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Nadie podría decir con total certeza si se trata de una medida preventiva a nivel sanitario, cuyo horizonte radica en alcanzar el bien común y la impoluta salud de la población; o si se trata, en cambio, de una medida preventiva dirigida hacia lo propio, cuya meta radica en restituir la apariencia impoluta de que todo funcionario quiere ser digno ejemplar en su especie. Porque hubo una especie que se les fue de las manos meses atrás, cuando por boca del ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, toda la raza dirigencial se empeñaba en sostener que aquí no había dengue, que se trataba de brotes esporádicos y nada más. Si las palabras fuesen capaces de construir una barrera real para evitar que los conflictos penetren y actúen a gusto y antojo, entonces el ministro Oscar Félix González actuaba en consecuencia: mientras afirmaba que en los hospitales cordobeses se registraba un “amesetamiento” y una “disminución” de los casos de dengue, desde los hospitales mismos salían a desmentirlo, confirmando que los casos comprobados iban cada día en franco aumento. Como a quien rápidamente se le escapa la lenta tortuga, al ministro y sus compañeros se les escapó el mosquito.
Y Mr. Aedes tomó el mando de la situación, propagándose y proliferando,  llevando, de la mano de su multiplicación, la multiplicación de la enfermedad y los brotes. Así que ahora, adelantándose aun a la llegada de la primavera -cuando por aquí ya arrecian seriamente el calor y las condiciones óptimas de cultivo y nacimiento de las larvas-, las medidas preventivas van saliendo y haciéndose efectivas por fuerza de ley.
Hace una semana, se aprobó por unanimidad en la Legislatura provincial la Ley de Lucha contra el Dengue; supuesta acción preventiva que, con todos los pormenores típicos de una legislación prohibitiva y condenatoria, controlará y sancionará a los ciudadanos cordobeses de acuerdo a cómo se comporten para evitar que, por sus patios y cacharros, Mr. Aedes resucite. Según lo establece en su artículo 3º, la ley tiene el doble objetivo de “prevenir la aparición y reaparición de casos y erradicar la patología; y optimizar la atención de los pacientes en base a protocolos establecidos”. Las variantes en los modismos burocráticos propuestos por esta nueva ley no imponen grandes innovaciones al segundo de los objetivos, pero sí al primero. Y es que, a partir de ahora, cada vecino que no cumpla con su nuevo deber civil de “descacharrar” será sancionado, junto a toda la gravedad que la ley impone, con multas económicas que oscilarán entre los 900 y los 44.000 pesos según los casos.
De acuerdo a lo dispuesto por su artículo 19º, las sanciones se regirán por el siguiente criterio: leve, para los criaderos de larvas donde se encuentre un depósito menor de 200 litros de líquido; grave, para los que excedan dicha capacidad. Pero las sanciones y controles no se aplicarán únicamente a las viviendas habitadas en comprobada infracción. Los locales comerciales también están en la mira de la ley, pudiendo recibir, además de multas, serias condiciones de clausura o inhabilitación; y las viviendas abandonadas, deshabitadas o aquellas en uso que no hayan permitido el ingreso de los agentes de control, podrán ser allanadas por autorización policial y oportunamente sancionadas. Me pregunto qué tipo de sanción o medida de control igualmente estricta regirá para los espacios públicos; porque, entre arroyos y demás cauces, más todos aquellos espacios verdes con numerosas fuentes y amplios reservorios de agua, abundan los caldos de cultivo de única y exclusiva responsabilidad pública… ¿Se controlarán y sancionarán, los funcionarios públicos, a sí mismos?
Como ése es un asunto difícil de esclarecer, hasta ahora el ojo sigue puesto en los otros, esos que se dan en llamar “la gente”. Y hacia ellos se ha lanzado un plan piloto a fin de evaluar y tantear la respuesta y la reacción que iremos tomando ante el riesgo de la multa; porque, tal como están dados los términos y condiciones, parece tratarse más de eso que del riesgo por la propia salud. Durante la semana que pasó, dos barrios fueron objeto de la indagación de censistas que, casa por casa, fueron tocando timbre e ingresando a los domicilios para evaluar su nivel de “cacharrización”. Acompañados de un policía y una credencial, los censistas dedicaron aproximadamente media hora para revisar patios y verificar la existencia o no de mosquiteros; efectuando, a su vez, un extenso cuestionario como paso previo a orientar las encuestas que se realizarán a fines de noviembre cuando se realice el “Censo Anti-mosquito del Dengue”. En ambos casos, salvando la variación en las preguntas que afilarán, el procedimiento será el mismo: todas las personas deberán permanecer en sus domicilios para recibir a los brigadistas que controlarán sus casas; donde no se encuentre quien abra la puerta, se notificará la visita y se repetirá 72 horas más tarde; en caso de que la bienvenida siga siendo negativa, se hará uso de la fuerza pública (policía o Ejército, si hiciera falta). En otras palabras, limpia su casa o paga; nos deja entrar o le tiramos la puerta abajo. 
Sabemos que Mr. Aedes, al igual que muchos de sus hermanos y primos, son hijos del rigor. En una línea de pensamiento similar, tendemos a creer que eso que llamamos “la gente” también lo es. Resulta bastante complejo discernir hasta qué punto y en qué circunstancias necesitamos que nos fuercen y nos penen para lograr que hagamos algo simple, algo elemental: ser responsables, por ejemplo. No cuestiono la existencia de una ley, si es que ésa es la forma de promover un cambio efectivo y positivo. Pero me hace bastante ruido que -como sucede con el dengue y con tantas otras cosas, cuando resolver el problema es tan fácil y simple como que cada uno se ocupe de lo propio para evitar el riesgo o el daño tanto individual como general- tengamos otro motivo para convivir una vez más con la amenaza de una pena para hacer lo que nos corresponde. Dice la ley que se deberá “motivar a los ciudadanos, a efectos de incidir positivamente en la comunidad y estimular la participación”. Si esta es la única forma de motivarnos y estimularnos, entonces, cordobeses y argentinos, seremos eternos objetos de pena, sanción y castigo por los siglos de los siglos. Y, como también dice la ley, “apruébese, archívese, y publíquese”.