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¿Quizás porque Irán es “enemigo” y, por tanto, hay que multiplicar ad nauseam todos sus excesos? ¿Quizás porque Turquía es “amiga” desde hace décadas, cuando no autorizaba el cruce de la flota soviética del Mar Negro al Mediterráneo? ¿Quizás porque se declara “europea” y los EEUU alientan su aceptación? ¿Quizás porque permitió ser puente aéreo para bombardear el norte de Irak? Dos casos muy similares, uno de altísima repercusión, otro de bajísimo perfil. Incomprensible, salvo lecturas políticas.
Cuando se detuvo a Roxana en Irán, el gobierno recibió todas las presiones posibles (y está bien que así haya sido). Hija de padre iraní y madre japonesa pero nacida en EEUU, fue detenida y condenada a ocho años de prisión después de un juicio a puertas cerradas.
Japón envió representantes, Hillary Clinton criticó con énfasis, y la tensión Washington-Teherán encontró un nuevo punto de apoyo en la acusación-defensa de la periodista independiente de la Nacional Public Radio y la British Broadcasting Corp.
Acusada de espionaje, “confesó” (según el tribunal iraní) y fue condenada. Obama se manifestó muy preocupado. El gobierno iraní jura haber dado todas las garantías legales. La prensa explotó indignada en todos lados. Reporteros Sin Fronteras consideró que el resultado era producto del “código criminal iraní”, alertando al gremio sobre la continuidad en la representación. Al poco tiempo, Roxana fue liberada “de la infame prisión de Evin en Teherán” (El País, Madrid) tras la apelación de su abogado… iraní.
Hasta aquí todo bien, inobjetable defensa de la libertad de prensa, de garantía de los Derechos Humanos, etc., etc. Ahora, ¿por qué no el mismo tratamiento para la sevillana Espinosa, a punto de ir a la cárcel cinco años por asistir a una manifestación de los kurdos en Turquía? La joven, estudiante de periodismo en la Universidad de Sevilla, recibió una beca Erasmus para ser pasante en Turquía y completar así su graduación.
Alquiló un piso con otras estudiantes en Gaziantep, Sureste de Turquía, zona de fuerte población kurda habitualmente perseguida por los turcos (con el silencio cómplice del mundo).
Justamente aprovechó para ir a ver una manifestación política pacífica de la minoría étnica, del Partido de la Sociedad Democrática: “a mí me han enseñado que para ser periodista tienes conocer el tema del que hablas y no hay mejor forma que verla en directo”, fue su explicación tan lógica como profesional. “Yo no fui a manifestarme por los derechos de los kurdos, no soy kurda y ese no es mi papel. Pero como periodista vi en la invitación una buena oportunidad”, aclaró. Todo esto ocurría el 19 de octubre del año pasado.
La manifestación se frustró (no había más de cien personas), y Adriana se contentó con acompañar desde atrás tomando notas y fotos, hasta que se aburrió y regresó a su casa antes del final. Notó que había otros sacando fotos, y supuso otra cobertura de prensa. Sólo dos semanas después, al regresar a su casa, encontró el armario revuelto, sus fotos y cámara habían sido robadas. Y supo que sus compañeras de piso habían sido detenidas a las cinco de la mañana por una patrulla policial.
Así se fue enterando de que la policía local tiene infiltrados en las Universidades, y se sorprendió de que en la de Sevilla no le advirtieran sobre semejante perfil. Al mes del hecho, 19-11-08, la llamaron para decirle que debía presentarse con urgencia al decanato: no llegó. Fue interceptada por agentes policiales turcos.
Sin intérprete ni abogado, ante un tribunal y fiscales que ni siquiera hablaban inglés, se tuvo que arreglar con un funcionario de rango menor que tradujo a medias; y un letrado de oficio que llegó a último momento y no abrió la boca en su defensa. Le mostraron documentos sacados de su PC, incluyendo la recopilación de datos para su trabajo en la Universidad de Sevilla. Le exigieron que denunciara las actividades de una de sus compañeras, a menos que aceptara ser co-responsable.
Obviamente no lo hizo, y de milagro la soltaron en espera del juicio que se llevará a cabo la semana entrante. El fiscal la acusa de dirección, preparación y participación en concentraciones ilegales, lo que implicaría cinco años de prisión o la módica suma de cincuenta millones de euros de multa. Observada, controlada, violada la intimidad de su hogar, sin derecho a la defensa, con riesgo de terminar en las sórdidas cárceles turcas, ni los gobiernos occidentales, ni Reporteros sin Fronteras, ni los medios especializados han sacado una línea (salvo Rebelión). ¿Tanto vale ser amigo en el sistema? Parece que sí.
Porque del mismo modo que se ignora lo de Adriana, sigue sin resolverse el asesinato del periodista y defensor de los Derechos Humanos Hrant Dink, director del semanario Agos, columnista del influyente Zaman, crítico mordaz del gobierno y de la falta de reparaciones al pueblo armenio, pacifista asesinado a balazos por sus opiniones. Uno de los asesinos es informante de la policía; la Gendarmería fue negligente en el seguimiento del caso pese a que Dink había recibido amenazas de muerte, y todo hace sospechar que hay policías involucrados con respaldo del Ministerio del Interior.
Informar sobre los Derechos Humanos en Turquía puede costar la vida. La censura amenaza a los periodistas turcos que desean denunciar la situación social del país y la violación de derechos al pueblo kurdo. Muchos se autocensuran, y los que deciden informar son detenidos e incluso asesinados. El Estado es el que decide qué se publica y qué no, condicionando subsidios. El tema kurdo admite sólo la versión oficial, que esconde las penurias a las que se los somete (prohibición del uso de su lengua, no acceso al estudio, no a emisiones de radio en su idioma, etc.).
Sólo se muestra lo que ocurre en Ankara y Estambul, y se criminaliza la actividad de los organismos de Derechos Humanos. El uso de Internet es muy limitado, especialmente en zonas de frontera (con kurdos, armenios e irakíes). Y si quiere más, hace un mes el gobierno prohibió a los sindicatos manifestarse en plazas públicas. Amnesty le reclamó a Turquía que garantizara el respeto por la libertad de reunirse pacíficamente, pero la policía respondió enviando camiones hidrantes y policías con porras, gases y perros al lugar de la hipotética reunión (que, desde luego, no se hizo).
Ahora bien, Turquía es candidata a ingresar en la Unión Europea, para la que el respeto por los Derechos Humanos no parece ser esencial. Es más, España le vende armas. Digo, ¿no?, o más bien repito: ¿tan fuerte es ser amigo del sistema que a uno le admiten lo que para otros es imperdonable? Roxana, detenida en Irán, tuvo a todo el mundo detrás suyo protegiendo su integridad. Adriana, acusada en Turquía, se debate sola y sin traductor.