Noticias & Protagonisas

Según un informe de Amnesty Internacional, que abarcó el período de enero a julio del 2008, 81 mujeres habían muerto en la Argentina por causas directamente vinculadas a la violencia familiar. No obstante, se sabe que estos números oficiales del primer semestre de 2008 se ubican muy por debajo de la realidad, ya que lo habitual es relacionar algunos crímenes de mujeres en el contexto de la inseguridad generalizada, salvo que el sospechoso o autor confeso sea su esposo, pareja o novio.
En el relevamiento de Amnesty Internacional, las conclusiones para nuestro país no escapan a la circunstancias que rodean a la violencia doméstica en todo el mundo, y su encuesta efectuada en cincuenta países sostiene que al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abusos en su vida. Además, se agrega que la Organización Mundial de la Salud ha comprobado que el 70 % de las mujeres que son víctimas de asesinato, mueren a manos de su compañero.
En los últimos doce años, se cuadruplicó la cantidad de demandas por casos de violencia familiar, de acuerdo a registros del Poder Judicial y los fueros civiles. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que los casos notificados son muchos menos de los que suceden, ya que muchas veces la víctima no informa de ello por vergüenza o porque no cree poder recibir ayuda.
Argentina cuenta desde 1994 con la Ley Federal 24.417, de Protección contra la Violencia Familiar, reglamentada en marzo de 1996. Desde antes de esa fecha, en 1992, se sancionaron leyes provinciales análogas en todas las provincias. Evidentemente no alcanzaron para solucionar el problema.
Graciela Aguirre fue absuelta del asesinato de su marido por ser un caso de legítima defensa, y volvió a cuestionar la pasiva actitud policial frente a sus reiteradas denuncias por los malos tratos que recibía de parte de su pareja. Relató que acudió numerosas veces a la sede policial de su barrio para denunciar a su esposo, Ricardo Ávila, y siempre le decían que no podían hacer nada si no llevaba a un testigo.
Aseguró a los medios que estuvo tres meses separada de su marido antes del incidente, pero aceptó que el hombre volviera al hogar porque le era imposible vivir así: la llamaba a cualquier hora, la amenazaba, le decía que iba a prender fuego a la casa con todos adentro, que la iba a matar a ella y al que quisiera defenderla. Es sólo un ejemplo de lo que miles de mujeres viven a diario.
La violencia en el hogar, especialmente los golpes propiciados a la esposa, es tal vez la forma más generalizada de violencia contra la mujer. En un Informe sobre el Desarrollo Mundial, se da a conocer que las violaciones y la violencia en el hogar causan la pérdida de más años de vida saludable entre las mujeres de 15 a 44 años de edad, que el cáncer mamario, el cáncer del cuello del útero, el parto obstruido, la guerra o los accidentes de tránsito.
Si existe violencia en una relación, la mujer debe hablar con su pareja y decirle que la violencia debe terminar; y de ninguna manera debe justificarla creyendo que a veces ella misma la provoca con su actitud. Nada fundamenta la violencia, por lo tanto no debe avergonzarse ni sentirse culpable por sufrir estas agresiones muchas veces de manera diaria. Lo importante es salir de ese círculo que ha llevado a muchas a la muerte, o a la no menos dolorosa situación de terminar asesinando a su pareja en defensa propia.
Una mujer víctima de violencia doméstica no debe aislarse; por el contrario, debe recurrir a sus familiares o personas amigas y contarles su problema y buscar un lugar donde refugiarse en momentos de emergencia si se ve imposibilitada de quedarse en el hogar. Aguantar no es la solución, ni tampoco pensar que todo va a  pasar. La víctima debe buscar asistencia legal e informarse de las leyes que las protegen.
En teoría, las leyes actuales tienden a facilitar la denuncia estableciendo la competencia civil en la materia y ampliando los organismos que pueden recibirla: tribunales y jueces de familia, jueces de paz, juzgados de primera instancia. La denuncia puede ser escrita o verbal, y no requiere un patrocinio legal. Obviamente no era lo que le informaban a Graciela Aguirre cuando se dirigía a la comisaría de su barrio.
En delitos contra la integridad sexual, la libertad y la propiedad los jueces penales pueden disponer medidas cautelares como la exclusión del hogar del abusador y su prohibición de acercarse a la/s víctima/s en el hogar o en los lugares que frecuenten.
La ley de la Provincia de Buenos Aires, que data del 6 de diciembre de 2000 y que fue reglamentada en noviembre de 2005, se considera una de las más avanzadas. En efecto, su concepto de “violencia familiar” es integral: “toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito”; y es la única en todo el país que se extiende a la violencia en relaciones de noviazgo.
Además, al establecer que el juez citará a las partes en momentos diferentes y en audiencias separadas descarta las audiencias de mediación, muy controvertidas en los casos de violencia doméstica, dado que no se trata de disputas cuyas partes estén en igualdad de condiciones, sino que implican una fuerte dosis de coacción.
Todas las leyes son perfectibles, pero las causas de las deficiencias en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, la demora en la toma de decisiones que se convierte en una falta de protección eficaz, la falta de acompañamiento y seguimiento de las crisis y aun la ignorancia que el personal judicial, policial y de servicios asistenciales deben buscarse no tanto en las leyes mismas como en un sistema de pautas culturales socialmente muy arraigadas.
Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, a no perder a sus hijos, a reclamar para ellos la pensión alimenticia que les corresponde, a denunciar a quien las agrede y, sobre todo, a criar a sus hijos en un ambiente sano y sin crueldad.
Pero existe una doble ley que rige la vida de las mujeres. Por un lado está la explícita y moderna, que nos declara ciudadanas y sujetos de pleno derecho. Y hay otra que es arcaica y que muchas veces prevalece sobre la formal, según la cual la mujer es un sujeto para controlar y someter. El Estado puede incorporar una legislación sumamente moderna sobre el tema de la violencia, pero si a la vez no establece ni siquiera un sistema confiable sobre las cifras y las circunstancias de las muertes, no deja de ser en parte cómplice de estas atrocidades que suceden ante la indiferencia del resto de la sociedad.