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La gente dice en la calle que la cárcel sólo sirve para entrenar al delincuente en delitos peores que los que ya conocía. Vista así, la cárcel sería un ámbito de especialización, una escuela de tumberos donde cada uno logra transgredir más límites y vencer la valla para agravar sus faltas. Puede ser.
Lo cierto es que una organización no gubernamental, Unidos por la Justicia, demostró que el Estado nacional invierte $6.329 por mes, es decir unos $130.000 al año, por cada uno de los presos que alberga en el Sistema Penitenciario Federal. ¿Dónde está, entonces, el punto de fuga? Si pensamos que la cárcel debería servir para rehabilitar, y que paradójicamente los índices de reincidencia aumentan, es evidente que la erogación realizada no alcanza la mínima eficiencia.
El director ejecutivo de la institución, Martín Gershanik, afirmó que el propósito del informe fue alertar al Estado sobre la situación, ya que de hecho se está realizando un enorme esfuerzo presupuestario que cae en saco roto. El dinero proviene de los impuestos que pagan los habitantes de la nación, y sería justa la inversión si produjera un resultado mínimo aceptable, pero de hecho, en materia de recuperación y descenso de la reincidencia, no se ha podido llegar a nada. ¿Dónde está el error?
El Sistema Penitenciario Federal alberga un total de 9.249 detenidos, los cuales se encuentran distribuidos en 28 cárceles y 10 alcaldías de todo el país. Cuenta con una planta permanente de 9.829 agentes, lo que da una relación penitenciario-detenido de 1 a 1. Pero en la provincia de Buenos Aires, de los 20.000 agentes que desempeñan funciones, el 80% está abocado a tareas administrativas, por lo que la relación aproximada real es de 1 guardia por cada 50 detenidos, un número que vuelve imposible realizar un control de problemas de convivencia o agresiones potenciales. El tratamiento es ineficaz, y en 2007 se pudo verificar una tasa de reincidencia del 29,34% de los condenados.

Vivir mal

Sostiene Gershanik: “Hay que generar un sistema que, respetando los estándares de protección de los Derechos Humanos, pueda contribuir en forma eficaz a mejorar el tratamiento y la reinserción exitosa de los detenidos. Ese es el único camino por el que se puede contribuir a una sociedad más segura y más justa”.
Unidos por la Justicia es una asociación civil que se dedica a la investigación de la problemática del funcionamiento de la justicia en todos sus niveles, nacional y provincial, con el fin de generar propuestas y soluciones para afianzar el estado de derecho, fortalecer el sistema democrático, elevar los niveles de seguridad física y  jurídica, tanto en el país como en la región, proponiendo e impulsando los cambios necesarios para que el sistema judicial sea accesible, ágil, eficiente y confiable.
El informe compara los sistemas penitenciarios de la provincia de Buenos Aires y el Federal, para observar que el Estado nacional destina un 105% más de dinero en cada detenido que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si consideramos que el Servicio Penitenciario es una fuerza de seguridad que contribuye al mantenimiento del orden público, actúa como auxiliar en la administración de justicia y es el encargado de la asistencia de los procesados y condenados, se entenderá la función primordial que cumple en políticas de mejoramiento de la seguridad.
El documento pone en evidencia que existen personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en espacios no aptos a tal fin, como comisarías y departamentos policiales: “la mayoría de los presidiarios en nuestro país sufre condiciones de detención que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la materia. Los altos índices de sobrepoblación y violencia carcelaria caracterizan en mayor o menor medida la situación de los centros de detención de todo el país”. La virtual naturalización de la crisis carcelaria expresa una de las deudas sociales más importantes de nuestra democracia.
El sistema carcelario se ha declarado en emergencia luego de una importante cantidad de reformas legislativas que contribuyeron a generalizar la privación de la libertad durante el proceso. En la provincia de Buenos Aires, las personas detenidas sin proceso llegan a representar un 80% de la población carcelaria. Y precisamente, la provincia parece ser el eje del conflicto detectado, que ya en 2007 concentraba el mayor porcentaje de la población penitenciaria del país, más del 44% del total.
A pesar de las remodelaciones realizadas, el paradigma de los edificios de los penales tampoco se adapta al moderno, sino que continúa con el modelo de pabellones del siglo XIX. En Buenos Aires existen 46 unidades penitenciarias: 43 están en funcionamiento, dos clausuradas y una no ha sido inaugurada, la de Lomas de Zamora. De todas maneras, la infraestructura actual es insuficiente: 4 de ellas tienen más de 100 años de antigüedad, y el promedio de las restantes es de 30 años. Sus formas de construcción tampoco son eficientes, como las basadas en el modelo panóptico, y las de más de una planta, que dificultan el control y traslado de detenidos.
De hecho es un caos. En el servicio bonaerense, el hacinamiento y la incertidumbre de los detenidos promueve cada vez mayores tensiones y conflictos: en los primeros once meses de 2008 murieron 86 internos, 27 de ellos en grescas o asesinatos, y 7 por suicidios. Otros 52 fueron víctimas de enfermedades no tratadas. Y se registraron 5.169 hechos de violencia: “una cifra alarmante que pone al descubierto un sistema carcelario fuera de control”, concluye el informe.

¿Qué hacer?

La ciudad de Mar del Plata es un caldero hirviente en cuestiones de inseguridad. Su alto índice delictivo se pliega a la cercanía de la unidad carcelaria de Batán para hacer de esta problemática una cuestión especialmente sensible. Existen muchos convictos que salen de la cárcel a reincidir, y buscan albergue en las inmediaciones para esperar potenciales oportunidades de consumación.
La institución Unidos por la Justicia ofrece una serie de medidas como propuesta para propiciar una solución a los problemas detectados. Considera que es menester realizar un relevamiento de las verdaderas necesidades de nuevas plazas en cárceles, para solucionar el tema de la superpoblación y el hacinamiento, tomando las consideraciones de rigor: a mayor peligrosidad, mayores requerimientos de seguridad interna y perimetral. A mayor gravedad de cuadro sanitario, mayores exigencias para el servicio de salud.
Se propone la incorporación de medios estructurales y humanos para que se  asegure el tratamiento digno, y de un sistema procedimental y judicial que asegure que el encarcelamiento preventivo se reduzca a un plazo mínimo necesario para la preparación del juicio. Indica, además, que es imprescindible un aumento del personal asignado a cada unidad. La relación debería ser de un guardia cada 10 detenidos, que bajará de acuerdo con la peligrosidad, tipo de establecimiento, o conflicto de convivencia.
En cuanto a las políticas de reinserción, es necesario que los condenados obtengan beneficios progresivos a partir de méritos constatables, y que una vez liberados se les abastezca de un aparato de contención que impida que recaigan en el delito a falta de nuevas oportunidades laborales por carencia de capacitación o simple estigmatización social. Se debe fortalecer la acción del Patronato de Liberados para disminuir el índice de reincidencia delictiva. Lo mismo se procuraría a través de convenios con universidades y empresas locales.
¿Cuántas posibilidades existen de que esta problemática sea tenida como urgente en una comunidad como la nuestra? No es posible determinarlo. Lo que sí es seguro es que, de no imponerse medidas de modificación del sistema, todo el dinero que se invierta en la actualidad, dinero de contribuyentes, caerá, como siempre, en saco roto.