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A sólo 110 kilómetros de la ciudad de Belén, en la provincia de Catamarca, muestra su boca la mina La Alumbrera, un gigantesco hueco a cielo abierto. Es el emprendimiento más importante de la minería argentina y su especialidad es ofrecer títulos ostentosos para los suplementos económicos: la mayor inversión extranjera, el mayor consumidor de energía eléctrica del país, el más grande productor de oro de Sudamérica y el noveno del mundo, etc.
Uno pensaría que un emprendimiento económico de tal magnitud debería causar en la región un impacto económico acorde a los títulos periodísticos. Pero lamentablemente la realidad no se condice con las esperanzas. Según miembros de la Cámara Económica de Belén, la empresa prácticamente se autoabastece; denuncian que no compran ni la comida en la pequeña ciudad catamarqueña. Es un emprendimiento económico enorme rodeado de una pobreza terrible que, para calmar las conciencias, suele hacer algunos favores a la población que la circunda.
Los que están a favor de la mina, por lo general miembros del gobierno provincial o municipal, aducen a su favor que todo lo que a ellos les sobra, como maderas rotas, pedazos de alfombra o cemento, lo han donado a las instituciones de la zona. Aseguran que en todo Belén no debe haber una casa que no tenga un cable o un caño salido de la mina. Creo que esto solo exime de mayores comentarios.
Según un estudio de la CEPAL, durante la década de los '90 América Latina se convirtió en el principal destino de las inversiones en minería aurífera del mundo; y Argentina, a su vez, en uno de sus principales receptores. A diferencia de la minería tradicional, estas explotaciones constituyen casi exclusivamente minas a cielo abierto que utilizan el método de lixiviación en pilas con soluciones de cianuro, en procesos altamente contaminantes que plantean el riesgo de catástrofes ambientales si no son rigurosamente controlados.
Además, estas multinacionales consiguen de los gobiernos subdesarrollados una serie de favores impositivos y de legislación de medio ambiente, convirtiéndolas en gigantes depredadores que extraen las riquezas del suelo sin medir los daños ni pagar los impuestos correspondientes por el mineral extraído.
En el mes de julio, la firma de un acuerdo que le permitirá a la minera Barrick Gold gozar de mayores ventajas impositivas que a otras empresas del sector, provocó la renuncia de un importante funcionario del Ministerio de Economía, Cristian Mondolo. El convenio había sido rechazado por la línea técnica de esa cartera y por dirigentes políticos de la oposición.
Sólo por las desgravaciones comunes para el sector, Barrick no le pagaría al fisco $ 409 millones anuales, a los cuales se sumarían otros 150 millones al menos por este nuevo convenio, cuyo contenido no fue dado a conocer al público.
El proyecto de Pascua Lama se convertirá en el principal emprendimiento minero del mundo en el rubro del oro, y será único porque operará en dos países, Argentina y Chile. Barrick se comprometió a invertir unos 3000 millones de dólares en Pascual Lama durante 25 años. La inversión comprometida suena a priori importante, aunque también recibirá un fuerte beneficio, ya que la firma prevé producir unas 800.000 onzas anuales -una onza vale cerca de US$ 950- y 35 millones de onzas de plata en los primeros cinco años.
El oro, reserva de valor internacional, tiene escasos usos industriales. Se lo utiliza para la joyería, pero se lo atesora sobre todo en los bancos centrales; su gran liquidez lo convierte más en un instrumento financiero sólido que en una materia prima. De hecho, esta nueva fiebre del oro no es casual: a medida que el dólar y los bonos del tesoro estadounidense se devalúan, el precio del oro se dispara.
Por eso el principal destino de las exportaciones mineras argentinas en los primeros siete meses de 2009 fue Suiza, con 29,6%, fundamentalmente por la suba de la exportación de oro para su procesamiento. En segundo lugar se ubicó Alemania, con 16,5%; seguido por Estados Unidos, Filipinas y Canadá.
El Estado argentino no ejerce un verdadero poder de policía que asegure que la ya de por sí exigua regalía sea efectivamente representativa de la cantidad de minerales extraídos y sacados del país. Del mismo modo que las empresas petroleras, las mineras dan cuenta de sus exportaciones mediante una simple declaración jurada.
Un muy alto porcentaje de todo el valor de los minerales extraídos nunca verá el suelo ni el sistema financiero argentino. Se trata de un acuerdo muy particular que transfiere el riesgo al Estado, al reasegurar éste por treinta años a las corporaciones multinacionales frente a todo lo que previsiblemente pueda afectar sus inversiones, sus ganancias, su rentabilidad y hasta el mínimo riesgo eventual. Un verdadero capitalismo de rapiña.
La depredación y el saqueo de los recursos minerales son posibles gracias a la complicidad de los gobiernos locales, la justicia federal y hasta las universidades, que reciben subsidios de las empresas transnacionales y ofrecen puestos de trabajo a sus egresados. Existen documentos claros y concretos en cuanto a la estrategia desplegada por las mineras en este sentido; es inocultable la asignación de 50 millones de pesos –monto insignificante en el volumen de sus ingresos- para sostener el pago a las universidades con el fin de que éstas generen las condiciones necesarias para destruir los argumentos que se oponen a la instalación de estos emprendimientos. La Universidad Nacional de Mar del Plata también figura entre las que habría recibido más de un millón de pesos.
Las mineras dejan apenas el 1,5 % de regalías porque descuentan los gastos de extracción, molienda y flete hasta el puerto de destino y están exentas casi de la totalidad de los impuestos. No hay control aduanero de la exportación porque la legislación misma contempla el contrabando.
Cuando se trata de recursos naturales no renovables no es necesario atraer las inversiones: muy por el contrario, vienen solas. Y esto sucede con un marco jurídico y controles estrictos propios de los países más avanzados, como en los rincones más recónditos del planeta, con ventajas o sin ellas; incluso en regiones con guerras civiles, como pasa en el continente africano.
El discurso de la necesidad de atraer capitales con un marco de seguridad jurídica sólo consiguió la apropiación de los recursos por parte de empresas mineras multinacionales que realizan sus negocios fabulosos hasta en las más desventajosas circunstancias sociales y políticas. Es más, cuanto más descontrol, mejor, tanto a nivel impositivo como ambiental.
Confiar en que sin controles estrictos estas empresas van a cumplir las leyes y responder a cuestionados organismos de control es cuanto menos ingenuo, sobre todo sin tenemos en cuenta que algunas de estas empresas están involucradas en graves hechos de fraude en Canadá y de contaminación y violación de derechos humanos en África y Asia.