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Como resultado, ha quedado gente indignada. Dicen los enojados que esta situación es posible sólo por la relación que hay entre Soria (millonario en dólares), el presidente del Colegio de Martilleros Miguel Ángel Donsini, Miguel Nicodemo y el abogado Carlos Elías Archimio, quien reemplaza en el rol de “dejame a mí que yo te arreglo todo” a José “Pepe” del Cerro.
Juegan también este juego, es decir el de rematar a costo casi 0, dos que vienen para ilustres del hondo bajo fondo: Hugo Pocatello y David Behar (a) “el Rusito”, personajes menores que hacen de “grupí” en los remates. Increíblemente, aunque son harto conocidos por todos, se les permite ingresar al recinto de remates, espacio en el que, cabe aclararlo, todo queda registrado por una cámara. Si es así, que hay registro de todo cuanto ocurre, ¿cómo es que esta cohorte de buscas y apretadores actúa impunemente en cada remate? Ni más ni menos que porque se ha excluido al sujeto visible del otro grupo económico en la puja, Roberto Larluz, con una manda judicial de dudosa constitucionalidad emanada del juez en lo Civil y Comercial Rodrigo Hernán Cataldo, a solicitud del abogado Archimio.
Y aquí aparecen las voces que señalan que Cataldo es íntimo del titular de la Facultad de Derecho Miguel Ángel Acosta, y de ahí a citas de posesiones económicas móviles y de las otras que generan suspicacia hay nada.
El sujeto protagonista de esta situación irregular, Soria, es santiagueño de origen, como se dijo está inhibido, aunque posee impresionante patrimonio; entre otros bienes bien visibles, mansión en Los Troncos (Matheu y Sarmiento), autos alemanes de altísima gama y un hotel que dicen construyó con lo recaudado en el negocio del manejo de la prostitución.
En relación al cuestionado remate en el que Soria participó, se aguarda la opinión de la jueza María Cristina García Sarmiento, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, considerada una magistrada correcta y de severa personalidad. Es obvio que la jueza buscará aclarar la situación del adquirente Soria y las circunstancias que rodean este discutido acto procesal.
Señalo nuevamente: el sistema capitalista debería hallar un método distinto al remate como mecanismo de cobro de deudas. Si hay que seguir con esta estructura, cuando menos debería establecerse un artilugio probo que no permita estas maniobras que envilecen el acto en sí mismo y que derriban los valores de las propiedades, transformando el cobro de acreencias en un chiste de pésimo gusto.