Noticias & Protagonisas

99.9 Radio Mar del plata
JUE 09 Septiembre 2010 | Mar del Plata


Por: José Luis Jacobo

2006, año de desafíos

31.12.2005 | El blindaje que ha protegido hasta hoy a Daniel Katz de la crítica política se está erosionando de manera peligrosa. Las situaciones que en materia de subsidios al sector piquetero quedaron al desnudo hace unos días se dieron en un momento político que surgía como óptimo para el Intendente. Con una exigua elección obtuvo 7 concejales y quedó en posición de suma absoluta en el Deliberativo. De todos modos, su archienemigo, Gustavo Pulti, empequeñecido por sus propios desaciertos, sigue allí, aguardando el piedrazo que agriete el muro; también sus rivales del grupo Sierra, que con un concejal en el bloque y sumando cargos en el Ejecutivo buscan incansablemente el espacio que les permita rendir la fortaleza política de la CON.Y hay motivos para que algo así ocurra, motivos que se aproximan a Katz a pasos agigantados.

Nadie sale bien parado del escándalo que puso en ventana el concejal oficialista Eduardo Salas a propósito de los subsidios a grupos piqueteros por parte de Acción Social municipal. Vilma Baragiola -la ex titular del área en la actualidad diputada nacional por la UCR- y los dirigentes piqueteros Mario Pucce y Ricardo Berrospe han actuado en un grado de connivencia que realmente escandaliza. ¿Puede sostenerse entonces,  por mucho tiempo, que el Intendente nada sabía de esta situación? Mm, difícilmente.
Quienes leen semanalmente este medio, o me acompañan en la mañana en la 99.9 saben bien que lo de Baragiola no constituye novedad. Baragiola debió ser echada –sí, echada- sin contemplaciones hace tiempo. Sin embargo, a cambio y merced a esas inexplicables (cuando menos públicamente) cuestiones de la política, fue premiada con una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué Salas salió con el tema recién ahora y no durante la campaña electoral? Por una simple razón: la antecesora de Baragiola fue Cristina Di Rado de Garivoto. Y debe decirse que si alguien se atreve a hurgar en serio en la cuestión de los subsidios, el escándalo apenas está calentando motores.
Pero no es éste el único tema. La otra cuestión en danza es el aumento de tasas comunales. La voluntad de por lo menos tres concejales del bloque oficialista y la bancada del FPV es la de negarse al aumento del 25% que propone el Ejecutivo. De suyo es una mala señal: si los propios concejales y sus aliados naturales, los del FPV -que reportan al gobernador Solá y al presidente Néstor Kirchner- están en esta postura, cabe preguntarse qué harán en otros temas conflictivos, como por ejemplo los que venimos señalando.
También están las ordenanzas que quiere investigar el fiscal general adjunto Juan Manuel Pettigiani vinculadas a la transformación del Paseo Hermitage en Casino del Mar. En principio, Pettigiani debería apartarse, pues es elocuente su amistad con Florencio Aldrey Iglesias: las fotos publicadas por La Capital en la edición especial de su centenario son harto elocuentes.
Y hay más: la decisión de Mauricio Irigoin, presidente del Concejo Deliberante, de trasladar a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo al área que investigaba -Compras de la Secretaría de Hacienda- es un dato de política mafiosa. El procedimiento, apartado de toda lógica política, jurídica o administrativa, fue puesto en caja en días por el juez Pedro Federico Hooft.
Roxana Tortosa, empleada municipal, llegó a la Defensoría sin espaldarazo político alguno: no reporta a la defensora adjunta Mónica Felices, ni a la flamante titular Beatriz Arza, tenía buena relación con Rubén Vespa y es quien elaboró los informes que luego dieron lugar a la causa que el fiscal Pablo Poggetto lleva adelante por sobreprecios. ¿Es el procedimiento pertinente desplazar por decreto del presidente del HCD a esta funcionaria sin más ni más? Nadie esperaría de Irigoin semejante burrada: la idea de un procedimiento mafioso se torna la única hipótesis posible.
Y hay más todavía. La empresa prestadora del servicio de recolección de residuos, Transportes 9 de Julio, ha solicitado otro aumento en el contrato de tres millones de pesos. La solicitud surge a raíz del impacto que provoca en la escala de costos el más reciente aumento logrado por el gremio de Hugo Moyano. Es decir: Camioneros pide aumento, la empresa concede, la comuna paga, y así la calesita gira peligrosamente. Parece que por este camino, el aumento del 25% en las tasas municipales será realidad en poco menos de seis meses. No sirve al interés general que la comuna se presente como víctima de la situación; debe ser un actor férreo en la defensa de la plata del contribuyente, algo que hoy está ausente en el ideario de esta administración comunal.
Ese blindaje de afecto popular que tan bien se supo ganar el Intendente y que tanto amargó a sus adversarios políticos está comenzando a resquebrajarse. Falta poco para el 2007, y hay hambre de poder en la ciudad entre propios y extraños. 2006 es un año de transición: será difícil, pero también un período de oportunidades para gobernar de frente y con verdad. Ése es el desafío.

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