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Al momento de ocurrir estos episodios, el personal policial estaba al servicio de la seguridad del gobernador Daniel Scioli. Según fuentes confiabilísimas, en cada movida del primer mandatario provincial se requieren cuanto menos de 300 policías; dado que para Scioli todo transcurre en la zona del Hermitage-Provincial, habitualmente es el numerario de las seccionales Primera y Casino el que queda afectado al cuidado del Gobernador, y las calles se vacían así de efectivos.
Es obvio que los delincuentes manejan esta información, número más o menos; están por cierto bien dedicados a su negocio, delinquir, y evaluar fortalezas y debilidades es parte del esquema en el que se manejan. El delincuente no es un “marginado social”, es un actor activo, un predador entrenado que se mueve con criterio de pérdida y ganancia. Matar es parte del esquema. Quienes delinquen a estos niveles conocen el Código Penal al dedillo: 22 muertos en los últimos meses, coincidiendo con la llegada a la ciudad del actual comisionado Castelli, no es fruto del azar, sino parte de una estrategia de negocios cuyas variables incluyen nuestras vidas como un ítem despreciable.
Frente a esta situación, el sistema judicial trabaja según su enfoque de que lo que ocurre es la consecuencia de la iniquidad social. Recordemos que a poco de su segundo retiro, el ex ministro de (In)Seguridad bonaerense León Arslanian sostuvo que hasta que no cambie la dinámica económica capitalista, no habrá solución para la inseguridad que vivimos a diario. Discurso nefasto si los hay, que pretende envolver en un mismo concepto la violencia criminal de los ‘70, justificada en la desigualdad política de aquellos años, con la delincuencia criminal de hoy. El llamado “garantismo”, auténtico garanticidio de los derechos esenciales de las personas de bien y víctimas de delitos, una y otra vez justificado por sus apologistas como la necesidad de dar oportunidad de recuperarse a aquellos que han caído en el camino del crimen, es un argumento que revela una auténtica perversión intelectual.
Se advierte claramente que no hay posibilidad de considerar estos argumentos de manera seria, tal como reveló en este medio un ex integrante del grupo de los llamados “Doce apóstoles”, grupo criminal que tomó el penal de Azul y asesinó a otros internos. Son ellos y no otros los que mencionan que las libertades tienen precio, que hay plata para liberar criminales; que incluso se hizo en esta ciudad un pago de $50.000 para conseguir la libertad de un delincuente.
Esta revelación no produjo gran inquietud; al menos a nivel público, el pleno de los jueces locales miró para otro lado. Curiosa actitud, porque cuando la jueza de Menores Silvina Darmandrail envió una misiva al diario La Capital señalando que ella no había hecho otra cosa que someterse a un decisorio de la Cámara (en lo referente a la libertad del asesino de Bergamaschi), los camaristas Madina, Fortunato y Dominella enviaron una nota al Presidente de esa Cámara, Marcelo Riquert, para exigirle de manera perentoria que Darmandrail diera explicaciones formales sobre los motivos de su proceder.
No alcanza como respuesta una foto demagógica y oportunista del intendente con sus secretarios de Salud y Gobierno presentando condolencias a la mamá de la niña baleada en la feria comunitaria. Mucha perogrullada para un dolor tan inconmensurable y definitivo, que ante la inacción oficial, se hace de todos.