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Las discusiones son muchas, demasiadas; los espíritus acalorados de uno y otro lado no dejan muy claro el verdadero debate. Es importante garantizar la libertad de expresión,  pero además, es necesario que el proceso sea llevado adelante con el debido control de constitucionalidad. Roberto Gargarella es un prestigioso abogado constitucionalista -además de sociólogo-, y nos presenta un punto de vista jurídico sobre este debate fundamental para la República.

N&P: ¿Por qué puede ser considerada inconstitucional esta Ley de medios, si es que se vota sin mayores cambios respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo?
Roberto Gargarella: Primero habría que definir cuál es el ideal de la Constitución sobre la libertad de expresión. Me interesa señalar que libertad de expresión no es únicamente que no haya censura, sino que necesita también de un debate público vigoroso y robusto. En la medida en que esto no exista, ya hay un problema a nivel constitucional. Y es claro que en la Argentina, por la concentración de medios que existe, por la sistemática ausencia de ciertas voces, por la falta de foros públicos, tenemos un déficit que yo llamaría déficit constitucional en términos de la libertad de expresión. Entonces, la nueva ley puede hacer mucho para terminar con la situación, en la medida en que trabaje contra los monopolios o ayude a ingresar voces que están ausentes. Pero si lo que hace es sacar por una puerta monopolios y reintroducirlos por la puerta de atrás, entonces a nivel sustantivo creo que la ley tiene problemas que insisten con el status de inconstitucionalidad. En ese sentido, es una violación a la Constitución.
Me interesa insistir que una ley, para ser constitucional, tiene que tener ciertos rasgos a nivel sustantivo, pero también tiene que ser hecha de cierto modo: el procedimiento debe ser uno determinado, y los que se han estado siguiendo han sido muy cuestionables. La idea de abrir audiencias públicas es algo que puede enaltecer la ley, salvo que estas sean manipuladas en el sentido de que no se interesa usarlas para aprender y corregir sino únicamente para permitir que la oposición haga catarsis. Me interesa destacar que la ley puede tener problemas sustantivos pero también puede tener problemas procedimentales, y puede ser impugnable. Tenemos un ejemplo claro: cuando se discutió la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que salió muy mal, fue con una práctica similar: dejar que la oposición hablara cuando ya se tenía el proyecto escrito y no se estaba dispuesto a modificar nada. Yo espero que esta vez haya vocación por modificar algo.

N&P: Pareciera que en este tránsito por la democracia que tenemos como sociedad, breve e imperfecto, los modos autoritarios del pasado se estrellan constantemente contra los mejores propósitos. Existe una idea de dominio permanente…
R.G.: Los poderes republicanos podrían ayudarse, por eso es que a mí me interesaba mover la dama de la Justicia en el tablero. Es importante que la Justicia esté ahí, no para obstaculizar sino para ayudarnos a decidir mejor. Yo creo que los procedimientos del Legislativo se han degradado hasta la cloaca en la creación de normas. Lo digo de manera respetuosa, la irrespetuosidad está en cómo se crean las leyes. La Justicia podría ayudar, no para decidir  sobre cuestiones sustantivas sino para decir: “hagan el proyecto que quieran, pero háganlo siguiendo ciertas pautas básicas”. El procedimiento se degrada, entre otras cosas, porque lo aceptamos desde afuera. Yo no le pido al ciudadano que esté todo el tiempo vigilante, porque eso es enormemente costoso, pero la Justicia tiene un rol especial, los tribunales superiores tienen un rol especial, que es no dejar pasar ciertas cosas. La Justicia puede ayudar a darle calidad a la democracia, a reforzar algo que hoy está muy degradado, con movimientos muy simples. A mí me interesa advertir que con este proyecto no pase lo mismo que con el del Consejo de la Magistratura. Que la Justicia podía ser vigilante, que no tiene que tener cargo de conciencia de estar metiéndose en política, que se está interesando sólo en el procedimiento.

N&P: Son innumerables las personas que integran el sistema de justicia –jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios- a los cuales se les supone una vocación ciudadana y republicana. ¿Cómo es posible que no intervengan?
R.G.: No intervienen por una concepción errada que hay en las facultades de Derecho, y es que hay una esfera que es propia de la política sobre la cual la Justicia no debe intervenir. Y a mí me interesa insistir en que ésta es una concepción errónea, porque hay muchas cosas que la Justicia podría hacer para ayudar y que no implican interferir con la política, sino asegurar que las bases de la creación política sean democráticas: garantizar que se escuchen puntos de vista distintos. Cuidar ciertas reglas básicas que implican, no modificar los contenidos, lo que sí se podría cuestionar, sino explicar las reglas de cómo se hacen las normas. Esta es una gran oportunidad para hacer algo que esté bien, y realmente creo que se está a un paso de hacerlo. Por eso es importante insistir, porque lo que está en juego es muy importante. Porque la oportunidad de que vuelva a haber una discusión de este tipo es muy difícil, y porque además hay un enorme consenso social y en las fuerzas políticas de cuáles son los puntos que están mal de esta ley. Hay un extendido acuerdo acerca de qué es lo que hay que modificar y son puntos cruciales, razón por la cual es muy importante pelear por ellos.