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El tema fue elevado a las alturas mediáticas por el concejal Eduardo Salas, quien, hechos más o menos, actualizó y reveló situaciones que desde este medio hemos venido señalando con insistencia en referencia a la relación entre ex funcionarios de primera línea de la municipalidad —como lo fue en su momento Vilma Baragiola— y los piqueteros Mario Puche y Ricardo Berrospe.
Esta semana, el intendente Daniel Katz salió a defender la posición del Ejecutivo en el tema, haciendo fuerte hincapié en la necesidad de ayudar a los pauperizados a encontrar caminos de salida para su situación, y en que uno de los instrumentos para ello es el impulso a planes de desarrollo de emprendimientos comunitarios, tales como los que ahora se cuestiona.
Dos aspectos: primero, es saludable que haya una acción del Estado hacia los pauperizados, pero para que sea proba debe estar probamente realizada; caso contrario es un desfalco, si no material o económico, a la fe pública, única razón de ser de la legitimidad política. Y en este caso puntual, hay elementos de sobra para concluir que no es precisamente la probidad lo que animó la relación entre Baragiola y los caciques piqueteros.
Segundo: sostiene la senadora por el FPV Adela Segarra, que ingresaron a Calidad de Vida en el período 2004/2005 5 millones de pesos provenientes de Lotería de la Provincia de Buenos Aires destinados a financiar proyectos sociales. A diferencia de lo ocurrido en otros distritos, el otorgamiento de estos recursos se concentró aquí en manos de organizaciones conflictivas, con enorme capacidad de presionar mediante cortes de calle y a puro bombo a las autoridades municipales. Esa debilidad política es un factor que debe tenerse en cuenta para analizar la circunstancia en toda su dimensión.
El problema no es, como dice Salas, que el Intendente tiene doble discurso. El verdadero problema es cómo se escurre el dinero de las arcas del Estado en manos de vándalos sociales, el dinero que en teoría debería contribuir a sacar a los pauperizados del infierno en el que están. 
Hay aquí una desconexión obvia que debemos ponderar. ¿Dónde estaban todos cuando Baragiola jugaba a las escondidas con los recursos con los que contaba su área? Katz batió récords de kilómetros recorridos en 2005 buscando afianzar las obras de la Cumbre, juntando fondos para repavimentar la ciudad o participando en las negociaciones del conflicto pesquero. ¿Es posible que nadie le haya avisado sobre lo que estaba pasando con los subsidios en Desarrollo Social?  Meter la basura bajo la alfombra porque es un año de elecciones, y el 2005 lo fue, no es una práctica recomendable. Alguien debe hacerse cargo.
Según me han asegurado fuentes municipales, Katz le pidió la renuncia a Baragiola de manera más o menos firme en dos ocasiones. En una reunión con todo el gabinete realizada en septiembre pasado en una hostería de Mar de las Pampas, el jefe comunal le solicitó a la ahora diputada nacional hablar a solas del “desastre de su gestión". De qué se habló allí es un misterio, pero es evidente que el tema de los subsidios no pudo faltar, aunque tal vez la idea de que formalmente todo es correcto, como aseguran en Hacienda, haya calmado las cosas.
No obstante, lo que no cambia es la realidad. No se trata aquí del protagonismo circunstancial de Salas, o de los enojos del oficialismo para con algún medio o periodista, un clásico de la vida en democracia. Se trata de los hechos, algo que ningún discurso florido o trámite formalmente realizado puede modificar. Y para muestra, un botón: una de las ONG cuestionadas tiene domicilio constituido en Leguizamón 2570 de esta ciudad, curiosamente la misma dirección en la que Ricardo Berrospe cumple detención domiciliaria.
Entonces, no es el verbo: es la más cruda realidad.