa es alentar la especulación con operaciones que en la jerga se denominan put, call, compra y venta de strangle.
En la década del ‘90 se llevó a cabo una serie de medidas de desregulación de la producción agropecuaria y del comercio interno e internacional, que transformó a este sector en uno de los más abiertos del mundo. Los principales organismos del Estado encargados de la orientación y supervisión de las distintas actividades agropecuarias y agroindustriales (la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes) fueron disueltos o desarticulados. También se eliminaron las políticas regulatorias de fijación de cuotas de producción y de garantía de precios mínimos para los productores.
La difusión de la soja transgénica implicó un significativo aumento en la rentabilidad de las producciones agrícolas, dando lugar a una enérgica expansión de la superficie cultivada con cereales y oleaginosas. La producción sojera con el uso de semillas transgénicas, herbicidas a base de glifosato y procesos de siembra directa permitió un notable aumento de la rentabilidad. A su vez, la intensificación en el aprovechamiento de las economías de escala condujo a la desaparición de los productores de menor tamaño.
El colapso del régimen de convertibilidad a fines del 2001 y el mantenimiento por parte de las autoridades económicas de un tipo de cambio alto, supuso un significativo incremento adicional en la rentabilidad de la producción agropecuaria. Los márgenes brutos por hectárea prácticamente se duplicaron con respecto a los vigentes anteriormente, primero por la devaluación de la moneda y luego por el fuerte aumento del precio de los productos primarios en el mundo. Queda claro que la aplicación de este gravamen se sustenta en las excepcionales condiciones agro-ecológicas en que se desarrolla esta actividad en nuestro país, gracias a las cuales se obtienen tasas de rentabilidad extraordinarias
La mayor rentabilidad de la producción sojera condujo al desplazamiento de la actividad ganadera fuera de la zona núcleo de la región pampeana. A su vez, en el interior, la elevada rentabilidad de la soja determinó el desplazamiento de algunos cultivos regionales tradicionales. Y el proceso continúa su marcha.
Mientras tanto vemos que siguen ausentes las medidas específicas que se reclaman. Es necesario elaborar un plan que permita revertir o al menos suavizar las fuertes asimetrías entre los productores, para lograr un desarrollo integrado del campo. Sólo puede ser efectivo el establecimiento de políticas destinadas a los pequeños productores ganaderos y lecheros que tiendan a elevar su productividad y sus ganancias.
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