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Porque a esta altura de la fiesta hay que ser muy caradura o muy ingenuo para pretender desvincular a las mafias financieras de la Banca formal que la hace posible, de las transnacionales asociadas, de los funcionarios de gobierno cómplices y de ciertos gobiernos corrompidos hasta los cimientos. Porque si algo sobra son las declaraciones oficiales acerca de la “necesidad impostergable” de ponerle coto al problema. Si algo sobra son los delitos financieros cometidos con cotidianeidad deportiva. Si algo sobra son las calificaciones de “escándalo” cuando se descubre algo que es moneda corriente. Todos sabían, que cada uno sabía, que el otro sabía.
Entendámoslo de una vez: los Paraísos Fiscales no son una coyuntura témporo-espacial, ni un episodio o dos aislados; son una falla del sistema que deja huecos de gran dimensión por los que se filtra la criminalidad financiera. Pero no lo hace tampoco aprovechando confusiones u oportunidades, como estando “a la pesca”. Se trata de un mercado bien integrado donde convergen oferta y demanda, donde todos los jugadores ganan (mucho), donde se requiere sí o sí de la desidia de los organismos de control, del visto bueno de algunas autoridades, de la laxitud de la justicia. Todo en beneficio del objetivo supremo: el blanqueo y reciclaje de ganancias mal habidas.
Estos sitios abundan desde hace mucho tiempo en el mundo, pero proliferaron desde la década del ´70 en adelante a partir de la liberalización de capitales (y la desregulación, otro tema central en la Cumbre), potenciados por la revolución de las comunicaciones cuya tecnología hizo posible operar (léase: “especular”) las 24 horas del día desde un garaje. La posibilidad de concentrar geográficamente el movimiento de fondos sin verse sometidos a controles y blindados por códigos de silencio, se volvió necesidad para unos y negocio brillante para otros.
La extraterritorialidad jurídica de los paraísos fiscales, más el libre flujo de capitales, fueron a la vez componente de peso en la crisis financiera de México (“efecto tequila”), de Rusia más adelante (“efecto vodka”) y del desplome de Tailandia (“efecto arroz”). La malversación de fondos, la fuga en masa de dinero fondeado luego en las aguas del blanqueo ilegal, condujeron a más de un colapso. Al mismo tiempo, claro, dejaba espacios libres a la delincuencia, al saqueo financiero, a la especulación cambiaria, a la corrupción indispensable y, eventualmente, al crimen.
Las mismas privatizaciones, ocasionalmente, permitieron blanquear ganancias obtenidas, por ejemplo, a través del negocio de la droga. Este mecanismo fue visible en México durante el gobierno de Salinas de Gortari, donde entre 1988 y 1994 el gobierno malvendió empresas por u$s 12.000 millones. En Colombia, casi paralelamente, hubo un momento en que el narcotraficante Escobar Gaviria llegó a ofrecer el pago de la totalidad de la deuda externa colombiana a cambio de inmunidad.
Los ámbitos de inversión se multiplicaron, a caballo de la libertad con que pudieron moverse. Transporte aéreo, marítimo y ferroviario se cartelizaron; las obras públicas se tiñeron de adjudicatarios de dudosa prosapia; las telecomunicaciones, los fondos de inversión, las compañías de seguros, todo con el silencio cómplice de las autoridades. A veces fueron resultado de presiones (lobbys), otras veces este tipo de operaciones de corte mafioso mantienen gobiernos (África); y en los casos “difíciles” no titubean en recurrir a sicarios que se hacen cargo de “suicidios extraños: dispararse dos tiros en la cabeza, tirarse de un décimo piso con las manos atadas… en la espalda, o beber un capuchino con cianuro (pasó en Japón).
Las herramientas para la generación de ganancias espurias provienen siempre del ámbito de lo ilegal, abusando de posiciones preeminentes, con ventas forzadas, adjudicación directa o dumping, con manejo de información precisa y anticipada –devaluaciones, corralitos-, apelando a falsos balances y manipulación contable, malversando fondos públicos por lo general con sobreprecios, cobrando comisiones encubiertas, chantaje, etc., etc.
