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La semana pasada, el fiscal Alejandro Pelegrinelli ordenó allanar una casa de calle Eduardo Peralta Ramos entre Fortunato de la Plaza y Carasa. Allí se encontró un kilo de cocaína que fue suficiente razón para que Germán Pavón fuera nuevamente detenido, acusado de tenencia de drogas para narcotráfico. ¿Ya estaba en su casa? Sí. La razón de que estuviera allí requiere el recuento de unos hechos que podrían dar risa, si no fueran a la vez tan tristes.
La policía ya había llegado a la misma casa el 15 de agosto de 2007, a practicar un registro domiciliario autorizado por el juez de garantías del Tribunal Nº 2, Saúl Errandonea. Allí se había encontrado que una pareja de moradores, Pavón y Romina Juárez, ocultaba 70 gramos de marihuana y 453 de cocaína fraccionada en 48 envoltorios. Tenían la balanza, los recortes de nylon, las ventas anotadas y en dinero para dar cambio: la tenencia de la droga tenía fines de comercialización.
Pero en la casa no sólo había sustancias prohibidas, sino que se encontraron además una escopeta calibre 12/70 Iga Gaucha, y un revólver 22 corto, ambos sin permiso. Por el sitio donde se hallaban ocultas las drogas y las armas, ninguno de los ocupantes pudo desconocer su presencia.
Si bien las tareas de inteligencia previas no habían detectado la participación de Juárez en la actividad, la mujer asumió una actitud en ocasión de allanamiento que definitivamente la comprometió: intentó descartar un envoltorio de plástico rojo por el ventiluz del baño, pero el objeto fue recuperado por la policía. Se verificó  que contenía un trozo compacto de clorhidrato de cocaína.
En la ocasión, el fiscal Rodolfo Moure había solicitado la inmediata prisión  preventiva, fundamentándose en el peligro de fuga que implica un delito cuya pena no contempla la ejecución condicional. Las circunstancias los comprometían, no sólo por la tenencia. Se sabe de manera extraoficial que en ocasión de la intervención policial, el detenido empuñó rápidamente el arma para trata de enfrentar a los uniformados, y fue rápidamente reducido.

En la noche

El abogado de  los detenidos, Sergio Meneghello, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara en lo Penal, integrada por los jueces Marcelo Madina y Reinaldo Fortunato. El recurso ya había sido rechazado de plano por Errandonea, e incluía una solicitud de libertad por falta de mérito contra los entonces detenidos.
Decía allí que la orden de allanamiento podía considerarse inválida, toda vez que incluía una injustificada habilitación fuera de horario: es decir se había realizado durante la noche, aduciendo únicamente razones operativas.
En realidad, todos sus argumentos están calcados de otras intervenciones anteriores en delitos similares, que parecen ser su especialidad: el derecho al sueño de los narcos.
Según los jueces de la Cámara de Apelación, el allanamiento en horas nocturnas solamente puede justificarse en un caso sumamente grave, urgente o de peligro para el orden público, lo cual aquí, a su criterio, no se verificaba. Dijeron que en esta oportunidad, la habilitación fuera de horario se dirigía únicamente a hallar a los moradores en su casa y evitar que estos reaccionaran: la conveniencia era del personal policial.
El juez Madina se permitió ilustrar acerca de las funciones que debe cumplir el juez de garantías, en un perfecto mensaje para Errandonea. Afirmó que aquel magistrado debía evitar repetir las funciones del antiguo juez de instrucción, que se identificaba en su tarea con la lógica del fiscal, o con la de la policía, lo cual lo convertía en un convalidador de las peticiones del órgano requirente. Situarse en esa línea –a criterio del magistrado- desvirtuaría totalmente la función requerida, porque, según se indica textualmente, todas las fuerzas  “responden a distintas lógicas”: el fiscal quiere allanar de inmediato, el policía quiere hacerlo de noche para facilitar su tarea, pero el juez debe representar otros intereses.
“No habilitar circunstancias de excepción, como la dispensa horaria, por razones de simple comodidad de los funcionarios preventores”: la cita es del trabajo conjunto de los dos garantistas de la ciudad de Mar del Plata, Marcelo Madina y Roberto Falcone. El libro se llama “El nuevo proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, editado en el 2000.

No es para tanto

Además de citarse a sí mismo, el juez Madina dice que la policía se excedió, porque para entrar a la casa donde estaban los vendedores de drogas armados arrancó una reja y gritó “¡Policía!”, mientras efectuaba un disparo de advertencia. Dice el defensor que Pavón y su familia ya habían discado en su celular el número 101 (entonces perteneciente al servicio de emergencias urbanas de la Policía) para que esas fuerzas de seguridad los defendieran de la “invasión” sufrida.
La declaración policial, en tanto, indica que los funcionarios debieron disparar porque el morador empuñaba una Itaka para amedrentarlos, defenderse o fugarse. Pero sin embargo, el juez sigue los razonamientos del defensor diciendo que no se respetó el derecho nocturnal de los habitantes de la casa, comparando estas acciones con las de los nazis o las de los grupos de tareas de la dictadura militar. Alguien aquí ve muchas películas.
El juez Madina, con apoyo del poco elocuente Fortunato, dice que el domicilio particular es en principio inviolable. Y que, para que deje de serlo, los argumentos deben de ser sólidos y detallados. Pero dice además que tales argumentos no pueden ser dados con posterioridad, sino necesariamente a priori, cuando nadie podía saber que allí había una Itaka, ni una pareja dispuesta a empuñarla para defender su mercado.
Las investigaciones sí habían dicho que durante el día, Pavón entraba y salía permanentemente debido a su actividad, lo cual haría difícil encontrarlo in fraganti con la posesión de sustancias, sin advertir a todos los clientes. Eso, para el juez, es simple comodidad. De aquí que ambos jueces acuerden anular el allanamiento, y junto con él la prisión preventiva que pesaba contra Pavón y Juárez. Ambos fueron liberados, aunque la causa continuara su marcha.
Una locura por donde se la mire. Intentando rescatar el sentido común, el fiscal general Oscar Deniro interpuso el recurso de Casación, y así la causa entró en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, que funciona como sala ad hoc para todos los asuntos derivados desde Mar del Plata. Los jueces hicieron lugar al pedido, y en un párrafo mínimo de cinco renglones encontraron espacio suficiente para confirmar lo que había dispuesto en primera instancia el juez de garantías Errandonea: tienen drogas, van presos. El allanamiento nocturno no era tan infundado como decía la Cámara de Apelaciones local, y podía hacerse dentro de aquel horario de protección al narcotraficante, establecido por la acción de los abogados más caros y eficientes. Ellos, con ayuda de algunos jueces, son los que garantizan que los criminales puedan disfrutar tranquilamente de un sueñito reparador.