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Los tratados comerciales y las patentes pueden tener impacto negativo en el acceso a los medicamentos, sobre todo en los países en desarrollo como los de nuestra región. Porque, a pesar de alentar las inversiones en el desarrollo científico, crean monopolios que fijan precios altos y dificultan la competencia en el mercado.
En México, los más grandes laboratorios farmacéuticos a nivel mundial están enfrascados con el gobierno en una fuerte lucha contra las autoridades, que buscan abaratar el mercado de las medicinas. Se trata de un mercado de más de tres mil millones de dólares anuales.
Las presiones son mayúsculas y las farmacéuticas demuestran su poder. Del resultado de estos lobbys se observará el nivel de compromiso de las autoridades, cuya labor es proteger la ley y a los consumidores mexicanos.  Sea cual fuere el resultado, deben respetar las leyes y no obedecer a presiones de los laboratorios ni a caprichos gubernamentales.
Los laboratorios farmacéuticos Roche, Sanofi Aventis, Bristol Myers Squibb, Abbott y AstraZeneca están peleando la extensión de las patentes de ocho medicamentos, que debieron vencer en 2005.  El argumento de las compañías es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debe compensar el plazo transcurrido entre el otorgamiento de la patente en el extranjero y la presentación de la solicitud en México, un promedio de 5 años.
Muchas farmacéuticas tienen su principal ingreso en el mercado de patentes vencidas, cuando en otras economías el foco está en la innovación. México nunca ha generado una patente médica propia, lo que es común en Europa, EU, Japón y algo también en India y Singapur.
En Brasil los genéricos representan el 60 % de las ventas, en Europa están arriba del 30 % en valor y 75 % en unidades. En México no llegan al 15%. Esto se explica por la presencia de los visitadores médicos que inciden en la prescripción de los doctores, amén de que la ley impide que en la farmacia se modifique la receta y la propia legislación exige medicar sólo la sustancia activa.
También durante esta semana, distintas ONG contrarias al tratado de libre comercio que negocia la Unión Europea con varios países andinos celebraron en el Parlamento Europeo un foro público en el que subrayaron los "impactos negativos" que puede tener este tipo de acuerdo.
En primer lugar, consideran fundamental que se garantice el acceso a los medicamentos genéricos y que se amplíen las licencias obligatorias para medicamentos patentados “por necesidades de salud pública”.
Precisamente, las patentes de los medicamentos son uno de los puntos más sensibles que debe tratar este acuerdo de libre comercio. En ese contexto, los americanos insisten en que “debe quedar prohibido patentar plantas, semillas, animales, microorganismos y toda materia viva”; y recalcan que se tiene que “reconocer, promover y proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas”.
Si los diferentes tratados comerciales vigentes a nivel mundial se refieren a los medicamentos como cualquier otro bien de consumo, es evidente que esos tratados pueden tener un impacto negativo en el acceso a los remedios, sobre todo en los países de economía media y baja. El derecho a la salud ha sido reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales; la garantía a ese derecho debe incluir el acceso a la prevención, a los cuidados y al tratamiento, lo que incluye el acceso a los medicamentos y otros insumos para la salud. La garantía del acceso a los medicamentos es una de las responsabilidades fundamentales del Estado.
En el Salvador, el primer país de Latinoamérica que implementó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la industria farmacéutica se ha convertido en el negocio más rentable después de la venta del petróleo, ya que se producen medicinas innecesarias que no curan enfermedades de la zona pero que producen dinero para estas transnacionales.
Una preocupación que se viene discutiendo con mucho fragor en las tres Américas es el impacto sobre el acceso a medicamentos que pueden tener los tratados de libre comercio (TLC), bilaterales o subregionales, que se encuentran en negociación o implementación en diversos países del continente.
En la negociación de estos TLC hay una tendencia a que se impongan condiciones más restrictivas que las de los acuerdos negociados anteriormente, en especial el tratado ADPIC, y con relación a las legislaciones nacionales. Dado que por lo general, esos tratados se sobreponen a la legislación vigente, terminan imponiendo restricciones mayores y obligando a los países a alterar sus legislaciones. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega envió hace dos años una reforma a la Ley de Patentes al Parlamento que favorece ampliamente a las corporaciones farmacéuticas y afecta a los sectores más pobres del país.
Entre los argumentos para su aprobación destacan: “Adecuar la legislación nicaragüense a los compromisos del CAFTA, en particular a lo contenidos en los artos 15 .9.6 incisos a y b, capítulo XV del DR- CAFTA., que establece la obligación de cada estado de otorgar plazos compensatorios para los titulares de patentes cuando existen retrasos injustificados de la Administración Pública”. De manera particular, estas flexibilizaciones se refieren a las patentes de industria farmacéutica.
La oposición le recordó al presidente Ortega, ex combatiente comunista, las contradicciones entre su complacencia con el CAFTA, y sus discursos encendidos contra el imperialismo y sus nuevas formas de opresión, uno de cuyos pilares son los TLC con los países del Sur.
En Costa Rica, la aprobación del capítulo 15 sobre propiedad intelectual en el tratado de libre comercio con Estados Unidos constituirá un triunfo para las empresas farmacéuticas y una derrota para los pueblos centroamericanos, los cuales verían desvanecerse, aún más, las posibilidades de lograr sistemas de seguridad social basados en la solidaridad y en la equidad. En el caso particular del sistema de seguridad social de Costa Rica, implicaría un nuevo golpe a su capacidad para enfrentar los enormes retos planteados por los cambios poblacionales, y definiría un escenario favorable para acelerar la privatización en marcha
En Colombia la negociación del Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, ha dado lugar a la ley 1.143 de 2007. El capítulo de propiedad intelectual se reformó para hacer discrecionales y opcionales la aplicación de algunas de las disposiciones que prorrogan de hecho las patentes de los medicamentos, que impiden el acceso a los genéricos y que someten la salud pública al lucro de las farmacéuticas internacionales.
En los recientes debates sobre la negociación de tratados en Centro América, ha habido críticas muy fuertes al hecho de que la propiedad intelectual y las patentes de productos farmacéuticos sean áreas en las cuales no ha habido margen de discusión durante las rondas de negociación, y en el tema de propiedad intelectual han existido presiones para acomodar las legislaciones nacionales a un punto desventajoso para el sector salud.
Los gobiernos deben dar prioridad a la atención de las necesidades de los grupos de la sociedad más vulnerables o desprotegidos, reduciendo las desigualdades. Superar estas barreras y promover el acceso universal es uno de los grandes desafíos que nuestra región enfrenta al aplicar las políticas comprometidas con la Declaración de los Objetivos del Milenio.