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La intimidad es aquel espacio de privacidad de los individuos que resulta vedado a los demás, a excepción hecha de que la persona brinde consentimiento expreso para que ese universo naturalmente prohibido sea vulnerado. Así y todo, es una situación sujeta a debate, pues los bordes se han ido desdibujando paulatinamente a un lado y a otro de la biblioteca –recordemos aquí los balinazos que se ligaron los periodistas y camarógrafos que pretendieron tomar unas fotos de Diego Maradona en una quinta de Moreno hace algunos años-, y en la actualidad es complicado determinar con precisión la línea que separa el derecho a la información de la intromisión. Principalmente si del poder (económico, político, social, judicial) se trata.
Recientes publicaciones que revelan presuntos casos de abuso de poder cometidos por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, vuelven a colocar sobre el tapete la urticante cuestión de dónde empieza y dónde acaba el derecho a la intimidad que una sociedad democrática otorga a los sujetos titulares de derechos de representación, en cualquier cargo, jurisdicción o nivel que sea. Está claro que el más público, popular o célebre de todos los individuos -y particularmente aquellos designados para servir en instituciones democráticas- no renuncia por ello a su derecho a la intimidad. No obstante, la restricción a comunicar hechos que pudieran afectarlos, o que pudieran impactar en la tan mentada libertad de expresión, debería adecuarse a la necesidad de proteger como bien primero y último el derecho a la información que el público posee. Ahora bien: ¿hasta dónde y quién lo determina?

¿No pasarán?

Para darle un marco mínimamente formal y no meramente antojadizo al tema, podría decirse que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que “el derecho a comunicar información sobre hechos de interés público ocupa una posición singular en el sistema constitucional de los derechos fundamentales, ya que una lesión o restricción injustificada implica no sólo la limitación del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información, sino que también afecta negativamente a la creación y mantenimiento de una opinión pública libre, como institución esencial del sistema democrático”.
El caso de Italia es paradigmático, pero no excluyente –mucho menos resulta original para los argentinos-, y los ejemplos lo confirman. La prensa de ese país y la internacional han dado a conocer últimamente algunos episodios que trazan una frontera visible respecto de los abusos de poder y el derecho a la intimidad. Así, por ejemplo, el itálico ha promovido la aprobación de leyes expresamente enunciadas para que en vuelos oficiales y, por tanto, con recursos del erario público, puedan viajar también invitados particulares con fines recreativos (todavía subsiste en nuestro consciente colectivo el recuerdo de Tony Cuozzo, el peluquero de Menem, que lo seguía como una rémora; o los tours de compras de Zulemita y sus amigas, en misiones oficiales). También promocionó Berlusconi a cargos de mayúsculo compromiso y por ende idoneidad, a bellas mujeres cuya única cualidad política es, precisamente, su estética (cualquier coincidencia con los nombramientos de María Julia, Nilda Garré, etc., no es mera coincidencia). El mandatario ha considerado que la publicación por parte del diario El País de las fotos tomadas en su casa de Cerdeña, en las que se lo puede ver floreándose por los jardines acompañado por sendas señoritas muy livianas de ropas y de prejuicios, viola el derecho a privacía de sus invitadas, por lo que ha pronosticado acciones legales contra el medio. La disputa amenaza con no quedarse en la superficie, pues el medio parece dispuesto a presentar batalla, parapetado en poderosas razones de orden jurídico, que pivotean en el interés público de la información difundida.

