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Es en este escenario local teñido por esta pátina de hipocresía e indiferencia donde han surgido voces preocupadas por dar curso a lo que razonablemente se debe hacer frente, que es la trata de personas con fines de explotación sexual, y el posible tráfico y explotación de menores. Es como mínimo irritante que aparezca en la ciudad un conjunto de “iluminados” dispuestos a caer sobre cualquiera basados en el cuestionable método de las cámaras ocultas, haciendo gala de un poder que a todas luces no trae los mejores propósitos. Puedo asegurar que la operación de instalación del tema “Prostitución en Mar del Plata/ Investigación de La Alameda” es una conjunción entre factores de acción que buscan por un lado un protagonismo mediático que permita construir poder, y una venganza sórdida contra el jefe de la Distrital Centro, comisario inspector Gustavo Salvá. Es obvio que cargar sobre el funcionario policial que más allanamientos ha realizado en esta ciudad sobre los llamados privados, que puso a disposición de la Justicia a policías que aparecieron en distintas circunstancias vinculados a la explotación de prostíbulos, es cuando menos llamativo.
En una reciente reunión realizada en la Jefatura Departamental de Mar del Plata quedó claro que los mismos grupos que armaron la toma de viviendas del Plan Dignidad están o aparecen vinculados a este tema. El gremio de prensa de la ciudad había pedido esa reunión con la autoridad policial para proteger a Belén Cano, periodista del diario El Atlántico y firmante del artículo que, publicado en ajustado “tempo” con Página 12 y Clarín, buscaba colocar como nuevo héroe contemporáneo contra la explotación sexual en esta ciudad a Gustavo Vera, rostro visible de la agrupación La Alameda, y al fiscal general de Cámaras Daniel Adler. Lo que el gremio pretendió con el encuentro fue, básicamente, que, de existir acciones judiciales por el artículo, las mismas fueran sobre la empresa y no sobre Cano, de quien dijeron, “sólo cumplía órdenes”. En esa reunión se manifestó abiertamente el reproche a Salvá por el desalojo de la toma de viviendas del Plan Dignidad, de ahí que hay una conexión evidente entre los actores principales de ambas historias. Tanto Elena Arena como Patricia Blanco fueron particularmente duras con el jefe distrital, en un reproche que poco y nada tiene que ver con cuestiones gremiales y sí con una mirada política sobre algunos temas de la ciudad.   
Finalmente, algo para decir sobre el rol del fiscal de Cámaras Daniel Adler es que en octubre de 2007 se realizó en Mar del Plata una jornada sobre prostitución y trata de personas organizada por la Defensoría del Pueblo bajo la conducción de Beatriz Arza. Adler concurrió, y al finalizar, el abogado Mariano Ayesa le inquirió a Adler al respecto de qué haría su oficina respecto de las publicaciones del diario La Capital de avisos de prostitución. Adler eludió dar una respuesta, Ayesa insistió, y el fiscal lo invitó finalmente a efectivizar una denuncia formal en su despacho.
Como se apreciará, toda esta cuestión ha estado a la luz y a los ojos de todos durante años, y sólo un puñado, entre los que este medio se cuenta pionero, ha insistido e insiste en que no se va hasta lo medular del problema porque se afectan intereses económicos de personajes intocables de la ciudad, que no es precisamente un jefe distrital. Gustavo Vera de La  Alameda no trajo ninguna novedad; sólo es el mascarón de proa de una operación política cuyo objetivo final aún no se hace evidente.