En el G-20 hablaban escandalizados los representantes norteamericanos, donde florece hace más de un siglo la Cossa Nostra; se sumaban a su discurso principista los italianos, haciendo caso omiso de la Maffia Siciliana. Ponían su cuota de moral y justicia los japoneses, como si las Yakuzas (organizaciones criminales que combinan droga, juego y prostitución) no existieran. Estos grupos controlan el 30% del crédito de viviendas, porque sus fastuosas ganancias han sido invertidas en cooperativas inmobiliarias; especularon sobrevaluando los previos (facilitando créditos para vender), y cuando se cayó la burbuja hipotecaria recuperaron a precio vil. Nada dijo el delegado nipón de este accionar corriente en las calles de Tokyo.
Se plantaron en defensa de la transparencia los rusos, como si las mafias no hubieran sido amos y señores del post comunismo. Hicieron caso omiso, los representantes de los tigres asiáticos, del proceso vivido en Tailandia en vísperas del terremoto financiero, cuando entre el 8 y el 11% del PBI estaba controlado por las redes del crimen organizado en base al juego clandestino, la droga y la prostitución –incluso infantil- en Bangkok y en Myanmar. Adherían los latinoamericanos, despreciando su pasado –y presente- de cárteles de la droga. Ninguno aceptaba su alícuota en la permanencia de la criminalidad, cuyos dividendos desembocaban en los Paraísos Fiscales a los que habría que controlar.
Silencio de radio respecto del pirateo informático, calculado en 200.000 millones de dólares por año, y así sucesivamente. Atención: el PBC (Producto Bruto Criminal) equivale al 20% del comercio mundial, gran parte de lo cual “se pierde” por el camino precisamente en los paraísos que se encargan de ingresar en el circuito “blanco” lo generado en “negro”. Con semejante pérdida y todo, se calcula que movió un capital neto no menor a los 6 billones (con “b”) de dólares en lo que va del siglo XXI, lo que equivaldría a diez veces lo que han movido las Bolsas de Europa, y a veintisiete veces lo que movió la de París.
Otro dato que no debe descuidarse es que buena parte del dinero que entra en el circuito legal debe hacerlo en cambio chico, porque no todos andan manejando billetes de los “grandes”, “machacantes” como los llaman en México. Para multiplicar esos billetes hacen falta redes bancarias, corredores, compañías fiduciarias, un batallón de abogados, un circuito completo que nadie puede ignorar a menos que se haga el distraído ex profeso. La complicidad político-burocrática- bancaria es un hecho que se pone de manifiesto de una y mil maneras. Como manifiesta el título, todos saben que el otro sabe que todos saben. De ahí a reconocerlo…
¿O acaso se puede explicar el evidente “fracaso” en treinta o más años de lucha contra la droga? ¿No resulta como mínimo llamativo ver que todos los esfuerzos han conducido a la multiplicación y no a la solución del problema? Y este negocio, ¿no es el alma mater de los paraísos fiscales, el hacedor por antonomasia de las redes corruptas que blanquean ganancias fabulosas imposibles de disimular?
Se crearon organismos especializados, se firmaron y ratificaron convenciones internacionales; se hizo público un documento, “El Llamado de Ginebra”, firmado por jueces probos y cansados de tanta hipocresía, absolutamente ignorado hasta por la prensa. Hay cosas casi graciosas. Por ejemplo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) elaboró unas listas jerarquizadas. En la “lista negra” puso a Uruguay, Costa Rica, Filipinas y Malasia; los cuatro protestaron y se los eliminó. Pero además está la lista “gris oscura” (no es chiste) donde figuran 32 nombres: Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Bahamas, Bahrein, Bermudas, las Caymán y Panamá, entre otras. Después aparece la “gris clara” (¿querrá decir “corruptos pero poquito”?) donde se lucen Austria, Bélgica, Chile, Guatemala, Singapur, Luxemburgo y (¡horror!) Suiza.
Preguntado el comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, sobre el tipo de sanciones previstas para los nombrados, ofreció una respuesta casi risible: “el objetivo es que las sanciones nunca sean utilizadas. Además, en cualquier caso, no es la OCDE quien las aplica sino que corresponde a cada uno de los Estados”. Es decir, se sancionen a sí mismos… Telón. Ya es demasiado.