París bien vale la discreción

La primera de las razones a atender parecería estar fuera de toda duda razonable: la legitimidad de la que disponen los medios de comunicación para informar del uso que un primer ministro o un funcionario esté haciendo de una legislación con el sólo fin de proporcionarle diversión, a él o a gente de su amistad. Sobre todo, cuando la finalidad es meramente recreativa y no obstante ello sostenida con el dinero de los contribuyentes. Podríamos citar aquí algunos ejemplos telúricos de abusos de poder, como la construcción de cierta pista de avión en una remota localidad riojana, cuya utilización estaba circunscripta a los participantes de asados de fin de semana de un señor feudal que supimos conseguir (a través de los votos, sí señor, como Italia con Berlusconi). O la venta de lotes fiscales a precios ridículos en la Patagonia K, completamente fuera de los valores de mercado, para que los amigos y testaferros se enriquezcan con explotaciones turísticas. Por decir algo, que la lista es interminable.
Que una norma permita al entronado de turno materializar un acto de poder visiblemente abusivo no obsta para que la prensa lo dé a conocer, pues el destinatario final, es decir el público, debe saber de qué va la cosa con su dinero. Particularmente porque cada 4 años le toca refrendar o no esos destinos dinerarios, así como el comportamiento propio o impropio de sus gestores.
La discreción, es sabido, no cotiza en mercados bursátiles; sin embargo, se ha vuelto un bien tan preciado como indispensable en el comportamiento humano. Porque no sólo es lo que hacen quienes están sometidos a escrutinio, sino cómo lo hacen. La ostentación, en tiempos de retracción económica y de penuria social, es combustible de alto octanaje para las masas, soliviantadas a perpetuidad por su propia privación y la impudicia del poderoso. Hubo un tiempo en que tan importante era ser decente y austero como parecerlo; hoy, a la austeridad se la toma como miserabilidad y a la decencia como un defecto grave de carácter.
Lo auténticamente relevante es la jactancia que los sujetos públicos hacen del lujo privado. Porque mueven a pensar cuál es la porción de ese lujo que ha sido financiada con dinero público, al amparo de una o varias normas ad hoc. Si el objetivo primordial de la vida es pasear en un Mercedes Kompressor último modelo, el propósito se vuelve incompatible con la función del juez, por ejemplo, toda vez que un magistrado de la República no gana lo suficiente como para mantenerse, alimentar, educar, vestir y asegurar la salud de una familia, y con el remanente, ser el feliz propietario de un vehículo de súper lujo y súper precio más media docena de propiedades. Desafortunadamente para el público, que los conoce tras las máscaras pero no consigue librarse de ellos, estos indecorosos del poder siempre se agencian una esposa rica o heredera o un hermano sumamente exitoso en los negocios que proveerán la excusa perfecta. Pero igual las cuentas no cierran, y la gente, con la colaboración de su más que mediana inteligencia y una ayudita de su amiga la prensa, las hace.
El derecho a la intimidad, como derecho a no ser molestado, está protegido por expresos convenios en todos los continentes. Pero cuando lo que se censura públicamente son los comportamientos de políticos o funcionarios, aparece una especie de limbo en cuya prioridad se encuentra la de proteger el derecho a la información. Es decir que los límites de la crítica permitida se amplían respecto de los personajes públicos. Les guste o no. Si a la señora Presidenta no le gusta que la prensa advierta sobre sus carteras, las extensiones en su roja cabellera, la confrontativa cantidad de joyas que exhibe o sus muletillas dialécticas, debería abstenerse de mostrarlas. O, si tanto le gustan, emperifollarse y pintarse como una puerta para regar el jardín de la quinta presidencial. Porque, en realidad, lo que se le cuestiona no es su pelo, su atuendo o su maquillaje desmedido, sino la traducción ilustrativa que ello significa en un individuo con tales encomiendas. Discreción, señora, discreción, condición si ne qua non de una vida no agriada por la crítica admitida. O marche sin demora a la actividad privada, donde uno puede limpiarse las partes con las críticas, porque no usa el dinero de nadie más que el propio.
Conocer las profundas contradicciones que habitan en las entrañas del poder es un derecho primario de las sociedades. Tenemos derecho a saber quiénes son los que elegimos para administrarnos, y sus discursos no suelen darnos las pistas necesarias. O sí, tal vez, si hilamos aun más fino: más allá de lo que la imagen sugiere –lo cual muchas veces raya con la obscenidad institucional-, el abuso del adjetivo sin verbo, el oponer sin proponer, la descalificación de vuelo rasante, que no supera la chicana de ocasión, muestra cabalmente la pobreza intelectual, moral y ética de los vendedores de humo. Que hacen la gran fogata y nos piden, boleta en mano, que traguemos los vahos sonriendo y sin chistar.