26.07.2009 | “Una especie de comunistas modernos quieren suprimir los incentivos materiales previstos para los músicos, los directores de cine y los creadores de programas informáticos”, Bill Gates.
A partir de la tremenda toma de posición del zar de la web, esa argumentación fue retomada una y otra vez por los miles de lobbystas que reclaman aumentar la lista de sectores protegidos por la propiedad intelectual. Desde el agricultor víctima en sus campos de la diseminación ambiental de semillas genéticamente modificadas patentadas, hasta el usuario de las redes de intercambio de archivos entre iguales (P2P), todos hemos pasado a ser presuntos culpables de violación de la propiedad intelectual.
¿No hay otra opción que la visión expansionista de la propiedad intelectual por un lado y el “comunismo” por el otro? ¿La cultura debe optar obligatoriamente entre el control total de su utilización, por medio de la tecnología y de las policías privadas, o un régimen burocrático de economía administrada? ¿O entre la gratuidad destructora de la creación intelectual y la maximización de la ganancia obtenida por cada uso que se haga de las obras?
La respuesta parece venir de la mano de un extraño partido político que -así como los “verdes” parecían un elemento exótico de la política en la década del ‘70 y hoy son una fuerza importante sobre todo en Europa- parece extraña a principios del siglo XXI, pero quién sabe si no serán toda una potencia dentro de unos años.
Los piratas han desembarcado en la política. Nunca se fueron, dirá usted. Pero al menos hasta ahora escondían sus intenciones. En la actualidad, enarbolando nombre y bandera, el “Partido Pirata” sueco en las pasadas elecciones europeas consiguió un escaño al obtener un 7,1% de los votos (más de 200.000). Ahora, si Irlanda aprueba el Tratado de Lisboa el próximo mes de octubre, esta organización política, la quinta más votada en el país escandinavo, conseguiría un segundo asiento en la Eurocámara.
Los objetivos políticos de este partido, fundado hace tres años, son claros: cambiar la legislación sobre los derechos de autor, eliminar el sistema de patentes y fomentar políticas de privacidad y de los derechos civiles en el mundo digital. Quieren reducir el tiempo de protección de los derechos de autor de los más de 70 años actuales a cinco, y que Internet sea realmente libre, fomentando la difusión de la información y la cultura.
Otro de los objetivos políticos del extraño partido sueco es promover contenidos de licencia libre o software de código abierto. Creen que no existe ninguna razón por la que en las escuelas se enseñe a los niños a manejarse con Windows y crear en el futuro clientes fieles al sistema. Tienen personas en el partido dispuestas a trabajar activamente para asegurar que los gobiernos de sus localidades utilicen software de código abierto.
En las últimas semanas, después de la victoria del Partido Pirata sueco, los aires piratas se han expandido por Europa. París y Praga son las últimos puertos donde han recalado, las dos capitales han sido testigos de la aparición del Partido Pirata francés y el Partido Pirata checo.
Recientemente ha surgido también un partido pirata en Eslovaquia. Hay uno planeado en Hungría, y a nivel mundial se pueden encontrar sucursales piratas en lugares como Sudáfrica, Australia, Brasil, Nueva Zelanda o España.
Este movimiento, ampliamente apoyado por la juventud de su país, va en contra de una corriente proteccionista que recorre el mundo. Una ley respaldada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para hacer frente a la piratería en Internet sufrió un revés la semana pasada, después de que los legisladores aplazaran la votación del proyecto de ley hasta septiembre; pero no hay muchas dudas de que será votada más temprano que tarde.
El Tribunal Constitucional francés suavizó un texto aprobado por el Parlamento en junio que habría contemplado la creación de una autoridad con poder de cortar el acceso a Internet como sanción para aquellos que descargan música de manera ilegal.
La industria de la música, que quiere que los gobiernos y los proveedores de Internet tomen duras medidas contra la descarga ilegal de obras con derechos de autor, han dado su apoyo al proyecto. Pero los consumidores temen la intrusión del Estado en el seguimiento de las actividades on-line y avisan que usuarios inocentes podrían ser injustamente castigados si los hackers usan sus cuentas para descargar archivos.
¿Todos somos piratas? Eso es, al menos, lo que la propaganda contra los intercambios de archivos de música quiere hacernos creer. Sin embargo, aquellos que ciegamente toman partido por la “propiedad informacional” deberán luchar sin tregua contra los nuevos modos de creación.
¿Hasta dónde llegará el derecho a la propiedad? Su expansión, para todo lo que puede calificarse como información, parece no tener límites. Los campos de aplicación de los títulos de propiedad (patentes, copyright y, en menor medida, marcas) se amplían permanentemente; y aparecen nuevas medidas técnicas, judiciales y policiales para reforzar esta tendencia.
Es cierto que la apropiación de las patentes de moléculas de medicamentos, programas de informática, variedades de plantas y linajes de células encuentra fuerte resistencia; pero los grandes grupos multinacionales, las oficinas de patentes, los consultores jurídicos especializados, el gobierno estadounidense y la Comisión Europea hacen todo lo posible por expandirla.
Cuando el Estado se transforma en oficina de prevención del lucro cesante de las grandes compañías, la inquietud no viene tanto de ver que oficializa las preferencias de las industrias culturales o tecnológicas, sino del hecho de que ya no posee una política cultural.
Pretender definir y controlar por medio de la tecnología lo que es o no legítimo; poner fuera de la ley lo que permita otros usos, e imposibilitar a priori el intercambio y el tratamiento de la información es como tratar de detener un río con las manos, exigir un policía informático para cada gota de agua. No alcanzará siquiera con declarar ilegales los programas informáticos libres. Será necesario, como prevé un proyecto de ley estadounidense, prohibir todo sistema capaz de digitalizar imágenes y sonidos que no contengan dispositivos que reconozcan y apliquen las restricciones previstas en beneficio de los poseedores de los derechos potenciales de esas imágenes o sonidos.
Aceptar esa concepción podría enviarnos por décadas, en materia de información y de medios temporales, sonido e imágenes animadas, a lo que fue el tiempo de los escribas para la escritura.
¿Esto significa que todo debe estar permitido y ser gratuito? Ni una cosa ni la otra. Se trata de encontrar la manera de cobrar los derechos y pagarle a los creadores de cine, música, obras literarias o educativas, etc, sin destruir el potencial de un mundo donde abundan las nuevas tecnologías.
El número uno del Partido Pirata sueco, Rick Falkvinge, dijo al finalizar el día de las elecciones: “esta noche los políticos han aprendido que hacer lo que les dicta su lobby les costará votos. Somos el mayor partido entre la población menor de 30 años, esto significa construir el futuro de las libertades”.
por Rosanna González Pena
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